El drama de miles de estudiantes que quedaron a la deriva tras la confiscación de la universidad jesuita por el régimen de Daniel Ortega

Miles de estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua se encuentran a la deriva sin saber cómo van a continuar sus estudios, gestión de notas y trámites académicos, después que el régimen de Daniel Ortega confiscara y tomara posesión de la universidad manejada por la Compañía de Jesús hasta la semana pasada.

“Estamos en tensión total y el panorama es incierto”, dice Javiera, una estudiante de la desparecida UCA que aceptó conversar a condición de anonimato.

La Universidad Centroamérica era la más importante universidad privada de Nicaragua, tenía unos cinco mil estudiantes, y a partir del 17 de agosto pasó a llamarse Universidad Nacional Casimiro Sotelo, manejada por el Consejo Nacional de Universidades, un brazo político del régimen nicaragüense.

Unos 600 estudiantes de la UCA habían logrado inscribirse en la privada Universidad Americana (UAM), sin embargo, este martes está universidad les cerró la puerta a todos los estudiantes de la UCA, incluso a los ya inscritos, aparentemente por presiones del régimen que busca contener la estampida de estudiantes de la universidad que ha tomado.

La UAM es una universidad privada que maneja el Ejército de Nicaragua. Tras la toma de la UCA por parte del régimen, abrió las puertas a aquellos estudiantes que buscaran continuar sus carreras en esa universidad. Incluso ofreció facilidades de arancelarias y de inscripción. La demanda fue tan grande que estableció en 600 el límite de los estudiantes que podía acoger.

Según explicó el nicaragüense diario La Prensa, los 600 estudiantes que se inscribieron en la UAM en un par de días, debían pagar aproximadamente 465 dólares por el traslado, divididos así: 300 dólares por las mensualidades de julio y agosto, 55 dólares por prematricula, 100 dólares por matrícula y 10 dólares por carné estudiantil.

“A los muchachos que se habían matriculado en la UAM los llamaron hoy (martes) en horas de la mañana para decirles que se presentarán a las oficinas porque tenían algo urgente que comunicarle y ese urgente era que ya no pueden continuar en la universidad y que les iban a devolver su dinero lo más pronto posible”, señala Javiera.

Otras universidades nicaragüenses, dicen los estudiantes, también les han cerrado las puertas a los jóvenes que estudiaban en la UCA. “Quieren obligarnos a que nos quedemos estudiando en la Casimiro Sotelo, pero hasta dónde yo sé nadie quiere estudiar ahí porque ya no será una universidad sino un centro de adoctrinamiento ideológico”, dice Javiera. “Algunos han aceptado quedarse para poder sacar sus notas, mientras buscan dónde irse”.

“Yo personalmente prefiero dejar de estudiar antes que continuar mis estudios en la Casimiro Sotelo. Otros apuestan por irse fuera del país. Los que tienen las facilidades, pero personalmente yo prefiero dejar de estudiar”, añade la estudiante.

El régimen de Ortega busca cómo imponer “una normalidad a la fuerza” en la nueva universidad que instaló en los edificios de la confiscada UCA. Además de presionar a otras universidades para que eviten acoger a los estudiantes que buscan traslado, también estaría amenazando a los trabajadores que prefieren dejar sus puestos, relató una fuente interna.

Asimismo, se conoció que el gobierno presionó a los transportistas para que quitaran de sus buses la palabra “UCA”, como destino, y en su lugar pusieran “Casimiro Sotelo”.

Un grupo de estudiantes se presentó este martes a la antigua UCA para tener información sobre su futuro académico. En un video grabado y hecho circular por un estudiante anónimo, se ve cuando un nuevo funcionario les dice que se presenten “el lunes todos a clase en horario normal” y que, pesar del anuncio de gratuidad que ha hecho el régimen, no devolverán el dinero pagado anticipadamente por los estudiantes “porque ese se lo llevaron los jesuitas”, afirmó el funcionario a pesar de que el régimen congeló las cuentas bancarias de la universidad previo a su toma.

Antonio, otro estudiante de la UCA, dice que busca alternativas en las universidades jesuitas de Centroamérica y otras universidades de América Latina que le puedan ofrecer la alternativa de continuar sus estudios virtualmente.

“Hasta ahora nos ha contestado la Universidad Rafael Saldívar de Guatemala, quien nos mandó un formulario para que lo llenáramos y nos pidió que opción preferíamos, si virtual o presencial”, añadió.

Dice que mientras llenaba el formulario pudo observar que había hasta ese momento 150 estudiantes registrados. “Espero yo que nos den la oportunidad de poder culminar nuestros estudios virtualmente, porque no todos tenemos las posibilidades para movernos del país”.

Otros 500 estudiantes han solicitado cupo en la universidad jesuita salvadoreña José Simeón Cañas, confirmaron las autoridades de ese centro a la plataforma Cien por Ciento Noticias.

“En realidad, nadie quiere quedarse ahí, pero tenemos miedo porque ya estamos en una encrucijada, no sabemos para dónde agarrar, ninguna universidad nos atiende. Nos han cerrado las puertas y esa es la presión que nos están haciendo para que nos quedemos en la Casimiro (Sotelo)”, afirma Antonio.

La dictadura de Daniel Ortega cerró este mes el cerco sobre la Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, en lo que se considera como el asalto final al “último centro de pensamiento libre de Nicaragua”.

El régimen nicaragüense acusó de “terrorismo” a UCA de Managua y ordenó la confiscación de todos sus bienes.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús reaccionó alarmada a través de un comunicado pocas horas después de hacerse público el oficio de confiscación. “Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como ´Centro de terrorismo´, y se le imputa de haber ´traicionado la confianza del pueblo nicaragüense´ y de ´haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país´”.

“La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: ´La verdad los hará libres´ (Juan 8, 32)”, agregó en su comunicado

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