El ex ministro de Justicia de Bolsonaro aseguró que desconoce el origen del “borrador golpista” encontrado en su vivienda

Anderson Torres, ex secretario de Seguridad de Brasilia y ex ministro de Justicia con el ex presidente Jair Bolsonaro, que fue detenido por su supuesta connivencia en los ataques del 8 de enero de 2023, aseguró este martes que desconoce el origen del documento conocido como “borrador golpista” que se halló en su domicilio.

En su intervención ante la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido aquel día, Torres afirmó que cuando salió de Brasil en víspera de los ataques, con miles de seguidores de Bolsonaro acampados en las inmediaciones de la sede de los Tres Poderes, “jamás imaginó que aquello ocurriría”.

Torres ha asegurado que se marchó de vacaciones a Estados Unidos “completamente tranquilo” porque quienes se manifestaban reclamando una intervención militar habían comenzado a marcharse tras semanas acampados y porque él había dejado firmado un plan de actuación que no se aplicó como debería.

“Si la plaza de los Tres Poderes hubiera estado realmente aislada, esto no hubiera pasado (...) El documento preveía el cierre de la Explanada. Puedo afirmar que hubo fallos graves en su aplicación, si lo hubieran seguido, estos hechos no hubieran sido consumados”, se defendió Torres.

“Si hubiese recibido cualquier alerta de Inteligencia indicando el riesgo inminente de violencia, no hubiera viajado”, insistió, al tiempo que negó cualquier tipo de connivencia con los responsables de aquellos ataques. “Cuando asumí la Secretaría de Seguridad, mi primera acción fue tratar el desmantelamiento del campamento frente al cuartel general del Ejército”, dijo.

Al principio de la sesión, Torres se dedicó a defenderse de estas acusaciones no ya de connivencia sino de implicación total en un supuesto intento de golpe de Estado en caso que Bolsonaro no ganara en las elecciones.

La detención de Torres se aceleró después de que en un registro de su vivienda se hallara lo que en Brasil han dado a conocer como el “borrador golpista”, en el que estaría redactado cómo actuar en caso de tener que mantener en el poder a Bolsonaro, que tardó varios días en reconocer su derrota.

Torres calificó aquel borrador de “texto apócrifo”, una “aberración jurídica” y “fantasiosa” que ha ido a parar a la “colección de los absurdos”. Así, aseguró que es “constante” que los cargos públicos reciban este tipo de documentos de “diversas fuentes”, pero “basta una breve lectura” para entender que son “inservibles” para llevar a cabo cualquier fin.

“Esos papeles no fueron a la basura por puro descuido. No sé quien entregó ese documento apócrifo y desconozco las circunstancias en las que fue elaborado. Ni siquiera consideré reenviarlo o mostrárselo a nadie”, sentenció.

Torres también desmintió que hubiera puesto en tela de juicio el resultado de las elecciones, destacando que fue de los primeros ministros --por entonces ocupaba la cartera de Justicia-- en reunirse con sus homólogos del nuevo equipo de transición del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otro lado, la Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) pidió el lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el asalto a las sedes de los tres poderes de la nación el pasado 8 de enero.

En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría dijo que, en el caso de esos primeros 40 acusados, comprobó tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos cinco delitos. Se trata de “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”, que, según el Código Penal, en conjunto “llegan a 30 años de reclusión”, que es la pena máxima contemplada por las leyes del país.

La Corte Suprema ya aceptó las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los violentos sucesos del 8 de enero, cuando miles de activistas asaltaron simultáneamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio tribunal.

Según la investigación, ese violento ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido el poder ocho días antes. La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con Bolsonaro.

De acuerdo a la Procuraduría, “la pena a aplicarse a los acusados debe ser ejemplar, por tratarse de crímenes graves, practicados en un contexto multitudinario” y que tenían como objetivo “implantar un régimen autoritario en lugar de un Gobierno elegido legítimamente”.

La Corte Suprema aún continúa con las averiguaciones sobre esos sucesos, y tiene entre los investigados al propio ex presidente Bolsonaro, sospechoso de haber alentado la asonada al desconocer la victoria de Lula y sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.

(Con información de Europa Press y EFE)

Seguir leyendo: