Justicia en la era Bukele: juicios masivos y una llamada anónima como única prueba alcanzan para condenar hasta 500 personas de una vez

Los abogados, defensores y fiscales, los jueces y sus asistentes ocupan uno de los extremos en las reducidas salas de audiencias judiciales en El Salvador. Frente a ellos, o a sus espaldas según sea la disposición del lugar, decenas de acusados vestidos de blanco son partícipes mudos. A veces a quienes están presentes en el tribunal se suman más acusados que comparecen, en silencio y en ocasiones sin defensor, por vía de videollamada desde las cárceles. Pueden ser 500 personas a la vez a las cuales, según lo dispuesto por las reglas judiciales promovidas desde el gobierno de Nayib Bukele, ni siquiera se les concede el derecho de que el tribunal los identifique con sus nombres.

“Los abogados, el tribunal, los fiscales y procuradores nos constituimos en sala de audiencia, mientras que los indiciados están en otra sala desde los recintos penales donde se encuentren; pueden estar en distintos centros penales conectados a la misma audiencia de forma virtual. Ellos no tienen el derecho ni siquiera a ser identificados y a veces sólo se llaman por “equipo X” porque ya ni siquiera importa individualizarlos, mucho menos les importa saber si verdaderamente están juzgado a personas inocentes o a criminales”, describe en charla con Infobae la abogada penalista salvadoreña Lucrecia Landaverde.

La justicia salvadoreña lleva realizando audiencias judiciales masivas desde hace años, pero estas eran la excepción. Desde que en marzo de 2022 entró en vigor el régimen de excepción impulsado por el gobierno de Bukele, el cual restringe garantías constitucionales de defensa y debido proceso, estas comparecencias masivas se convirtieron en la regla.

Y desde el 27 de julio pasado, gracias a un paquete de reformas aprobadas por la supermayoría de diputados bukelistas en el Congreso, será posible que decenas, incluso cientos de personas, sean condenadas con pruebas mínimas: lo dicho por un policía o la confesión de un testigo favorecido o una simple llamada anónima pueden servir para condenarlos a todos. Tampoco, como lo pide la Constitución, la acusación tendrá que ser individualizada ni los defensores tendrán la oportunidad de controvertir la prueba ofrecida.

Las reformas están contenidas en un paquete que Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad de Bukele, presentó a la Asamblea Legislativa el 10 de julio pasado siguiendo instrucciones del presidente. Se trata de un decreto legislativo titulado “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022″ y tiene como fin, escribe el ministro Villatoro, “dotar al a Fiscalía General de la República de las herramientas jurídicas” que permitan ordenar el procesamiento de reos detenidos durante el régimen.

En una conferencia de prensa, Villatoro explicó que la pretensión del gobierno es ordenar los procesos judiciales por el criterio de “pertenencia” de un sospechoso a una célula o subdivisión específica de una pandilla criminal. Para determinar quién es miembro de qué grupo bastará, de nuevo, con una llamada anónima, con lo que diga un policía o con lo dicho por un miembro de esas organizaciones criminales a las que el Estado ofrezca beneficios penales a cambio de su soplo.

“Las reformas son preocupantes. Lo primero es que será prueba suficiente la lectura del acta policial en la audiencia durante el desfile probatorio, eso va a ser suficiente para condenar a alguien. No es como antes que el policía tenía que estar presente (en el juicio) y declarar de viva voz lo que supuestamente había sucedido”, dice la defensora de derechos humanos Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, una de las organizaciones salvadoreñas que ha documentado los abusos cometidos durante el régimen de excepción.

Que baste con la simple lectura de un acta policial elimina la posibilidad de que la defensa cuestione, en interrogatorio cruzado durante una audiencia en persona, al policía cuyo testimonio puede servir para condenar o para mantener a alguien en la cárcel sin sentencia definitiva. De acuerdo con la abogada Escobar, unos 600 menores han sido ya condenados con base, únicamente, en lo dicho por los agentes captores.

Este último paquete de reformas, de acuerdo con un análisis producido por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), incluye, además de la posibilidad de realizar juicios masivos y dar validez a las confesiones como pruebas, la eliminación del plazo máximo de un proceso penal, que era de 24 meses, y otorgar poderes de investigación a la Policía.

La abogada penalista Lucrecia Landaverde es tajante al decir que las enmiendas impulsadas por Bukele y sus diputados han “demolido” el derecho a la presunción de inocencia y que han convertido el proceso penal salvadoreño en un simple trámite. “Ahora se trata únicamente de un plazo de tiempo en el que los encarcelados esperan a que les hagan la audiencia para su sentencia”, dice.

Se trata, dice Landaverde, de la “desarticulación” del proceso penal que ha existido en El Salvador, uno que, considera la abogada, era moderno y en el que había al menos garantías mínimas para cumplir los principios básicos de la ley.

“Ahora no es necesario ni siquiera que exista una denuncia materialmente incorporada al proceso; bastará que un soldado o policía diga que recibió una llamada anónima y esa acta policial hará plena prueba sin necesidad de ninguna otra prueba en contra de los capturados. Se juzgarán en masa sin que tengan derecho a la defensa material ni técnica y mucho menos tendrán derecho a que se les individualice y se determine su responsabilidad penal porque de una vez serán condenados”, vaticina Landaverde.

Cristosal, una organización de la sociedad civil que ha seguido de cerca los abusos cometidos durante el régimen de excepción, cree que estas últimas enmiendas demuestran que el Estado salvadoreño ha sido incapaz de dar sostenibilidad jurídica a los procesos judiciales iniciados contra las más de 70,000 personas detenidas desde que inició el régimen de excepción.

“La Fiscalía no está investigando los delitos cometidos, por lo que al presentar los requerimientos a la mayoría de las personas las acusan de ‘agrupaciones ilícitas’ u ‘organizaciones terroristas’, en donde lo que se trata de demostrar es la pertenencia, pero no los delitos cometidos. Esto se evidencia en que luego de más de un año de vigencia del régimen de excepción la Fiscalía no presente pruebas para individualizar quienes cometieron delitos y a qué agrupación pertenecen. Esto hace que los procesos iniciados sean débiles”, asegura Cristosal, cuyos miembros han comparecido ante organismos internacionales de derechos humanos e incluso ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar los riesgos democráticos de las políticas de seguridad impulsadas por Bukele.

El de la familia de Mario Ramírez es un caso que, como publicó Infobae en junio pasado, ilustra bien los riesgos de una política judicial que privilegia el acta policial o lo dicho por un policía como una prueba en un proceso penal.

A Mario los policías le metieron presos a su esposa y a sus dos hijos bajo acusaciones de asociaciones ilícitas. Detrás de las capturas, cree este hombre, está un oficial de la policía al que no identifica por temor a quien los Ramírez sorprendieron en tratos de drogas y pandilleros con los pandilleros locales.

A la hija de Mario, antes de llevársela, un policía le puso un fusil en la boca. Al hijo casi lo matan a golpes en una cárcel. Y de su mujer, Juana, casi no ha sabido desde que se la llevaron el 24 de abril de 2022.

Hoy, según la lógica jurídica impuesta por las enmiendas recientes, bastará con lo escrito por el policía que acusó a los Ramírez de asociaciones ilícitas para que los condenen a todos, incluso si los procesos judiciales son diferentes, e incluso si ese policía no se presenta a las audiencias que siguen en el juicio. Y si ese mismo policía dice que otras personas pertenecen a la misma estructura criminal de la que se supone son parte los Ramírez, aunque vivan a kilómetros de distancia, a ellos también los pueden condenar. No importa si al final los acusados son dos, cincuenta o 900.

Lo explica el abogado penalista Oswaldo Feusier: “Con las reformas que se han aprobado… la prueba que ya desfiló contra el grupo A nada más se va a incorporar por lectura a un eventual grupo B o grupo C (de imputados) … Y ni siquiera es necesario que se reproduzca la prueba, basta con que los atestados policiales se presenten por escrito y con eso se va a poder condenar”, dice en charla con Infobae.

Todo es, considera Feusier, inconstitucional, porque la ley primaria salvadoreña contempla que cuando se procesa a una persona sea “por los méritos propios” y que en el proceso judicial la parte acusadora debe de ser capaz de probar actos individuales.

La organización Cristosal cree que el gobierno de Nayib Bukele, sus diputados y el sistema judicial -que él controla- han recurrido a los juicios masivos porque no les es posible demostrar la culpabilidad de todos y cada uno de los detenidos durante el régimen de excepción, quienes, según dichos del ministro Gustavo Villatoro, son todos terroristas.

“No existe la capacidad material para procesar con arreglo a la Constitución y tratados internacionales, a los más de 71,479 personas capturadas, por lo que fue necesario modificar las leyes y dar apariencia de ‘juicios justos’”, dice Cristosal en su análisis sobre las reformas.

Hasta ahora, señala la organización, el Estado ha sido incapaz de condenar a nadie en el contexto del régimen: “Ejemplo de lo anterior es que a la fecha no se tiene conocimiento de quiénes fueron los que perpetraron los más de 80 homicidios en aquel terrible fin de semana de marzo de 2022; y, que a la fecha no existe siquiera una persona capturada dentro del régimen de excepción que haya sido condenada por homicidio, lesiones, extorsión, ni siquiera por agrupaciones ilícitas”, dice Cristosal en referencia a las decenas de asesinatos cometidos la última semana de marzo de 2022 luego de que el pacto de gobernabilidad entre el gobierno Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18 se rompió.

Para la estadounidense WOLA, la reforma reciente pone en “evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, ya que han saturado las instituciones del sistema de justicia penal… no dan respuesta efectiva en la resolución de casos. Esto pone en duda la capacidad del Estado salvadoreño de cumplir con su obligación de debida diligencia que incluye prevenir, investigar y sancionar la comisión de delitos”.

La defensora Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, utiliza el caso de una de sus clientes como ejemplo de los riesgos que esta nueva reforma implica.

“Tenemos el caso de una joven que vive en una colonia (barrio) donde efectivamente una pandilla ejerce control y en el pasaje donde ella vive hay pandilleros y algunos ya están presos, pero ella no es que por vivir ahí sea miembro de esa pandilla, y hay pruebas con que eso se le puede demostrar a un juez, pero con esta reforma a esta joven le pueden imputar toda la camándula de delitos que le han imputado a los pandilleros que vivían ahí… Basta con el acta policial que indique, por una llamada anónima, que ella es pandillera”, cuenta Escobar.

Desde que instauró el régimen de excepción y tras la aprobación de varias reformas penales, el gobierno de Nayib Bukele ha insistido en que sus medidas han desarticulado a las pandillas y han sido eficaces para reducir las cifras de violencia en el país. Instituciones locales e internacionales, desde organizaciones como Cristosal hasta Naciones Unidas, han cuestionado las medidas por los abusos a los derechos fundamentales de los salvadoreños que conllevan; críticos salvadoreños, además, han cuestionado la veracidad de las cifras de homicidios que maneja el gobierno.

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