Gastos del gobierno sin control y ciudadanos endeudados: la ecuación que amenaza la economía de Brasil

Mientras los brasileños se ahogan en deudas, con más de 70 millones de morosos que incumplen los plazos de pago según datos de la agencia de crédito Serasa, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expande los gastos y muchos se preguntan si el país no se está consignando lentamente a los brazos de la Teoría Monetaria Moderna (TMM).

Se trata de una política económica que apuesta por la expansión de los gastos sin preocuparse por la inflación y que hasta ahora ha fracasado en todos los lugares donde se ha aplicado. No es casualidad que el 27 de julio, Lula se hiciera una foto con la economista Mariana Mazzucato, que se reunió con él en Brasil junto con su ministra de Gestión, Esther Dweck. Mazzucato, es ex consultora en Italia del mediocre gobierno de Giuseppe Conte, del Movimiento Cinco Estrellas, y elogiada por el presidente de Argentina Alberto Fernández y el Papa Francisco, que la nombró miembro permanente de la Academia Pontificia de la Vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, según el diario de Bogotá El Tiempo, la ha calificado en repetidas ocasiones como su referente en temas económicos, empezando por su polémica reforma tributaria. La economista es cercana a las ideas de la TMM así como la ministra Dweck.

Sin embargo, un duro editorial publicado en los últimos días en el diario Estado de São Paulo por Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central en los dos gobiernos anteriores de Lula (2003-2010) y ministro de Economía en el de Michel Temer (2016-2018), intentó alertar sobre el riesgo de que el Estado amplíe los gastos. “Sabemos que no es posible gastar menos en salud, educación, seguridad social y algunos otros sectores fundamentales. Pero el Gobierno puede - y debe - gastar menos en la máquina pública. Una reforma administrativa bien diseñada reduciría los costes de esta máquina”, escribe Meirelles. Sin embargo, paradójicamente, son precisamente la sanidad y la educación las áreas a las que se ha impuesto una congelación de gastos de 1.500 millones de reales, unos 320 millones de dólares, en el presupuesto de 2023. La cifra sólo podrá desbloquearse si mejoran las cuentas del Gobierno. Meirelles en su editorial también propone soluciones “Esto se puede hacer cerrando empresas públicas que han perdido su razón de ser, privatizando otras”, escribe, “reestructurando la carrera funcionarial, acabando con los pluses salariales, etc”.

Pero las señales del Gobierno no parecen ir en esta dirección. Aparte de la retórica de lucha contra las privatizaciones, las cifras del primer semestre reveladas el 27 de julio por el Tesoro Nacional hablan de un déficit en las cuentas públicas de 42.500 millones de reales, 9.000 millones de dólares, frente a un superávit en el mismo semestre de 2022 de 54.300 millones de reales, unos 11.500 millones de dólares.

También es necesario - como piden muchos economistas - revisar seriamente las concesiones fiscales que, en muchos casos, sólo se dan para obtener ventajas políticas y no económicas. Es el caso, por ejemplo, de uno de los mayores gastos fiscales del país, la Zona Franca de Manaos (ZFM). Creada para ser un polo industrial capaz de generar puestos de trabajo y preservar la selva, la región se ha convertido en un mero ensamblador de productos fabricados en otros lugares, pero se espera que este año cueste 55.000 millones de reales en exenciones fiscales (11.700 millones de dólares), una cantidad más de 13 veces superior a todo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y que, si se distribuyera entre los residentes de la capital de Manaos, alcanzaría los 21 mil reales por habitante, cerca de 4.500 dólares.

A pesar de las duras palabras de Meirelles y la presión de una parte del Congreso, el gobierno ha dejado claro que la reforma administrativa no es la prioridad en los próximos seis meses, donde el objetivo es mejorar las reformas fiscales para gravar el consumo y quizás también los ingresos de los ricos. Los funcionarios públicos, según el sitio de noticias Metrópoles, son “la base electoral del nuevo Gobierno”. Esto explica por qué, en lugar de racionalizar y mejorar la maquinaria pública, Lula ha elegido el camino de los concursos públicos. Hasta el momento ha creado 8.000 nuevos puestos de trabajo en la máquina pública y el proceso continuará en los próximos seis meses. Por no hablar de los 16.000 millones de reales, unos 3.400 millones de dólares, en enmiendas o fondos distribuidos en el primer semestre a parlamentarios y senadores para asegurarse el apoyo del Congreso.

También hay muchos gastos cuya utilidad ha cuestionado la prensa brasileña. Tras el escándalo de los nuevos muebles de la residencia presidencial comprados por la esposa de Lula, Rosângela da Silva, más conocida como Janja, que gastó 65.000 reales, casi 14.000 dólares, sólo en un sofá, recientemente ha saltado la noticia de que el Senado va a gastar 1,2 millones de reales, más de 250.000 dólares, en nuevas sillas “con patas estilo Luis XV” y mesas de madera maciza “sin olor” que se utilizarán en los pisos de servicio de los senadores. También se han derrochado sumas considerables en los últimos meses en los medios de comunicación, encabezados por el grupo Globo, que recibió 55 millones de reales (cerca de 12 millones de dólares) en publicidad del Gobierno, que invirtió 120 millones de reales, más de 25 millones de dólares, en sus campañas mediáticas en el primer semestre del año. Esta cifra es aún parcial porque no se han hecho públicos los datos sobre el gasto en los medios gubernamentales de comunicación.

Mientras el Gobierno gasta, los brasileños tienen que hacer frente a un endeudamiento sin precedentes. Más del 77% de los hogares están endeudados, según la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) y a las empresas tampoco les va mejor. Las últimas cifras de diciembre de 2022 hablaban de 5,74 millones de Micro y Pequeñas Empresas morosas. En el primer semestre de 2023, el número de procesos judiciales de cobro de deudas a empresas aumentó un 52,1 % respecto al mismo periodo de 2022, con casos llamativos como el de la cadena de tiendas Americanas y otras empresas como Oi, Light y Raiola que sumaron deudas por más de 100.000 millones de reales, 21.200 millones de dólares. Con carácter de urgencia, a mediados de julio, el Gobierno destinó 50.000 millones de reales como incentivo para que las instituciones bancarias se adhirieran al programa Desenrola (Desarrolla). De hecho, el programa ofrece a los endeudados la posibilidad de renegociar sus deudas y, en una primera fase, saldar deudas de hasta 100 reales (unos 21 dólares), saliendo así del estado de morosos que incumplen los plazos de pago.

Un punto, sin embargo, amenaza con socavar todas las buenas intenciones del Gobierno y es el relativo a los elevados tipos de interés de las tarjetas de crédito en caso de impago, los llamados intereses rotatorios. Actualmente alcanzan una media del 455,1% anual, el valor más alto de los últimos seis años. En mayo, la morosidad de los brasileños con las tarjetas de crédito alcanzó el 54%, el valor más alto desde 2011.

Alencar Santana, del Partido de los Trabajadores (PT), ponente de la ley que regulará el programa Desenrola, dijo que un dispositivo para reducir este tipo de intereses estará presente en su proyecto de ley. “No podemos continuar con estos abusos, con estos tipos de interés exorbitantes”, dijo Santana. “Hacer Desenrola Brasil, garantizar dinero del gobierno a las familias para limpiar sus nombres, pagar sus deudas y continuar con los intereses de las tarjetas de crédito de esta manera es querer tapar el sol con un dedo”, dijo.

Sin embargo, en un país donde casi todos los productos se pueden pagar en cuotas con tarjeta de crédito, los bancos y las asociaciones comerciales ya han pasado al contraataque. Para Ricardo de Barros Vieira, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Empresas y Servicios de Tarjetas de Crédito (ABECS), “poner un límite al tipo de interés puede tener consecuencias negativas, como reducir la oferta de crédito a la gente y reducir el volumen de ventas. Al haber menos oferta de crédito para los consumidores, éstos pueden comprar menos. Esto puede repercutir en el comercio y en el crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto)”.

Por último, la reciente decisión del presidente Lula de nombrar al economista del PT Marcio Pochmann presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha levantado una ola de polémicas y dudas de economistas de todas las tendencias políticas sobre la futura fiabilidad de los datos del país.

Es que el IBGE no se limita al censo, sino también a toda una serie de datos económicos necesarios para tener el pulso de Brasil y controlar esta preocupante ecuación entre el endeudamiento de la población y la expansión de los gastos del gobierno.

Pochmann es conocido por sus posiciones económicas heterodoxas. En el pasado ha calificado las transferencias electrónicas vía píxel de “decisión neocolonial del Banco Central” y en 2008 propuso un impuesto del 60% para quien gana más de 50.000 reales al mes, unos 10.000 dólares.

Según la economista Elena Landau, ex directora de privatizaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), “es un día de luto para las estadísticas brasileñas”.

La economista también dijo que el nuevo presidente del IBGE podría “poner en peligro la investigación científica en Brasil” y recordó el caso de Argentina, donde el INDEC - el IBGE del país vecino - “perdió credibilidad debido a los trucos del calculo de la tasa de inflación promovida por los gobiernos kirchneristas”. Landau también dijo que el periodo de Pochmann como presidente del IPEA, el Instituto de Investigación Económica Aplicada, entre 2007 y 2011, fue “desastrosa. Despidió a técnicos de primer nivel e interfirió en las investigaciones, por una razón puramente ideológica. ¿Quién garantiza que no hará lo mismo en el IBGE?”.

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