Rafael Correa, Alex Saab, Piedad Córdoba y los convenios con China eran apuntados en las denuncias de Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, que postulaba para la Presidencia de Ecuador, fue acribillado por sicarios en Quito la tarde del 9 de agosto. Villavicencio, de 59 años, también fue dirigente sindical, se dedicó al periodismo de investigación e incursionó en la política electoral. Durante su vida pública investigó y denunció la corrupción durante los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Entre sus investigaciones más relevantes está la denominada Arroz Verde, que sirvió para la apertura del caso por el que Correa fue condenado.

El político, cuya muerte ha conmocionado al país y al mundo, publicó al menos 200 investigaciones sobre corrupción. En su faceta como legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso denunció otros casos emblemáticos relacionados con los perjuicios al Estado que resultaron de proyectos como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el entramado de Petrochina o las irregularidades en la contratación de una empresa y la Flota Petrolera Ecuatoriana. También hizo revelaciones por la trama de Alex Saab, el presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, y señaló a la política colombiana Piedad Córdoba.

Las principales investigaciones de Villavicencio tanto como periodista así como legislador vinculaban a Rafael Correa y altos funcionarios y líderes del correísmo con actos de corrupción.

Estas fueron algunas de las investigaciones y denuncias más relevantes:

Fernando Villavicencio consiguió notoriedad nacional por primera vez en 2011 como asesor del asambleísta Klever Jiménez del Movimiento Pachakutik, uno de los principales detractores de Rafael Correa. Ambos denunciaron que el ex presidente había tramado un supuesto auto secuestro ocurrido el 30 de septiembre de 2010, durante una insurrección policial por demandas salariales en un cuartel ubicado al norte de Quito.

La denuncia fue presentada como evidencia en una acción judicial por difamación impulsada por el ex presidente Correa que obligó a Villavicencio y a Jiménez a buscar refugio en medio de la selva amazónica ecuatoriana en la comunidad de Sarayaku, a 204 kilómetros de Quito, en una región inaccesible por medios de transporte convencionales. Villavicencio vivió en la selva protegido por indígenas durante los 18 meses ordenandos como sanción.

Después de estar bajo el cuidado de la comunidad Sarayaku, Villavicencio logró salir del país y transitó hacia Perú. Allí se mantuvo como asilado político hasta el 18 de septiembre de 2017, cuando regresó durante el gobierno de Lenín Moreno.

Villavicencio fue perseguido durante el gobierno de Rafael Correa y denunció el caso Arroz Verde, que luego fue denominado por la Fiscalía como el caso Sobornos 2012-2016, que condenó a Correa y a otros miembros de ese gobierno por delitos en contra de la administración pública.

La investigación publicada por Villavicencio en coautoría con el periodista Christian Zurita resultó en la sentencia de ocho años de prisión en contra de Correa, por ser autor mediato de una red de sobornos y por haber recibido “aportes indebidos” para financiar económicamente a su movimiento político, entonces denominado como Alianza País –con el que llegó a la Presidencia– a cambio de entregar contratos millonarios a empresas constructoras como Odebrecht. El ex vicepresidente Jorge Glas estuvo preso, y aún cumple su condena en libertad, por el mismo caso. Otros funcionarios del gobierno de Correa, como la ex ministra María de los Ángeles Duarte, protagonista del impasse diplomático entre Argentina y Ecuador, también fueron vinculados.

El portal Periodismo de Investigación (PI), fundado por Villavicencio, denunció en 2020 que el abogado de la multinacional Odebrecht, Juan Falconí Puig, demandó al entonces periodista por supuesta difamación luego de un reportaje que se publicó en agosto de 2019 bajo la autoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita. La investigación contaba “cómo se pactó y construyó el acuerdo con el gobierno de Rafael Correa para permitir el retorno de Odebrecht, dejándola exenta de sus responsabilidades civiles y penales, derivadas de varios incumplimientos contractuales”, según recogió PI.

En febrero de 2022, en calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villavicencio alertó que la deuda que adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y por la que el Estado debe pagar al gigante asiático con barriles de petróleo sería una trama internacional de intermediación comercial y financiera con el petróleo ecuatoriano. Incluso Villavicencio calificó a esta trama como la “más grande de Ecuador” en relación a la corrupción petrolera.

Según lo reportado por Villavicencio, el Ecuador solicitó financiamiento por USD 18.170 millones, a Petrochina, Unipec y PTT, en donde se comprometieron como garantía 1.365 millones de barriles de petróleo ecuatoriano. Sin embargo, los barriles que debían ir directamente a China terminaron endosados a los bancos europeos Société Générale, Natixis y el ING Bélgica. El propósito –explicó Villavicencio– era “que los chinos accedieran a los dólares y puedan cumplir con los préstamos. Estos bancos resultaron aliados del grupo Gunvor y juntos comercializaron el petróleo ecuatoriano. Las pérdidas para Ecuador producto de la intermediación petrolera serían unos USD 5.000 millones”.

El gran problema de la deuda de Ecuador y China es que los barriles de petróleo que se dieron como forma de pago no fueron avaluados con el precio internacional del crudo sino que se congeló el precio del barril, esto habría provocado cuantiosos perjuicios al Ecuador, pues por cada barril, el país perdió alrededor de USD 3.60. Hasta el momento, el país andino ha entregado 1.174 millones de barriles como forma de pago.

Nuevamente, el gobierno de Rafael Correa fue señalado por Villavicencio por estos contratos.

Uno de los casos de repercusión internacional fue aquel que involucraba a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro que es investigado por la justicia estadounidense. Villavicencio lideró la elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador que da cuenta de los nexos de Saab con políticos de la región. El documento también se lo conoce como “el dossier ecuatoriano” recogió la pista que sigue el FBI sobre el presunto lavado de activos del que se acusa a Saab y fue publicado en enero de 2022.

El informe de la Comisión de Fiscalización del legislativo ecuatoriano describe las irregularidades que se habrían cometido en los pagos de exportaciones ficticias o sobrevaloradas vinculadas con la filial de Fondo Global de Construcciones (Foglocons) en Ecuador, con la que Saab habría lavado dinero.

La trama de corrupción que se le atribuye a Saab implicaría el uso del Sistema SUCRE –un conversor monetario utilizado por los países del ALBA– para el pago de esas exportaciones que correspondían a materiales de construcción que se enviaban desde Ecuador a Venezuela. De acuerdo con el “dossier ecuatoriano”, al menos USD 2.600 millones se habrían lavado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.

En ese documento se reveló los nexos de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba con Saab. Entonces, Fernando Villavicencio fue calificado como “rata”, “miserable” y “mequetrefe” por Córdoba. Villavicencio presentó al entonces presidente de Colombia, Iván Duque, el dossier ecuatoriano con información sobre un vuelo que Córdoba realizó en el 2013 en un avión privado de Saab junto a este. Córdoba negó ese vuelo y empezó un proceso judicial en contra de Villavicencio.

Fernando Villavicencio denunció en múltiples ocasiones los fallos e irregularidades alrededor de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que estuvo a cargo de una constructura china. En septiembre de 2022, como legislador, Villavicencio publicó un informe que revela que desde el 2018 las fisuras en la central hidroeléctrica pasaron de 7.000 a 17.499 a julio de 2022. La megaobra le costó más de USD 3.300 millones al Estado y ha sido reparada en cinco ocasiones por los problemas ocasionados por esas fisuras.

El documento que preparó Villavicencio fue desestimado en la Comisión de Fiscalización del congreso ecuatoriano incluso por parte de legisladores afines a Guillermo Lasso. Fue entonces cuando Villavicencio denunció un pacto político del gobierno de Guillermo Lasso y China: “Aquí hay un acuerdo oculto con el gobierno de China”, dijo públicamente.

En julio de 2022, Infobae tuvo acceso a un documento confidencial de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) que reveló que desde el 2012 la compañía china Sinohydro, encargada del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en Ecuador, ocultó que los distribuidores de turbina de la casa de máquinas de la Central tenían alrededor de 8.000 fisuras.

El proyecto hidroeléctrico se creó en el gobierno de Rafael Correa y se lo presentó como el “más grande de la historia del Ecuador”. El caso de la Coca Codo Sinclair no solo presentaría irregularidades técnicas, sino que revelaría tratos políticos y otros nexos que ocasionarían incluso conflictos de interés. Según explicó Fernando Villavicencio a este medio en el 2022, el megaproyecto hidroeléctrico fue parte de un acuerdo entre los gobiernos de Rafael Correa y su homólogo chino Xi Jinping.

En 2020, cuando el mundo enfrentaba los meses más críticos de la pandemia por coronavirus, la corrupción el sistema de salud pública sacudió al Ecuador. Villavicencio denunció que algunos legisladores y sus familiares contaban con carnets de discapacidad. Incluso uno de los asambleístas implicados demandó a Villavicencio por injurias.

Además de los falsos carnets, que servían para evadir impuestos y acceder a beneficios que son para las personas con discapacidad, también se conoció sobre el reparto de hospitales. Este escándalo señalaba a los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, incluyendo a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber repartido la administración de los hospitales públicos a algunos asambleístas a cambio de votos en el congreso. Sobre esto, Villavicencio dijo en Ecuavisa que “hay documentos donde se puede verificar cómo asambleístas solicitaban hospitales y dinero” y aseguró que “son muy pocos legisladores” los que no estaban involucrados en el reparto.

La candidatura Villavicencio a la presidencia era respaldada por Construye 25, movimiento de la ex ministra Romo. Por esto, Villavicencio fue cuestionado en relación a sus propias denuncias sobre la corrupción en la salud pública mientras Romo ocupaba el cargo.

El 19 de mayo de 2022, Villavicencio denunció ante la Fiscalía unos videos en los que aparece el ex vicepresidente Jorge Glas conversando con José Luis Cortázar, que era director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) cuando se grabaron los videos en febrero de 2014. Las declaraciones vertidas en los videos, junto a otros documentos presentados por Villavicencio, demostrarían las irregularidades en el otorgamiento de concesiones petroleras en de varios bloques de explotación de crudo.

Asimismo, las irregularidades en el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker fueron una de sus últimas denuncias. Este caso que fue el principal motivo del juicio político en contra de Guillermo Lasso, llevó a que Villavicencio, en calidad de legislador, denunciara por fraude procesal a la diputada Mireya Pazmiño. Estos contratos fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno y se renovaron a través de una cláusula durante el gobierno de Guillermo Lasso. “En el caso Flopec (contrato con Amazonas Tankers), denunciado por mí, debe conocerse que la asambleísta Mireya Pazmiño realizó un informe en el que señaló que ese contrato no significaba pérdidas para el Estado. La propia Contraloría estableció un perjuicio de USD 6.1 millones” señaló en sus redes sociales Villavicencio, en marzo de este año.

El último domingo en una entrevista en el programa ‘Vera, ¡A su Manera!’ con el periodista y político ecuatoriano, Carlos Vera, donde reveló irregularidades en contratos estatales con empresas petroleras. En la conversación aseguró que presentaría ante la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor General del Estado, una investigación relacionada con “el mayor atraco petrolero” de la historia de Ecuador.

“La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya se han revelado videos entre Jorge Glas y el ex director de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Jorge Glas reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas”, denunció Villavicencio.

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