Nayib Bukele aprieta el cerrojo: echa a médicos que protestaron por el mal estado de un hospital y tortura y silencia a un periodista

El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele vivieron días de algarabía en las últimas semanas. A principios de julio, el presidente se declaró ganador en las elecciones internas por la candidatura presidencial de 2024, con lo que terminó de pavimentar su camino a la reelección. Por esas mismas fechas, con fuegos artificiales, el gobierno cerró unos juegos centroamericanos y del Caribe que, a pesar del mal resultado de la delegación local, dejó buen sabor de boca por los escenarios remozados. Concluidas las fiestas, las grietas oscuras del mandato de Bukele han vuelto a quedar a la vista.

A finales del mes, el 21 de julio, al gobierno le explotó una crisis que él mismo había provocado al suspender a 47 internos de medicina del principal hospital público del país. La razón del castigo: los suspendidos habían apoyado públicamente a tres profesionales que, en mayo, protestaron en sus redes sociales por la saturación de hospitales tras una tragedia durante un partido de fútbol que dejó una estampida en el Estadio Cuscatlán, el más grande del país.

Al hospital Rosales, como se llama el centro en el que trabajaban los internos suspendidos, llegan la mayoría de los salvadoreños de bajos recursos que requieren de atención terciaria o especializada. El hospital funciona en un viejo edifico cerca del centro de la capital en condiciones de abandono y enfrenta frecuentes problemas de escasez de medicamentos e insumos. En la política local es casi una costumbre que candidatos y presidentes prometan arreglar el Rosales. Bukele, cuando era aspirante a la presidencia y luego ya como jefe del Ejecutivo, prometió varias veces hacer del lugar un hospital de primer mundo. Eso no ha ocurrido y las condiciones siguen siendo precarias.

Cuando el 20 de mayo pasado, durante un partido de la liga local, la negligencia de los directivos del Alianza Fútbol Club, uno de los clubes más populares del país, se unió a un flojo operativo policial de seguridad, 12 personas fallecieron y unas 100 resultaron heridas durante una estampida en la única puerta de los graderíos populares que estaba abierta.

Aquella noche, cuando los heridos empezaron a llegar al Rosales, la interna Ángela Ferrer, la doctora Beatriz Monteagudo y otra colega cuestionaron en sus redes sociales las condiciones del hospital y del sistema público de salud. De inmediato, como ocurre con frecuencia cuando alguien expresa críticas o desacuerdo con el gobierno, las doctoras recibieron decenas de respuestas ofensivas y amenazas de troles cibernéticos, algunos identificados con el gobierno y el presidente. Luego, fueron suspendidas.

Dos meses después, el 20 de julio, 47 internos de medicina del Rosales pararon temporalmente sus labores e hicieron una protesta pacífica para solidarizarse con sus tres colegas. No había pasado un día de esa protesta cuando el Ministerio de Salud anunció medidas administrativas contra los internos, como suspensiones de sus trabajos. La respuesta del gremio médico fue una con la que el gobierno no contaba.

El lunes 24 de julio, la junta directiva del Colegio Médico de El Salvador hizo una conferencia de prensa para exigir a las autoridades de salud que restituyeran a los afectados, que cesaran en sus agresiones al gremio médico y que respetaran el debido proceso. Fue una respuesta poco común en El Salvador de Nayib Bukele, donde la denuncia y la protesta pública se han ido apagando en los últimos meses.

En 2021 y a principios de 2022, Bukele enfrentó protestas que reunieron a miles de personas en las calles de San Salvador, entre ellos médicos y enfermeras, quienes reclamaban por violaciones a los derechos humanos, la política económica basada en la legalización del Bitcoin como moneda de circulación legal y el acoso voces a críticas. Conforme las marchas fueron sumando adeptos, la policía de Bukele empezó a bloquear las entradas a la capital cada vez que se convocaba a una protesta. Finalmente, la disidencia callejera languideció tras la aprobación del régimen de excepción en marzo 2022, decretado cuando un pacto de gobernabilidad entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 se rompió.

La protesta de los médicos, en ese contexto, no es usual. Tampoco lo ha sido la respuesta inmediata del gobierno: a diferencia de otras ocasiones similares, en que a la disidencia el oficialismo respondió con ataques públicos, sobre todo en redes sociales, esta vez la respuesta ha sido más mesurada y la posibilidad de un diálogo se ha abierto. En el pasado, el gremio médico convocó marchas masivas que pusieron en jaque a más de un gobierno.

Dos semanas antes de la crisis del hospital Rosales, otro testimonio sacó los colores al gobierno de Nayib Bukele, el de un periodista arrestado y torturado en una cárcel del país.

El 10 de julio, un día después de la clausura de los juegos centroamericanos, El Salvador conoció la historia de Víctor Barahona, un periodista comunitario al que el gobierno de Bukele tuvo preso un año acusado de asociaciones ilícitas.

A Barahona la Policía Nacional Civil lo detuvo en su casa en Valle del Sol, Apopa, un suburbio de clase trabajadora en el norte de San Salvador, el 7 de junio de 2022. Los policías, que según ha publicado Infobae cumplen cuotas diarias de capturas desde que el gobierno de Bukele decretó en marzo del año pasado un régimen de excepción que limita derechos de defensa y debido proceso, llegaron a la casa del periodista aquel día, le descubrieron un tatuaje artístico de una rosa y se lo llevaron sin darle muchas explicaciones.

Tras salir libre, Barahona relató en una conferencia de prensa auspiciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las torturas a las que fue sometido en el Penal de Izalco, una de las cárceles en que, según denuncias de organismos de derechos humanos, el Estado salvadoreño ha matado o dejado morir a reos detenidos durante el régimen de excepción. Los agentes, contó el periodista, lo dejaron agonizar durante tres días luego de que la hipertensión sanguínea de la que sufre le pasó factura en la prisión y, cuando alcanzaba a protestar, a él y a otros los dejaban hincados durante horas.

La APES ha dicho que hasta dos decenas de periodistas salvadoreños han tenido que salir del país tras ser acosados o amenazados por el gobierno de Bukele a través del Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR), que el presidente controla. El de Barahona es el primer caso conocido de un periodista que ha estado preso y ha sido torturado en las cárceles de El Salvador durante el mandato de Nayib Bukele.

El gobierno de Bukele intentó, sin éxito, bajarle tono a la denuncia de Barahona. El 14 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, DC escuchó las respuestas del Estado salvadoreño a denuncias de violaciones atribuidas al gobierno de Bukele. Uno tras otro, funcionarios del gobierno negaron que en El Salvador hubiese denuncias de periodistas amenazados, de torturas o muertes provocadas por violencia o negligencia del Estado en las cárceles.

Rodolfo Delgado, el fiscal general de Bukele, dijo que su oficina no tenía denuncias sobre amenazas a periodistas y repitió algo que ya había dicho sobre las muertes carcelarias, que la fiscalía no ha abierto expedientes criminales porque todos los decesos han sido por “causas naturales”. Delgado omitió decir, por ejemplo, que decenas de periodistas han hecho denuncias públicas, incluso una ante autoridades estadounidenses, de que han sido espiados con software instalado en sus teléfonos, presuntamente por el gobierno. Tampoco dijo Delgado que la APES ha recibido decenas de denuncias de acoso a periodistas atribuidos a policías, al mismo presidente y a otros funcionarios, y que la fiscalía puede investigar todo esto sin que medie denuncia, es decir, de oficio.

Otro de los voceros del gobierno ante la CIDH fue el colombiano Andrés Guzmán, a quien Bukele nombró comisionado presidencial para los derechos humanos en mayo pasado. Guzmán dijo lo mismo que Delgado, que no conoce denuncias de periodistas amenazados. No dijo el comisionado que tan solo unos días antes de su intervención Víctor Barahona había hecho públicas sus denuncias de arresto arbitrario, de torturas y de violación al debido proceso. Andrés Guzmán, el comisionado, es un especialista en ciberseguridad vinculado a la extrema derecha de su país y señalado por supuesto espionaje digital.

Incluso la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, quien no suele hacer declaraciones públicas por casi nada, fue a su cuenta de Twitter a colgar fotos de los comisionados de la CIDH que escucharon a los funcionarios salvadoreños y les reclamó por parecer distraídos durante sus intervenciones. En abril de 2023, la CIDH hizo un llamado formal a El Salvador a restablecer los derechos de sus conciudadanos restringidos por el régimen de excepción. Esa vez, la canciller Hill solo guardó silencio.

A la denuncia de Barahona, el gobierno de Bukele respondió con saña. El 27 de julio, la fiscalía de Bukele pidió a un tribunal especializado ordenar la recaptura del periodista porque “las circunstancias” en la que se basó la decisión de darle medidas sustitutivas al arresto habían variado. El tribunal lo mantuvo en libertad pero decretó secreto de sumario, lo cual impide a Barahona volver a hablar en público de su caso. La APES consideró que la acción de la fiscalía no es más que una forma de callar al comunicador.

Todo esto ocurre mientras El Salvador permanece en régimen de excepción y el gobierno de Nayib Bukele consolida, a través de reformas legales exprés aprobadas sin discusión por sus diputados en el Congreso, medidas para fortalecer el estado policial.

En julio, por petición del ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, el Congreso extendió por décima sexta ocasión el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Las cifras de ese régimen son controversiales. El gobierno dice que, gracias a esa media extraordinaria, ha reducido casi a cero los homicidios, lo cual ha sido cuestionado por analistas e instancias internacionales con las mismas cifras del gobierno. Cerca de 70,000 personas han sido arrestadas, de la cuales no menos de 30,000 son inocentes de acuerdo con un cálculo de la no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Al menos 152 personas han muerto de forma violenta o por negligencia mientras estaban bajo custodia del Estado.

Con la última petición de prórroga al régimen de excepción, el gobierno de Bukele empujó otra reforma que permite juicios sumarios de hasta 500 personas juntas, lo cual impide, según abogados consultados, la individualización de delitos y las garantías de debido proceso.

Ya en mayo de 2022, cuando el régimen de excepción apenas comenzaba, la abogada Zaira Navas, de la organización Cristosal, advirtió que las detenciones masivas, logradas a través de una política de cuotas diarias de detenciones, derivarían en estos juicios masivos sumarios. Hoy, el gobierno de Nayib Bukele lo ha formalizado.

El presidente salvadoreño, ya con el camino a su reelección despejado, parece navegar con bastante tranquilidad a pesar de todas las denuncias. En su cuenta de Twitter, su principal herramienta de comunicación política, Bukele despliega frases retadoras en su línea de biografía -la actual es, en inglés, Philosopher King, rey filósofo-, reproduce encuestas que le dan una aprobación del 90% y se pelea, con emoticonos y casis siempre en inglés, con quienes lo critican.

Seguir leyendo: