El abogado Cristiano Zanin asumió este jueves como miembro de la Corte Suprema de Brasil, para el que fue propuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien defendió en los juicios que lo llevaron a prisión durante 580 días.
La postulación de Zanin por parte de Lula generó polémica por la estrecha relación personal que existe entre ambos, pero todo eso fue ignorado por el Senado, que en junio pasado aprobó su nombramiento con una amplia mayoría de 58 votos a favor y 18 en contra.
Durante su campaña para ser postulado, el nuevo ministro de la Corte evitó pronunciarse sobre temas polémicos de la agenda que ya se sabía que se abordarían en los próximos meses.
De acuerdo a lo que publicó O Globo, los parlamentarios del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) incluso promovieron rondas de conversaciones informales para conocerlo mejor pero, según informes obtenidos por el periódico citado, no pudieron descifrarlo. Aun así, “no querían pelear” con el elegido de Lula.
“Los parlamentarios salieron como entraron: sin tener la menor idea de lo que piensa”, resumió uno de los interlocutores de Lula en el ámbito jurídico.
El sábado, el ex abogado de Lula en el caso Lava Jato dio respuestas vagas cuando se le preguntó sobre temas que podrían molestar a la bancada conservadora del Senado. “Desde mi punto de vista, las drogas son un mal que deben combatirse”, dijo a los senadores; al tiempo que agregó: “El estado tiene un poder enorme y ese poder debe ser contenido cada vez que se usa fuera de la ley o se abusa de él”.
Respecto al aborto, recordó O Globo, que también se fue por la tangente, limitándose a decir que el derecho a la vida “está previsto en el artículo 5 de la Constitución” y que las posibilidades de interrupción del embarazo están previstas en el Código Penal.
Sin embargo, ya en su cargo, deberá asumir una posición, aseguró el politólogo Sérgio Praça. “Los parlamentarios fueron indulgentes con Zanin, desperdiciaron la oportunidad de saber lo que piensa sobre las cuestiones sociales y qué tipo de parámetros tendría para tomar decisiones”, expresó al medio citado.
Lo que es un hecho es que la presidenta del Supremo, Rosa Weber, pretende llevar a juicio asuntos de gran repercusión nacional en las próximas semanas, no sólo en lo que se refiere a la “agenda aduanera”, si no también a la ambiental, que pondrá a prueba una vez más el estado de ánimo de la relación de la Corte con el Poder Legislativo.
Consignó O Globo que la voluntad de Weber de hablar en estos casos más controvertidos antes de retirarse confrontará con los primeros días de Zanin. Además de la despenalización de la marihuana, la presidenta del Supremo quiere juzgar la despenalización del aborto y la fijación de un plazo para la demarcación de las tierras indígenas. Los tres son temas importantes para la militancia del PT.
Polémica
La polémica se instaló en Brasil por el estrecho vínculo de Lula con su abogado. El propio mandatario había dicho en plena campaña electoral de 2022: “No quiero un amigo en ninguna institución”.
Una declaración similar hizo en el debate organizado por Folha para la segunda vuelta. “No es prudente, no es democrático que un presidente de la República quiera tener como amigos a ministros de la Corte Suprema. Creo que la Corte Suprema se tiene que elegir por competencia y currículo, no por amistad”, manifestó en ese entonces.
La cercanía de Zanin con el jefe de Estado ya había sido mencionada como una preocupación por distintos especialistas entrevistados por el periódico Folha de San Pablo en marzo pasado.
Luciana Berardi, de la comisión de derecho constitucional de la Orden de Abogados de San Pablo, manifestó: “Se desvirtúa el precepto del poder judicial de la impersonalidad, que es un principio constitucional”.
Por su parte, Rubens Glezer, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), dijo que el discurso de Lula sobre Zanin es ambiguo. “El presidente trata a una institución pública como un regalo. Otra interpretación es: ‘Lo voy a poner ahí porque es alguien con quien estoy absolutamente alineado y eso es lo que lo hace digno del cargo’. Esto es muy similar a Jair Bolsonaro, que deseaba en el cargo a un evangélico que pensara como él”, expresó.
Otra preocupación de los expertos tiene que ver con la “imagen” de la corte en momentos en que el Poder Judicial es blanco de desconfianza.
La politóloga María Teresa Sadek, consultada por el mismo medio, indicó: “El tribunal es sumamente relevante y tiene que transmitir la imagen de que es el garante de la Constitución, independientemente de quién lo designe y de a dónde vayan las decisiones”.
En tanto, Flávia Santiago Lima, profesora de la Facultad de Derecho de la Unversidad de Pernambuco, dijo que la facultad del Supremo de revocar leyes aprobadas por el Congreso hace que el asunto sea delicado. “La corte necesita ser impersonal y neutral porque eso es lo que la legitima”, analizó.
La ceremonia
Al acto asistieron el propio Lula da Silva y autoridades de las cámaras de Diputados y del Senado, junto a unos 500 invitados.
Como impone el protocolo de la corte, fue una ceremonia sin discursos y solamente tomó la palabra muy brevemente la presidenta del tribunal, Rosa Weber, para darle la “bienvenida” a Zanin, de quien elogió “su cultura jurídica, su preparación técnica y excelencia”.
Zanin, de 47 años y especializado en litigios empresariales, es también un estudioso del uso abusivo de los mecanismos jurídicos como medio de persecución política, de los cuales ha sostenido que fue víctima el actual mandatario.
De hecho, esos estudios guiaron su defensa de Lula en los casos de presunta corrupción que lo habían llevado a prisión, que fueron finalmente anulados por la Justicia, con lo que el líder progresista recuperó la libertad y sus derechos políticos, para disputar las elecciones que ganó el año pasado.
Zanin asumió la vacante abierta en el Supremo por el juez Ricardo Lewandowski, quien se jubiló en mayo pasado al cumplir los 75 años, edad límite para los miembros del máximo tribunal del país, que ahora vuelve a contar con todos sus 11 miembros.
Por sustituir a Lewandowski, Zanin se hará cargo de los procesos en que ese juez actuaba como instructor. Entre ellos, figura uno en que el tribunal deberá decidir si el Gobierno de Jair Bolsonaro fue “omiso” frente a la pandemia del COVID-19, que dejó en Brasil más de 700.000 muertos.
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