(Desde Santiago, Chile) Con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en general la polémica ley de usurpaciones, que busca aumentar las sanciones para quienes se tomen inmuebles o terrenos, con o sin violencia.
Por cierto, se trata de una norma que busca tipificar la ocupación ilegal como delito y que sea sancionado con penas de cárcel y que ha sido largamente esperada.
Carolina Tohá, ministra del Interior, concurrió hasta el Congreso, donde dijo que “hemos tenido una expansión desmesurada de ocupaciones de terrenos, en los cuales hay en una parte muy significativa de ellos negocio puro y duro de distinto tipo, en el norte y en el sur. En el sur, a veces con el escudo o la excusa de la causa mapuche, se hacen negocios; en el norte, basta recorrer su costa para ver que hay verdaderas ciudades enteras de casas en la playa que son todas usurpaciones. Y también en todo Chile hay una gran cantidad de campamentos que se han extendido producto del encarecimiento de la vivienda y fundamentalmente de los arriendos”,
Al gobierno le interesa que se apruebe el proyecto, excepto por un detalle. Un acápite sobre la legítima defensa privilegiada de los propietarios y la detención ciudadana en cualquier momento por el que se extienda la toma. Básicamente, se propone que el dueño de un terreno llegue con un grupo de personas y saquen a los usurpadores de la forma que sea.
Y aunque el gobierno trató de enmendar el asunto ingresando indicaciones, estas no fueron aceptadas y el proyectó avanzó tal como estaba. Eso sí, antes fue objeto de un agrio debate en el hemiciclo y los votos en contra del oficialismo.
Por ejemplo, el diputado del Partido Republicano Cristián Araya dijo al respecto que “lo que vemos es una verdadera protección de las tomas ilegales. La única forma de enfrentar la crisis de seguridad que vive Chile es comenzando por lo más básico, que es restablecer el estado de derecho. Y en ese sentido, combatir con energía y fuerza las tomas ilegales es fundamental”.
Pero luego le contestó el diputado Diego Ibáñez, presidente del partido oficialista Convergencia Social. “Bueno, diputado, mañana traiga su casco y espada y tumbémonos a duelo acá al medio, porque es exactamente lo mismo que está prometiendo, a ver quién gana. Vamos a rechazar este proyecto del medioevo, porque es un retroceso civil”, dijo.
Populismo penal
La ministra Tohá tampoco quedó contenta. “El gobierno no lo va a permitir, no se va a promulgar una ley en Chile que tenga esa norma, y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo… si no queremos hacer una embarrada monumental, tenemos que tratar de discutir un cambio en la ley que se haga cargo de esta complejidad”.
Agregó que el gobierno “tampoco va a permitir que se trate por igual una toma en que se amenaza, se intimida y se violenta a personas, a una en que no se hace. Con el afán de subir las penas, que es populismo penal, se terminó igualando esta situación. Entonces da lo mismo pegarle o no pegarle a los propietarios u ocupantes, porque la pena es igual. ¿Cómo vamos a hacer una ley así?”.
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