“Muertos civiles”: cómo es la vida del centenar de nicaragüenses a los que Daniel Ortega fuerza a vivir como parias en su país

Ivania Álvarez les llama “muertos civiles y sociales”. Son parias en su propio país. Aproximadamente cien ciudadanos nicaragüenses fueron apresados en redadas que hizo la Policía las noches del 3 y 13 de mayo pasado en varios municipios, llevados a los tribunales de Managua donde, por la medianoche y la madrugada, se les abrió procesos por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.

A la mañana siguiente estaban en sus casas. Los jueces, siguiendo un patrón, ordenaron llevar los procesos de investigación en libertad con la medida cautelar de presentarse diariamente a una estación policial.

La redada marcó un nuevo mecanismo de la dictadura de Daniel Ortega para reprimir. Ya no se trataba de llenar de nuevo las cárceles, sino de convertir en parias y controlados a los nicaragüenses que considera opositores y no han optado por el exilio.

Álvarez monitorea la situación de los presos políticos, ella misma es una excarcelada política que salió al exilio y trabaja como directora de “redes ciudadanas” del organismo Urnas Abiertas.

“Nosotros recibimos el reporte de más de sesenta personas que fueron secuestrados el día tres de mayo, en punto de las seis de la tarde, y llevadas a un juicio a medianoche, en donde se les vinculó con otras personas que, inclusive, no conocían. De igual manera, ocurrió el día trece de mayo, nosotros también tuvimos alrededor de unas treinta denuncias. Aquí hay que tomar en cuenta que puede haber un subregistro, porque no todo el mundo tiene la valentía de denunciarlo”, explica Álvarez.

Cada uno de estos ciudadanos tienen que llegar todos los días a la estación policial, a las seis de la mañana, a esperar que un oficial los reciba, anote su nombre, hora en qué llegó y hora en que firmó. Les toman una fotografía mientras firman.

“Jorge” es uno de los “muertos civiles”. Dice que debe estar en la Policía de su ciudad antes de las seis de la mañana, sin excusa. “Un día tenía una cita médica en Managua y les dije que no podía llegar a esa hora, que si podía llegar a las tres de la mañana, para irme en el bus que sale a las 3:45 de aquí y me dijeron que no. Prácticamente si tenés una enfermedad grave te vas a morir porque no aceptan ninguna excusa para faltar a la presentación diaria”.

Otro caso fue el de “María”, cuyo padre tuvo que ser internado de emergencia en el hospital. “Acompañándolo, el tiempo se me fue porque llegué en la madrugada al hospital y cuando miré ya estaba la luz del sol afuera, pero yo no me había percatado porque adentro las luces estaban encendidas. Llegó la Policía a buscarme a las siete y media a la casa y como mi mamá les dijo que yo estaba en el hospital, llegaron a sacarme del hospital”, relata.

El periodista William Aragón, ex corresponsal del diario La Prensa, vive en Estelí y debe presentarse todos los días, incluyendo feriados y domingos, en la oficina de Auxilio Judicial de la Policía en Somoto, a más de 70 kilómetros de distancia, relata alguien cercano al comunicador.

Para costearse los pasajes y las comidas, Aragón se ha convertido en “hácelo todo”: trabaja en carpintería, electricidad, fontanería, construcción y otros. También ha vendido muchas cosas de su casa, incluyendo su vieja computadora con la que trabajaba de periodista, para costearse los gastos y la manutención de su familia. “Se ha dedicado a hacer ´rumbos´ porque nadie le va a dar un trabajo formal. No lo van a contratar por medio tiempo ya que él regresa a Estelí como a la una de la tarde, y además nadie quiere tener en su planilla a un perseguido político”, dice la fuente.

“Esto es un infierno”, describe Lucila, otra de las entrevistas por Infobae que pide se proteja su identidad. Dice que está valorando la opción de ir a la cárcel de una vez para ya definir su situación y no vivir en esa zozobra, donde todos los días espera que una patrulla vaya por ella o que ya no la dejen salir de la estación policial a la que llega a firmar.

“Estoy decidida a enfrentar todo. Irme del país no es opción para mi, porque no debo nada. La verdad que sí, prefiero estar detenida que estar así. La consecuencia es que ya no voy a ver a mi hija, que está por salir de primaria. Vivimos un estrés increíble pensando que ya cuando llegue a la casa va a llegar una patrulla y me va a llevar. No sabés qué va a pasar con tu vida”, añade Lucila.

“A ellos les aplicaron la muerte civil. Al estar llevando un proceso están ya en una lista y por estar yendo a la Policía todos los días no pueden hacer trámites, no pueden conseguir un trabajo y las personas que tenían trabajo lo perdieron”, señala Ivania Álvarez.

Pero, añade, también hay una “muerte social”. “Es la parte más triste de esto porque tus vecinos, tus amigos, tus familiares saben que te secuestraron y te vigilan, y ahora tienen miedo a acercarse, miedo a darte un trabajo, miedo a tener alguna relación, miedo hasta de mencionarte en las redes sociales porque nadie quiere ser vinculado con los perseguidos políticos”.

“Aquí dejó de venir mucha gente”, dice Jorge. “Mi mamá tiene una carnicería desde hace 40 años y la gente sandinista del barrio le anduvo diciendo a todo el mundo que nadie debería de comprar aquí. ¡Los primeros dos meses fueron horribles! La carne se dañó. Pollo, cerdo y res. Mucha de la carne que quedaba la tuvimos que comer nosotros”.

“Es como que no existimos la gente ni siquiera me saluda en la calle”, añade María.

Muchos, señala Álvarez, se han ido de Nicaragua por la presión que hay sobre ellos. “Más que por temor, se ha ido del país buscando un nuevo espacio, crear una nueva red familiar y social. Conocemos situaciones donde hasta las mismas familias les dicen que ni los invitan a los cumpleaños porque siempre los andan vigilando los policías”, indica.

Para Ivania Álvarez, la situación de estos “muertos civiles” como los llama, es más dura que estar en la cárcel por donde ella misma pasó en 2018. “Es una situación muy dura, ellos tienen familia y no solo han dejado de tener ingresos, sino que tienen que presentarse todos los días a la Policía y eso representa un gasto permanente porque deben pagar por la movilización en algunos casos. Conozco personas convalecientes que, así como están, deben llegar, maestras que viven en comunidades lejanas y deben pagar 30 o 40 córdobas de bus (aproximadamente un dólar) para llegar a la estación policial”.

“En la cárcel uno ahí tiene garantizado techo, comida y la gente afuera te dice ´pobre está preso´ pero esta es una situación que golpea más allá, golpea todo tu círculo social. Es una de las peores cosas que he visto”, agrega.

Los perseguidos políticos son, además, permanentemente vigilados. “Hay amenazas constantes de la Policía diciendo, ´miren, que los tenemos vigilados´, no pueden poner nada en redes sociales. Algunos de ellos trabajaban en zonas francas, eran maestros y han sido despedidos de sus trabajos, y en otros casos, la gente no los quiere contratar porque nadie quiere problemas con personas que vinculadas con procesos políticos”, señala Álvarez.

“María” dice que cerca de su casa hay dos “puestos de mando”, como les llaman a los puestos de vigilancia, donde permanecen policías vestidos de civil acechando.

Algunos de los opositores obligados a presentarse diariamente han relatado que los policías han intentado convertirlos en informantes. “El 16 de julio me interrogaron y querían que les dijera qué planes tenía la oposición para el 19 de julio (aniversario de la revolución sandinista)”, señaló uno que, como el resto pidió no se mencionara su nombre por seguridad.

Ninguno de los perseguidos sabe cómo va su proceso, porque el régimen bloqueó el acceso en línea a los procesos. “Fueron sacados de sus casas sin orden judicial, un secuestro, y el día tres de agosto se cumplieron los noventa días (que da la ley para investigar), y no ha pasado nada, no les han dicho nada, ellos siguen yendo cada día sin saber cuándo terminará”, afirma Álvarez.

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