La Justicia boliviana condenó a Rómulo Calvo, ex presidente del Comité pro Santa Cruz; y a Roberto Fernández, un ex alcalde del mismo departamento, a cuatro y cinco años de prisión respectivamente.
Las sentencias se derivan de acusaciones relacionadas con “perjuicio económico al Estado” y “negligencia en el cumplimiento de deberes” por un caso que se remonta al 2005 y que fue reabierto en el 2020 después de una absolución.
El fallo de la jueza Gabriela Cuéllar será leído el próximo viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT) y, a partir de ese día, la defensa tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar una apelación, confirmó a Infobae el abogado del ex líder cívico, Martín Camacho.
“Este proceso tuvo su fecha de inicio en el año 2005 y en el 2017 tuvo su primera sentencia, donde se absolvió a todos los acusados luego de un proceso bastante largo. Además, se confirmó esa sentencia en una apelación, quedando todos absueltos en segunda instancia”, remarcó el letrado en diálogo con este medio.
Y siguió: “En el 2020 se ordenó la repetición de la etapa de juicio solamente, con las mismas pruebas y acusaciones que se habían presentado en el 2005. Pero con un aditamento que no debería haber existido, que es la participacón del Viceministerio de Transparencia, que depende del Ministerio de Justicia. No debería haber participado porque nunca participó del proceso en el comienzo”.
Camacho indicó que la jueza Cuéllar se lo permitió, como también el hecho de que “objetara la realización de algunas pericias que eran propuestas por el Ministerio Público y la Alcandía, que era denunciante en el 2005″.
“Lo curioso es que se ordenó la repetición del juicio justamente cuando Calvo asumió como presidente del Comité pro Santa Cruz. Después de tres años de un juicio totalmente irregular, se dictó ayer la sentencia condenatoria”, agregó.
El caso está relacionado con un proceso de expropiación de un terreno para beneficiar a 3.000 familias que sufrieron una importante inundación en 1983.
“El proceso de expropiación se inició cuando Rómulo tenía ocho años”, recordó su abogado; al tiempo que acotó: “Luego de dos sentencias absolutorias, la jueza dictó una sentencia contraria. Más allá de lo que pueda pasar con Calvo y Fernández, preocupa qué será del futuro de las 3.000 familias que viven en ese lugar”.
Se trata de la segunda sentencia en contra del ex cívico dado que, en junio pasado, fue condenado a dos años de prisión por los delitos de “difusión e incitación al racismo” y “ultraje a símbolos nacionales” en el marco del caso Wiphala. Según recordó el periódico local El Deber, fue condenado a pesar de que no estuvo en el lugar de los hechos que motivaron la denuncia.
Camacho recordó a Infobae que Rómulo Calvo se encuentra cumpliendo un régimen de prisión domiciliaria en horario nocturno. Tras esa primera sentencia, el cívico había manifestado: “Estoy imposibilitado de ejercer como médico porque se han empecinado en tenerme todos los días en el Palacio (de Justicia)”.
También narró que sufre presión psicológica, física y económica. “No me dejan ejercer mi profesión, que es mi sustento y el de mi familia. Ahora estoy más dedicado a defenderme de todos los procesos, que ninguno de ellos tiene un sustento legal. Tenemos una justicia sometida políticamente”, denunció en ese momento.
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