Tamara Taraciuk, investigadora de derechos humanos en América Latina: “Cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a sacrificar garantías”

Tamara Taraciuk vive una vida marcada por los derechos humanos desde antes de su nacimiento.

Su abuelo judío escapó de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial y Tamara nació en Venezuela luego de que su familia se exiliara de la dictadura en Argentina. Es abogada y trabajó 17 años en Human Rights Watch, desde donde ha llevado a cabo una extensa investigación en toda América Latina documentando violaciones de derechos humanos. Hoy es directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Sus investigaciones de vanguardia sobre acciones gubernamentales que socavan la democracia en la región la convierten en una ávida analista de la evolución de la democracia en América Latina.

De paso por Buenos Aires para enseñar en su alma mater, la Universidad Torcuato di Tella, Taraciuk habla con Infobae sobre los desafíos que vive la región, y los últimos acontecimientos que resaltan la fragilidad democrática de muchos países latinoamericanos.

—Después de 17 años en HRW, se sumó al equipo del Diálogo Interamericano. ¿Qué desafíos implica este cambio?

—Dediqué buena parte de mi vida documentando la situación de derechos humanos en América Latina y me enfocaré ahora en tratar de encontrar respuestas de políticas públicas a los principales problemas de la democracia y del Estado de Derecho en la región. Diálogo Interamericano es una plataforma neutral con un enorme poder de convocatoria y me da la posibilidad de juntar gente que piensa distinto para crear soluciones a algunos de los problemas urgentes de la región. La idea es que esas políticas después lleguen a quien tiene la posibilidad de implementarla, no que no sea un ejercicio académico sino que sirva para influir en políticas públicas.

—¿Cómo ve el papel de las organizaciones internacionales en la promoción y la protección de los derechos humanos en América Latina, especialmente en el contexto actual de la región?

—La sociedad civil y las ONG de derechos humanos tienen un papel fundamental, sobre todo porque es necesario contar con una voz que, objetivamente y sin tintes ideológicos, ponga sobre la mesa información confiable sobre lo que realmente está ocurriendo en la región. Hago énfasis en la objetividad y la independencia que tienen que tener estas organizaciones, y para eso es fundamental poder juzgar con la misma vara a todo el mundo independientemente de cuál es el gobierno de turno.

—¿Cómo ha evolucionado la situación de los derechos humanos en América Latina durante estas décadas desde que usted comenzó a trabajar en HRW?

—Hemos pasado por distintas etapas después de las dictaduras en el Cono Sur o las guerras en Centroamérica. De a poco fue avanzando un movimiento para consolidar la democracia, y llegó un momento en el cual dimos por sentadas ciertas garantías democráticas que hoy están en riesgo. Lo que veo hoy es que tenemos por un lado las dictaduras clásicas, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero también tenemos el surgimiento de líderes autoritarios de derecha y de izquierda que ganan elecciones y después de las elecciones les dan la espalda a garantías como la independencia judicial o la prensa independiente, y nos encontramos hoy protegiendo los espacios cívicos. Estamos en un contexto de un creciente autoritarismo y de democracias que son cada vez más débiles. Otro problema es que las democracias de la región no están logrando mostrarle a la gente que pueden resolver sus problemas como la inseguridad, la desigualdad o la pobreza, entonces hay un descreimiento: la gente no cree en la democracia, menos los jóvenes, y eso hace muy difícil el trabajo de luchar por proteger las instituciones democráticas, porque esto también genera que la gente esté más dispuesta a sacrificar garantías a cambio de resultados, inclusive si se dan fuera del marco de democrático.

—¿Cree que éste es el caso en Argentina, luego de los recientes casos de inseguridad, como el de Morena?

—El tema de la inseguridad es una prioridad para el electorado; es un tema de agenda para los gobiernos. Debería ser la agenda de un demócrata, no importa de qué partido político es, encontrar soluciones a la problemática de seguridad que sean democráticas y que no sea recaer en las medidas de mano dura que por ahí, como lo demuestra el modelo de Bukele, pueden dar resultados en materia inseguridad en el corto plazo, pero con un enorme costo para el Estado de Derecho y los derechos humanos.

—¿Qué opinión le amerita el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador?

—El asesinato de Villavicencio es absolutamente condenable y un reflejo de violencia política y el aumento de la violencia que está ocurriendo en Ecuador, que en el último tiempo ha incluido violencia bárbara como decapitaciones. Es el producto del aumento del narcotráfico y del crimen organizado, que está generando un desafío enorme en Ecuador, tanto en el sistema penitenciario —en Ecuador en los últimos años hubo masacres carcelarias donde murieron más de 400 personas— como fuera, porque existen vínculos de operación dentro y fuera de las cárceles que están generando aún más problemas en materia de inseguridad. Creo que es otro ejemplo de la urgencia que hay de poner sobre la mesa para que haya respuestas efectivas y democráticas a la inseguridad en la región.

—¿Y qué países considera que están avanzando en materia de derechos humanos en los últimos años?

—Resaltaría, por ejemplo, en el caso de política exterior, los gobiernos de Chile y de Uruguay. Han tenido una política exterior consistente en materia de derechos humanos, poniendo el ojo y la vara en el mismo lugar para todos los problemas de la región. En temas ambientales, el gobierno de Brasil con Lula ha priorizado medidas para revertir el enorme daño que había causado el gobierno anterior de Bolsonaro, y creo que ahí hay un espacio de oportunidad y de avance. El gobierno de Colombia con Duque -y continuó con Petro- ha adoptado medidas de acogida y legalización de venezolanos en Colombia, ya que es el país que más venezolanos recibió: más de 2 millones en el último tiempo.

—¿Cómo se posiciona América Latina comparada a otras regiones con respecto a avances y retrocesos en los derechos humanos?

—Muchos de los problemas que vemos en América Latina se ven en otras partes del mundo. Cuando uno ve las amenazas a las instituciones democráticas, el crecimiento del populismo autoritario es reflejo de una discusión global que se ve en distintos lugares.

—¿Cuáles son los factores que hacen tan fácil -o por lo menos así parece- que se elija un líder democráticamente y luego aplique un libreto autoritario, como ocurrió con Bukele?

—Yo creo que el caso de Bukele es especial porque lo que ha hecho es mostrar que sus políticas de seguridad dan resultados. Eso es posible porque han desmoronado el estado de derecho y habiendo implementado el régimen de excepción, cometieron todo tipo de violaciones de derechos humanos. Pero tienen resultados concretos para mostrar en materia de inseguridad, que es la principal preocupación del pueblo salvadoreño hace muchísimos años y con muchísima razón. Creo que la explicación ahí tiene que ver con que cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a sacrificar garantías, y si encima a cambio reciben resultados, más aún. El caso de Bukele es especial porque no sólo implementa estas políticas que dan resultados, sino que lo hace acompañado de una maquinaria de comunicaciones estratégica que vende un modelo de una manera muy exitosa. Pero si tuviera que dar un paso más atrás más allá de Bukele, parece que el éxito de estos líderes autoritarios radica exclusivamente en la posibilidad que han construido de destruir las instituciones independientes que le puedan poner un freno a los abusos de poder. Cuando logran hacer eso, no lo sacan nadie de donde están.

—Finalmente, ¿cómo ve el futuro de los derechos humanos en América Latina? ¿Es optimista o pesimista respecto de los cambios que puedan surgir en los próximos años?

—Yo creo que hay que ser optimistas pero realistas, y poder identificar cuáles son los desafíos más urgentes que tenemos que abordar en la región para evitar mayores retrocesos democráticos en América Latina. Y si me preguntas a mí hoy cuáles son en gran medida los que yo quiero priorizar en el programa sobre Estado Derecho desde el Diálogo, creo que necesitamos primero poner sobre la mesa y visibilizar políticas de seguridad pública que sean efectivas y bajen los índices de criminalidad, pero que se implementen dentro del Estado de derecho. Me parece que es urgente cambiar la discusión para hablar de alertas tempranas de declive demodrático y poder buscar oportunidades para respaldar el trabajo de quienes están manteniendo el fuerte. Por ejemplo, pienso en el rol de un poder judicial que esté dispuesto a dar la pelea de mantener las reglas de juego democrático en un contexto electoral, o respaldar el trabajo de la prensa independiente y empezar a pensar en modelos de transición democrática de las dictaduras que tenemos hoy que sean específicos para esas dictaduras, porque no hay un modelo que podamos trasladar automáticamente a Venezuela hoy, pero sí es imprescindible tener una conversación: no sólo qué va a pasar el día después en materia de rendición de cuentas y quién va a ir preso y por qué delitos, si no cómo generar los incentivos para poder llegar a tener esa conversación y que quienes están hoy en el poder estén dispuestos a tener. Y por último creo que es indispensable tener más aliados en el trabajo de fortalecer el Estado de Derecho. En ese sentido, el sector privado tiene un papel fundamental para respaldar una institucionalidad democrática que pueda darles reglas del juego claras para invertir con previsibilidad y que eso genere condiciones que a su vez favorezcan la protección de derechos.

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