Las claves del proyecto de ley sobre ocupaciones ilegales en Chile

Continúa el debate en Chile en torno al proyecto de ley que busca regular las usurpaciones ilegales de terrenos e inmuebles. Mientras algunos ven en la iniciativa una herramienta necesaria para restablecer el estado de derecho, otros critican su enfoque y posibles consecuencias en la criminalización de la lucha por la vivienda y los derechos humanos. La discusión continúa, y el futuro de la ley aún está por definirse.

A continuación, las claves de este proyecto:

El proyecto de ley busca regular los delitos de ocupaciones ilegales, estableciendo nuevas penas y mecanismos eficientes de restitución. La iniciativa propone sancionar con penas de cárcel la usurpación, extendiendo el período de flagrancia y facilitando la detención de los ocupantes. Además, modifica el Código Penal y la Ley General de Urbanismo y Construcciones para castigar y sancionar más duramente la ocupación ilegal.

Con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en general la ley de usurpaciones. Sin embargo, el gobierno ha mostrado preocupación por un apartado sobre la legítima defensa privilegiada de los propietarios y la detención ciudadana, que permitiría a los dueños de un terreno remover a los usurpadores por su cuenta.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha expresado su descontento con la norma, calificándola como “populismo penal” y advirtiendo que podría ser vetada por el presidente.

Diversas organizaciones han convocado a manifestaciones en rechazo a la iniciativa legislativa, denominándola “ley maldita”. La ley ha sido objeto de un agrio debate en el hemiciclo, con votos en contra del oficialismo y discusiones acaloradas entre los diputados.

Según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, entre 2019 y 2022, las ocupaciones ilegales e irregulares en terrenos fiscales en Chile crecieron un 55%. En 2019, la cantidad de ocupaciones ascendía a 13.597, mientras que en 2022 llegó a 21.664.

En cuanto a la superficie ocupada de manera ilegal, el número de hectáreas creció un 24%, pasando de 43.775 en 2019 a 54.199 en 2022.

La región de Antofagasta encabeza el registro con más de 33 mil hectáreas ocupadas hasta el año pasado, y en esa zona del país se han intensificado los operativos de desalojo. Este aumento en las ocupaciones ilegales refleja una problemática creciente en el país y pone de manifiesto la necesidad de abordar la situación con medidas legales y sociales adecuadas.

La ley se discute en un contexto de creciente violencia mapuche en la Araucanía y otras zonas del sur de Chile, donde existe desde hace décadas una disputa territorial.

Desde mayo de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso, herramienta que permite el despliegue militar en la zona para ayudar a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.

En este contexto, además de las ocupaciones ilegales, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de policías.

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