El Alto Comisionado de la ONU pidió a Ecuador reformas en la justicia penal y respeto a los derechos indígenas

La violencia en Ecuador no solo acapara los titulares de los medios del mundo sino que pone al país en la mira de las más altas autoridades de protección de Derechos Humanos. La nueva masacre carcelaria, los disturbios y homicidios en las calles, el asesinato y amenazas a políticos y periodistas del país, así como los enfrentamientos entre mineros y comunidades indígenas; han valido un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien ha manifestado su preocupación ante el recrudecimiento de la violencia.

En un comunicado emitido por las Naciones Unidas se realiza un recuento de los hechos violentos más destacados, que iniciaron el último fin de semana con los enfrentamientos entre bandas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del Ecuador que está ubicada en Guayaquil, el puerto más importante del país. Paralelamente a estas pugnas entre pandillas, también sucedió el sicariato que terminó con la vida de uno de los alcaldes más populares de la nación, Agustín Intriago.

“Estos acontecimientos se sumaron provocando un aumento alarmante de violencia en Ecuador y la respuesta del gobierno fue decretar el estado de excepción en todas las cárceles del país y toques de queda en Durán, Manabí y Los Ríos”, indica el comunicado.

Para Türk, en Ecuador hay un “deterioro continuo del sistema penitenciario ecuatoriano” que preocupa a las Naciones Unidas (ONU). El Alto Comisionado se refirió a los 31 prisioneros asesinados en la Penitenciaría del Litoral y a los 137 funcionarios penitenciarios que fueron tomados como rehenes en seis prisiones del país. También mencionó los dos Estados de Excepción, ambos de 60 días, para tres zonas de Ecuador y para las cárceles.

La ONU también destacó que “en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas fueron sido agredidos o amenazados de muerte. Además, algunos edificios gubernamentales, gasolineras, medios de transporte público y vehículos privados, fueron atacados en las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil, presuntamente por miembros de bandas”.

Además del asesinato de Intriago, el pasado martes se conoció que los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velásquez de La Posta, quienes revelaron una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, abandonaron el país porque un grupo vinculado con la mafia albanesa habría arribado al Ecuador con instrucciones de atentar contra sus vidas. Con ellos, son cinco los periodistas que este 2023 han tenido que autoexiliarse para proteger su integridad, pues han sido amenazados por grupos delincuenciales.

Frente a este escenario, el Alto Comisionado exhortó al gobierno de Ecuador a realizar una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las prisiones, y alentó al Gobierno a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas, emitida en 2022 y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Esta misma sugerencia ya fue realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que una delegación evaluara la situación de las prisiones del país en 2022. En marzo del año pasado, la CIDH reclamó a Ecuador recuperar el control de las cárceles y darle condiciones dignas a los presos.

Además de la preocupación de Türk sobre la crisis carcelaria, el Alto Comisionado sostuvo que el decreto ejecutivo, firmado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 31 de mayo, “representa un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas”. De acuerdo con el decreto, las empresas pueden realizar operaciones mineras sin necesidad de efectuar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, pese a que este es un derecho de los pueblos indígenas.

Türk recordó que, según las normas internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras: “Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas”, dijo.

La Oficina del Alto Comisionado recibió información que señala que la policía y el ejército habrían hecho uso de la fuerza contra colectivos indígenas que defienden sus territorios de las concesionarias mineras. Los incidentes más recientes ocurrieron el 24 de julio en Sigchos, provincia de Cotopaxi, donde al menos cinco personas habrían resultado heridas, y el 14 de julio en Las Naves, provincia de Bolívar, donde al menos trece personas habrían sido heridas y dos detenidas, menciona el comunicado.

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