(Washington, Estados Unidos) En El Salvador ya no existe independencia judicial y la transparencia de las próximas elecciones está en riesgo, segú considera el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Sidney Blanco.
La Univesidad de Stanford junto al Diálogo Interamericano organizaron esta semana un foro para hablar sobre la independencia de los poderes judiciales en América Latina en contextos electorales con la participación de jueces de Brasil, Ecuador y El Salvador. En los tres países la Justicia ha pasado en los últimos años por algunos momentos de tensión y tirones con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
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Blanco fue magistrado de la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2018 y durante ese período, según reseñó, emitieron una serie de sentencias que fueron “borradas” totalmente por la nueva sala instaurada en 2021 cuando el gobierno de Nayib Bukele lograra un super mayoría parlamentaria y en el mismo acto de asunción de ese Parlamento destituyó no solo a toda la Corte Suprema sino también al fiscal general.
“En su lugar designaron sin proceso, en materia contraria a la Constitución, a unos miembros de la Sala Constitucional que han demostrado fidelidad y lealtad a las políticas del ejecutivo”, dijo Blanco.
El exmagistrado recordó cómo cuando durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador el Congreso de ese país hizo lo mismo y removió a los integrantes del Tribunal Constitucional, algo que años más tarde, en 2013, la Corte Intereamericana de Derechos Humanos consideró ilegítimo.
“La independencia judicial es clave para garantizar los derechos humanos y los derechos constitucionales. No pueden ser totulados por jueces que están vincluados o sometidos o permiten las interferencias de los poderes políticos”, agregó Blanco.
El “caos jurídico” de El Salvador
El exmagistrado señaló que los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador “han reinterpreado la Constitucion y han establecido que el presidente Bukele puede presentarse a la reelección como en su efecto lo ha anunciado”.
Eso, aseguró Blanco, es inadmisible porque la Constitución es clara cuando dice que la reelección inmediata está prohibída en el país al punto que establece algunas frases “radicales” como la que dice que el presidente no puede estar “ni un día más” en el cargo.
Se refería al artículo 154 de la Constitución vigente aprobada en 1983 donde dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
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Por si quedaba alguna duda, la Sala Constitucional que él integró en el pasado ya había interpretado la Constitución en ese sentido, prohibiendo la reelección. La nueva corte, adepta al oficialismo, reinterpretó la Carta Magna en el sentido contrario, poco tiempo después de asumir en 2021.
“En El Salvador se ha creado caos jurídico”, dijo Blanco.
“En febrero tendremos elecciones y uno de los candidatos anunciados es el presidente Bukele a pesar que la Constitución lo prohíbe expresamente. Es la misma dinámica que han seguido otros gobernantes como en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Honduras, donde los tribunales constitucionales están alineados al poder político y terminan interpretando la Constitución a la carta”, agregó el exmagistrado.
Ante una consulta de la audiencia, Blanco dijo luego que no está en condiciones de asegurar la pureza de las elecciones para el año próximo. “Hay indicios que suponen sospechar de esa transparencia”, señaló. La más importante es el intento de reelección de Bukele, algo que “viola la Constitución”.
Los otros elementos son los cambios en las reglas electorales recientemente aprobados por el Parlamento, sin debate ni participación ciudadana. El gobierno, imponiendo su súper mayoría, redujo la cantidad de diputados, que pasará de 84 a 60 a tan solo ocho meses de las elecciones. Además, una semana después, redujo la cantidad de municipios de 262 a 44.
“Todo esto hace sospechar que algo está tramando para las próximas elecciones. No estoy en condiciones de descifrar estos movimientos de las piezas de ajedrez. Pero estoy con la seguridad de que todos los movimientos generan sospecha de su transparencia y de la pureza de los próximos eventos electorales”, dijo Blanco.
La independencia de los jueces
Ante una pregunta formulada a través de la directora del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, Amrit Singh, sobre cómo esta situación de la Corte Suprema de Justicia impacta en el resto del sistema judicial, Blanco señaló que “la independencia en cualquier nivel está rota”.
Si bien el sistema funciona de manera horizontal respecto a los casos concretos, la Corte Suprema tiene el control disciplinario de los jueces inferiores. “Eso ha sido duramente criticado porque los jueces inferiores se suelen alinear a las directrices emanadas de las corte superiores”, dijo el exmagistrado.
“Tenemos una sala constitucional que nosotros le llamamos ‘señores que usurpan los cargos públicos’ porque no son verdaderos magistrados. No llegaron al cargo por los procedimientos constitucionales ni se conocían sus credenciales. Como estos magistrados obedecen a las políticas del Ejecutivo, también la Corte Suprema tiene amedrentados a los jueces, que no pueden actuar con independencia y tienen que alinearse”, dijo Blanco.
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Donde se ve con mayor fuerza es en el ámbito penal, aseguró el juez. El país lleva 15 meses bajo régimen de excepción, con la suspensión de garantías fundamentales. “Todos los jueces están alineados a las directrices que emanan del Ejecutivo. Actualmente la independencia judicial en cualquier nivel está rota, está desvinculada de las obligaciones constitucionales”, agregó Blanco.
Además del exmagistrado salvadoreño del evento participaron Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, Luis roberto Barroso, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con comentarios de Rebecca Bill Chavez y Tamara Taraciuk Broner, del Inter-American Dialogue.
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