(Washington, Estados Unidos) Un día después de presentar su informe preliminar sobre las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo 20, en el que elogió al pueblo de Guatemala y a las instituciones por haber realizado unos comicios en paz, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) debió emitir un nuevo comunicado cuestionando a la Fiscalía de ese país. Le pide “garantizar condiciones adecuadas para el trabajo” del organismo que debe proclamar al nuevo presidente electo al finalizar el escrutinio definitivo.
El martes, dos días después de las elecciones en las que Bernardo Arévalo fue electo con casi el 60% de los votos, la Fiscalía de Guatemala volvió a la carga contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un proceso de judicialización de las elecciones que según la OEA busca presionar de manera “intensa y constante” al órgano independiente.
La Fiscalía pidió al TSE el nombre, la ubicación y el cargo de al menos 125.000 personas que participaron en el conteo de votos y en la digitación de actas de las elecciones que ganó Bernardo Arévalo, cuyo partido es también objeto de una investigación judicial por hechos supuestamente ocurridos en el año 2016.
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En su nuevo comunidado emitido este miércoles, la MOE expresa su “preocupación por las nuevas acciones anunciadas por el Ministerio Público (MP), solicitando información al TSE sobre los miembros de las juntas receptoras de votos, miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto”.
Además la misión de observación de la OEA “recuerda que la extrema judicialización del proceso ha colocado a la democracia en Guatemala en una zona de riesgo”.
“El domingo 20 de agosto el pueblo de Guatemala ha expresado con claridad y contundencia su decisión en las urnas. Este es un hecho incontrovertible”, dice el comunicado de la MOE/OEA.
La otra causa
Además de pedir los nombres de todos los que participaron en las elecciones para citarlos a declarar, la Fiscalía este martes también solicitó que se le retire la inmunidad a Ramiro Muñoz, al jefe del Registro de Ciudadanos del TSE, el ente que se encargó de inscribir a los partidos para las elecciones tras revisar el cumplimiento de requisitos.
Muñoz fue el jerarca del TSE que se negó a suspender al partido de Arévalo como pedía la Fiscalía, por entender, tal como luego ratificó la Corte Constitucional en un amparo, que eso no era ajustado a derecho. La ley electoral es clara en Guatemala respecto a la imposibilidad de suspender a un partido o un candidato en el medio de un proceso electoral
La causa creada contra Muñoz es por supuestamente haber registrado al partido Prosperidad Ciudadana sin que cumplieran los requisitos legales. Ese partido no se presentó a las elecciones porque luego el TSE lo inhabilitó.
Todas estas acciones, entienden las organizaciones que dan seguimiento a las elecciones en Guatemala, solo buscan amedrentar a quienes tienen que validar los resultados del balotaje.
“Es indispensable que se respete la voluntad popular, expresada por la ciudadanía con libertad y absoluta convicción en las urnas”, señala la misión de observación de la OEA en el comunicado de este miércoles. La MOE continúa presente en Guatemala atenta a las audiencias de revisión de escrutinio en las Juntas Electorales Departamentales y a las acciones judiciales que lleva adelante el Ministerio Público.
La fiscal detrás de todo
La titular de MP, la Fiscal General Consuelo Porras, es acusada por Estados Unidos por corrupción y tiene prohibida la entrada al país norteamericano. Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de la oficina para América Latina del Departamento de Estado, dijo hace algunas semanas que el trabajo de Porras es el de “proteger el pueblo guatemalteco pero en última instancia (lo que hace es) socavar esa institución”.
El Departamento de Estado puso a Porras en una lista negra en mayo de 2022 con la que le prohibió el ingreso a Estados Unidos por haber participado “en hechos significativos de corrupción”.
“Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, comunicó el Departamento de Estado.
A diferencia de las críticas a la Fiscalía, la MOE/OEA valoró la actitud del presidente Alejandro Giammattei y el compromiso que estableció con el mandatario electo, Bernardo Arévalo,para reunirse tras la oficialización de los comicios. No obstante, advirtió que esto no debe verse opacado por acciones antidemocráticas.
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