Más de 200 dirigentes indígenas pidieron la expulsión de las empresas chinas que explotan oro en Bolivia

Le exigen al gobierno de Luis Arce que frene las actividades de las mineras del país asiático que están contaminando los ríos

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Una mina de oro sobre el río Beni, en el norte de Bolivia (REUTERS/Sergio Limachi/Archivo)
Una mina de oro sobre el río Beni, en el norte de Bolivia (REUTERS/Sergio Limachi/Archivo)

Una reunión de 250 dirigentes de pueblos pide al gobierno de Luis Arce frenar las actividades de las empresas chinas que explotan oro en toda la región y que están envenenando los ríos en lo que llaman en “etnocidio”.

Pero será difícil que el gobierno de Arce atienda ese pedido porque tiene convenios con “cláusulas de confidencialidad” con China, Rusia e Irán, que le impiden incluso dar a conocer los alcances, y menos los detalles, de los acuerdos con esos países.

Todavía no se sabe cuánto costaron las vacunas Sputnik V que vendió Rusia a Bolivia en 2020, aunque se conoce que el gobierno de Vladimir Putín pidió, entre otras cosas, la concesión de territorios donde existan “tierras raras” en el oriente boliviano.

El acuerdo con Irán, suscrito el 20 de julio, tiene alcances que se van filtrando poco a poco y que ahora revelan que el gobierno de Arce ha entregado a los iraníes el control del ciberespacio en Bolivia, lo que ha puesto nerviosos a los usuarios de Internet y de las redes sociales. Pero la inquietud mayor es por los alcances referidos a la “seguridad nacional” y el “control de fronteras”, lo que ha provocado protestas de militares retirados, como el coronel Jorge Santiesteban.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una fotografía de archivo. EFE/Martín Alipaz
El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una fotografía de archivo. EFE/Martín Alipaz

Y con los chinos, los acuerdos secretos incluyen la concesión de derechos de explotación del litio de los lagos salados del altiplano, la construcción de una planta para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún, en Santa Cruz, y la autorización para que operen cientos de dragas chinas en la explotación del oro en la región amazónica.

El pueblo Tacana protesta porque el gobierno desalojó por la fuerza a indígenas que explotaban oro en el río Madre de Dios, cerca de la ciudad de Riberalta, acusándolos de ser ilegales, pero no ha hecho nada para frenar las operaciones de 546 dragas chinas que operan aguas abajo, en el mismo río.

Recuerdan al gobierno los Tacanas que los 57 indígenas detenidos por la policía usaban como única herramienta de trabajo unos cedazos fabricados por ellos mismos con raíces, mientras que los chinos usan dragas, pero sobre todo emplean mercurio de manera irresponsable con el medio ambiente.

Tan molestos están los indígenas con la que llaman dictadura masista, que en el Foro Social Panamazónico (Fospa), realizado en la población de Rurrenabaque, protestaron contra la explotación del oro, pidieron la expulsión de los chinos.

En ese foro, Graciela Céspedes, de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz, dijo: “Todos los días sufrimos la violación a nuestros derechos, debemos recordarle al Gobierno que nosotros estamos amparados por el articulo 30 y 31 de la Constitución Política del Estado. Como indígenas, reclamamos nuestros derechos. Queremos que nos dejen vivir sin violencia, sin violación ¡basta ya! Están aprobando leyes para la explotación minera ilegal. ¿Por qué no quieren que vivamos?”

Una mujer indígena aymara en la montaña Murmutani en las afueras de Hampaturi, Bolivia, la madrugada del miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Juan Karita/Archivo)
Una mujer indígena aymara en la montaña Murmutani en las afueras de Hampaturi, Bolivia, la madrugada del miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Juan Karita/Archivo)

La reunión de 250 delegados de los pueblos amazónicos emitió un documento en que pide al gobierno, que se autodefine como “indígena-campesino”:

• Denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia y la de la Naturaleza.

• Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos

• La modificación de la Ley Minera -porque atenta contra la naturaleza y los pueblos- y la eliminación de cualquier autorización de la actividad minera en áreas protegidas

• que se reconozca a los ríos Beni, Tuichi y de Tucabaca y a todas las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de tierras altas y bajas como sujetos de derechos y a que se preserven los derechos del río, de su flora y fauna acuática y su biodiversidad,

• a vivir libre de contaminación y a no ser afectados y secados por actividades extractivas, carreteras, megaproyectos hidroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales

• dejar de desconocer los derechos de los indígenas y por vulnerar su derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat.

Un miembro de la fuerza de seguridad de Bolivia junto a personas detenidas durante una operación contra la minería ilegal (Ministerio de Gobierno de Bolivia/via REUTERS/Archivo)
Un miembro de la fuerza de seguridad de Bolivia junto a personas detenidas durante una operación contra la minería ilegal (Ministerio de Gobierno de Bolivia/via REUTERS/Archivo)

Asambleístas de La Paz revelaron que, junto a las dragas y maquinarias chinas, hay también empresas colombianas operando en los ríos bolivianos, “como si éste fuera un territorio de nadie, de un Estado fallido”.

La asambleísta María Esther Góngora dijo: “Quiero hacer conocer que las barcazas chinas y las barcazas colombianas están contaminando en los ríos con el mercurio, con el diésel y los aceites que botan al río. Por ese motivo, quiero hacer conocer que hay muchas personas por el sector de norte paceño con este problema del mercurio en sus cuerpos y empiezan a temblar. Los niños están tomando esa agua del río porque no cuentan con agua potable”.

La llegada de los chinos a estos lugares de aborígenes de las selvas bolivianas es muy criticada en los medios independientes que la dictadura de Arce quiere acallar, como lo denunció ahora la Asociación Nacional de Periodistas.

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