La elección de los chalecos antibalas

La nueva alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, quien asumió el mando del municipio tras el crimen el mes pasado del alcalde, Agustín Intriago, viajó hasta la ciudad de Guayaquil, a unos 200 kilómetros, para comprarse su nuevo “uniforme de trabajo”. Fue al local de Police Tactical Equipment, en la avenida de las Américas, donde le tenían preparado un body, una especie de faja antibalas confeccionada con la fibra sintética kevlar. Le costó 1.008 dólares y dice estar “muy satisfecha” porque está “protegida y le mantiene una figura femenina”. Es apenas una de las decenas de políticos y empresarios que en los últimos días compraron chalecos antibalas a unos 1.600 dólares con la inclusión de la protección lateral y cascos por unos 600 o 700 dólares. Ecuador está atravesado por una inédita ola de violencia del narcotráfico desatada en el medio de la campaña presidencial que este domingo determinará quién va a liderar el país para salir de la crisis.

En sus cierres de campaña también usaron protección especial los principales candidatos, Christian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, el anticorrupción asesinado el 9 de agosto cuando salía de un acto electoral; Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente y caudillo populista Rafael Correa; el líder indígena Yaku Pérez; y hasta Jan Topic, el admirador del salvadoreño Nayib Bukele y su mano dura contra la delincuencia. Todos con actos nada masivos. Los ecuatorianos parecen estar nockeados por esta abrupta ola de violencia exacerbada en los últimos tres años y particularmente desde el 14 de febrero de 2022 cuando aparecieron por primera vez el cuerpo de un hombre desnudo colgando de un puente en la avenida Durán de Guayaquil. Fue cuando la narcoviolencia se instaló en la mente y los corazones de los ecuatorianos provocando miedo y silencio. Y terminó de golpear y aturdir con el asesinato del candidato Villavicencio que se había presentado como el garante de la lucha contra el narcotráfico.

Cinco días más tarde asesinaron a Pedro Briones, de Revolución Ciudadana, cuando se encontraba en la puerta de su casa en la localidad de San Mateo, en la provincia norteña de Esmeraldas. Algo que marcó, sobre todo, que la violencia es generalizada, no golpea a un solo sector y que no hay sector político que esté exento.

Hasta 2019, el problema del narcotráfico parecía estar en los vecinos Colombia y Perú, pero no en Ecuador. Pero ya ese año comenzaron a aparecer las crónicas de ajustes de cuentas entre bandas narcos locales. El año pasado, los crímenes violentos ascendieron a 2.500. La tasa de homicidios llegó a 26 por cada 100.000 habitantes. El gobierno del conservador Guillermo Lasso no supo hacer otra cosa que decretar cuatro veces el estado de excepción. El país estuvo militarizado 165 días sin mayor resultado. En este 2023, los crímenes relacionados con el narco suman más de 4.200 muertos. La tasa de homicidios se podría disparar a más de 40 por cada 100.000 habitantes.

Y no es apenas el ajuste de cuentas entre delincuentes. La violencia se extiende y los ciudadanos viven bajo el terror de ser extorsionados y secuestrados. Según la Fiscalía General del Estado, entre enero de 2022 y junio de este año se registraron 15.671 denuncias de extorsión y 1.556 por secuestro, de las cuales, solo 59 tienen una resolución judicial.

La narcoviolencia se exacerbó a partir del 28 de diciembre de 2020 cuando asesinaron en una cafetería de Manta a José Luis Zambrano González, alias “Rasquiña” o “JL”, el cabecilla de la poderosa banda de Los Choneros, vinculada a los carteles colombianos y mexicanos. Hacía cinco meses que había salido de la cárcel en forma anticipada sin que nada lo justifique. Las operaciones de estos narcos se concentran en las cárceles, como lo hace el cartel mas poderoso en este momento de Sudamérica, el del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil. En una redada masiva en las principales prisiones del país, después de una masacre en la cárcel del Litoral el 25 de julio, las Fuerzas Armadas decomisaron más de 30.000 armas y municiones de todo tipo y calibre. “Las cárceles, son escuelas de tácticas delincuenciales”, describe en un informe la Comisión de Diálogo Penitenciario conformada por el Gobierno en uno de los intentos de pacificar las prisiones.

El asesinato de Rasquiña lanzó una guerra por su sucesión entre varias facciones lideradas por dos delincuentes con alias de “Fito” (Adolfo Macias) y “Jr.”. Este último apareció muerto en Colombia hace dos meses. Los Choneros se dividieron en otras bandas como Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, que son los que en este momento se disputan el territorio y siembran el terror en distintas ciudades del país. También se sabe que mantienen alianzas internacionales y comparten puertos de salida de la cocaína hacia Europa con el Frente Oliver Sinisterra (FOS), disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.

“Varios militantes de mi campaña presidencial en la provincia de Manabí han recibido la visita de emisarios de alias ‘Fito’ para decirles que si yo sigo mencionando a ‘Los Choneros’, me van a quebrar”, había denunciado de manera profética Fernando Villavicencio, en lo que sería su último discurso de campaña. Hay seis colombianos detenidos por su asesinato.

Según las encuestas y las opiniones de los analistas más destacados, Villavicencio no tenía posibilidades de ganar esta elección en una primera vuelta y figuraba abajo en las encuestas de la que aparecía primera en los sondeos, la correísta Luisa González. Pero el magnicidio cambió todo. Y ahora se especula con la posibilidad de que lo ocurrido lleve a mucha gente a expresar su solidaridad votando a su reemplazante Christian Zurita, más allá de que se trata de un candidato casi desconocido para la mayoría del electorado.

Lo de la favorita, Luisa González, pareciera ser bastante simple. Si las encuestas están en lo cierto, su principal objetivo es asumir un gobierno que le devuelva al caudillo populista Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, la posibilidad de regresar al país para convertirse en el verdadero poder en las sombras. Correa está condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación política por diversos cargos de corrupción. Reside en Bélgica, el país de su esposa. Cuando le preguntaron la semana pasada por el asesinato de Villavicencio dijo que se trataba de “un complot de la derecha para perjudicarme”. Y con respecto a su vuelta a Ecuador, dijo: “Me veo regresando al Ecuador en cualquier rato porque todas estas payasadas que montaron contra nosotros para impedirnos regresar a nuestra patria, para impedirnos participar en elecciones, se les van a derrumbar más temprano que tarde”.

A pesar de la crisis social y política, el gobierno de Lasso logró un excelente crecimiento económico del 15% el año pasado con respecto a 2021, aunque se prevé una baja sensible para este año. Las exportaciones no petroleras y mineras también llegaron a una robusta cifra de 18.000 millones de dólares. “El escenario inversor del país mejoró notablemente con Lasso con las reservas internacionales cerca de niveles récord, costes del servicio de deuda mínimos y un decreciente déficit fiscal”, explica Katrina Butt, economista experta en mercados emergentes en AllianceBernstein”.

Pero todo esto se quebró cuando Lasso llamó a elecciones anticipadas y dejó en el limbo la ratificación del tratado de libre comercio firmado con China apenas seis días antes. Este acuerdo es clave para la economía del país, ya que cerca del 99% de su oferta exportable, llegaría a China con arancel cero. También, queda pendiente la ratificación del Acuerdo de Asociación Comercial con Costa Rica firmado a inicios de marzo. El resto de la economía la seguirá manejando Lasso por decreto hasta octubre o noviembre que es cuando se conozca al nuevo presidente. “Ante el conflicto permanente entre Lasso y el correísmo, los seguidores del ex presidente que lo acosan desde que asumió, Lasso prefirió transformar su gobierno utilizando esta herramienta constitucional de adelantar las elecciones, creando un gobierno autoritario por seis meses, donde gobernará por decreto” explicó el profesor de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann.

“Lasso pecó de soberbia ideológica, porque lo estaba haciendo bien económicamente, pero no supo manejar el conflicto político interno. Lo macro iba bien, pero el correísmo aprovechó el conflicto social interno y todavía es fuerte (...) los servicios de inteligencia están aún con influencia correista (...) Lasso en un minuto desconoce acuerdos con sus aliados electorales, a nivel social aumenta la delincuencia y la violencia, y eso va creando una distancia entre Lasso y sus electores”, agrega Holzmann.

En este contexto, más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en estas elecciones atravesadas por la narcoviolencia, la grieta entre correístas y el resto del espectro político democrático y la incertidumbre sobre una economía que iba creciendo hasta que el presidente Lasso decidió darle este final.

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