Violencia en Ecuador: liberaron a 17 funcionarios penitenciarios que fueron secuestrados por presos

El lunes, una huelga en 13 centros de reclusión del país derivó en la retención de más de un centenar de trabajadores de las cárceles que permanecieron, en la mayoría de los casos, bajo control de los internos hasta el martes en la tarde

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Soldados salen de la penitenciaría del Litoral tras tomar el control de la misma luego de un motín, el domingo 23 de julio de 2023, en Guayaquil, Ecuador (AP Foto/César Muñoz)
Soldados salen de la penitenciaría del Litoral tras tomar el control de la misma luego de un motín, el domingo 23 de julio de 2023, en Guayaquil, Ecuador (AP Foto/César Muñoz)

En medio de una escalada de la violencia en Ecuador, liberaron a 17 funcionarios penitenciarios, entre guardias y personal administrativo, retenidos por presos el miércoles en una cárcel en la provincia de Esmeraldas, tras una cadena de ataques y episodios de violencia en el país, en esa ciudad y en el sistema penitenciario que llevaron a las autoridades a mantener el miércoles un fuerte contingente de custodia militar y policial en esa zona costera del norte del país.

Un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó el miércoles a media tarde que los guardias y el personal fueron liberados por gestión de militares y policías y añadió que no hay nuevas retenciones. Se mantienen acciones conjuntas para “precautelar el orden de los centros de privación de libertad y devolverle la paz a los ecuatorianos”.

El lunes, una huelga en 13 cárceles de las 53 que tiene Ecuador derivó en la retención de más de un centenar de funcionarios penitenciarios que permanecieron bajo control de los internos hasta que el martes en la tarde el SNAI informó de la liberación de 120 de ellos, de un total de 137.

No se precisó el miércoles si los 17 que estuvieron bajo control de los presos en la cárcel de Esmeraldas -y después liberados- formaban parte del grupo de personal carcelario que fue retenido el lunes o si quedaron en esa situación desde el martes, cuando se dio el nuevo brote de violencia en esa prisión de la ciudad costera.

Un militar pide calma a los amigos y familiares de presos que buscaban información sobre sus seres queridos tras los enfrentamientos con muertos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Ecuador (AP Foto/César Muñoz)
Un militar pide calma a los amigos y familiares de presos que buscaban información sobre sus seres queridos tras los enfrentamientos con muertos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Ecuador (AP Foto/César Muñoz)

La secuencia de actos violentos en Ecuador comenzó el fin de semana con enfrentamientos con explosivos y armas de fuego, según un informe policial, en la cárcel más grande y peligrosa del país, la de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reportó el martes por la noche 31 muertos y 14 heridos en todo el sistema penitenciario por los incidentes de los últimos días.

El domingo asesinaron al alcalde de la tercera mayor ciudad ecuatoriana, Agustín Intriago, en Manta, y el martes, hubo ataques incendiarios en Guayaquil y Esmeraldas, que destruyeron autobuses y vehículos particulares.

El gobierno ecuatoriano decretó dos estados de excepción en los últimos días para hacer frente a los ataques y los enfrentamientos en las cárceles, con la movilización de militares.

El comandante de la policía de Esmeraldas, Fausto Buenaño, aseguró que un dispositivo policial se encuentra en los exteriores de la cárcel de Esmeraldas “para evitar desmanes y fugas” mientras grupos militares patrullan la ciudad.

El mando policial explicó que la cárcel de Esmeraldas alberga solamente a presos de un grupo de delincuencia organizada —los Tiguerones— por lo cual “no hay enfrentamientos” entre bandas. En esa prisión hay 1.396 reclusos, según cifras de las autoridades penitenciarias, con una capacidad para 1.100 internos.

Una columna de humo sobresale en la Penitenciaría del Litoral, hoy, en Guayaquil (EFE/Jonathan Miranda)
Una columna de humo sobresale en la Penitenciaría del Litoral, hoy, en Guayaquil (EFE/Jonathan Miranda)

Según el jefe policial, el caos y la violencia que la víspera derivó en el incendio de ocho vehículos en tres ciudades de esa provincia y el ataque con explosivos a instituciones públicas como la Fiscalía y una gasolinera son de autoría del grupo Los Tiguerones, los mismos que tiene el dominio en el interior de la cárcel de Esmeraldas.

Señaló que el objetivo de esos actos fue distraer y amedrentar a la policía para evitar el ingreso de uniformados a la Penitenciaría de Guayaquil, la cárcel que ha registrado los enfrentamientos con más muertos y más recurrentes de los últimos dos años, y en donde el martes se volvieron a enfrentar una facción mayor de Los Tiguerones con otros reos de otras bandas que están en pabellones distintos.

Los eventos violentos en Esmeraldas no dejaron heridos ni fallecidos, agregó.

Consultado sobre la escalada de violencia en esa ciudad, Buenaño aseguró que en varios barrios se ha acrecentado la disputa entre bandas por el control de territorio para el microtráfico. Añadió que mientras en 2022 se capturaron en la provincia cinco toneladas de droga, en lo que va de este año la cifra subió a ocho toneladas.

Otro problema que mencionó el jefe policial es la debilidad de las leyes. Explicó que al ser capturados los delincuentes, reciben sanciones “leves” o son dejados en libertad casi de inmediato debido a que “nuestras leyes son blandas y defienden a los delincuentes”.

“Las nuevas autoridades y representantes en la Asamblea deben cambiarlo y fortalecer las penas”, opinó, en referencia al proceso electoral que está en marcha en Ecuador tras la convocatoria de elecciones adelantadas para el 20 de agosto que hizo el presidente Guillermo Lasso en medio de una crisis política que buscaba su remoción del cargo.

El comandante aseguró que están tratando de lograr la detención de los cabecillas de los grupos criminales que operan en Esmeraldas, como los Tiguerones, Águilas, Gansters y NN, así como una facción de Los Lobos.

Desde hace meses el gobierno del presidente Guillermo Lasso decidió encomendar la vigilancia y el patrullaje en esa provincia a militares debido al desbordado auge de criminalidad y violencia.

(Con información de AP)

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