Pese a los avances, el caso Marielle Franco aún no está resuelto en Brasil: milicias, asesinatos políticos e investigaciones desviadas

El asesinato de la concejal de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y activista de derechos humanos Marielle Franco el 14 de marzo de 2018 junto a su chófer Anderson Gomes, volvió a ser noticia en Brasil con grandes novedades en la investigación. Gracias a la confesión del ex policía militar Elcio Queiroz que conducía el coche del comando mientras su cómplice Ronnie Lessa, también ex policía militar - que siempre ha negado cualquier acusación - disparaba salvajemente, un ex bombero de la policía militar Maxwell Simões Correa acabó en prisión en los últimos días.

Según la confesión de Queiroz, Correa era el propietario del coche donde estaban escondidas las armas del asesino, entre ellas una ametralladora MP5 propiedad del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía, el BOPE. La munición, por su parte, procedía de un lote irregular de la policía federal brasileña. El propio Queiroz reveló: “Hubo un incendio en el Batallón de Operaciones Especiales, en la armería, y esta arma aparentemente se perdió. En realidad, ésta y otras armas fueron sacadas de ese incendio, y esta en particular acabó en manos de una persona que no sé quién es, pero que consiguió vendérsela a Lessa”, dijo en su confesión.

Sin embargo, faltan dos puntos muy importantes para la conclusión de la investigación, saber quién fue el instigador y el motivo. En aquel marzo de 2018 con Michel Temer como presidente tras el impeachment de Dilma Rousseff, el estado de Río de Janeiro vivía una de sus temporadas más difíciles. Su ex gobernador Sérgio Cabral Filho estaba en la cárcel desde noviembre de 2016 envuelto en un escándalo de corrupción de proporciones gigantescas destapado por los magistrados de la operación Lava Jato. Su sucesor, Luiz Fernando Pezão, había heredado un estado fallido, por lo que suspendió el pago a los funcionarios públicos, desencadenando protestas diarias. La violencia había alcanzado tales picos sin precedentes que fue necesaria la ayuda del gobierno federal, que recurrió al ejército para gestionar la seguridad pública del estado. Si Marielle no hubiera sido asesinada, habría sido la ponente de una comisión instalada en la Cámara Municipal precisamente para acompañar y vigilar la recién decidida intervención militar. Además, el día anterior al asesinato, la valiente política había denunciado en las redes sociales la violencia de las operaciones policiales. Todo ello, sumado a su actividad política diaria, le había hecho ganarse numerosos enemigos.

En 2018, el entonces secretario de Seguridad Pública de Río, Richard Nunes, declaró que los instigadores del asesinato de Marielle se encontraban entre los miembros de la llamada milicia, es decir, grupos paramilitares que supuestamente la consideraban una amenaza debido a algunas invasiones de tierras que estaban gestionando en el este de Río de Janeiro. El periodista de investigación brasileño Allan de Abreu, uno de los mayores expertos del país en crimen organizado, explica a Infobae que “la milicia no es más que un control armado del territorio compuesto principalmente por ex policías. El problema en Río de Janeiro comenzó alrededor de 2000, 2001 en la favela de Río das Pedras con la justificación de combatir el crimen en la región y expulsar el narcotráfico a cambio de un impuesto de seguridad que los habitantes se veían obligados a pagar. Luego evolucionó hacia el pago de servicios básicos como la televisión ilegal por cable y el gas. Hoy el escenario ha cambiado, las milicias trafican con drogas con un modus operandi similar al de los grupos criminales que ya operaban en la ciudad”.

La investigación sospecha hasta ahora de un ex concejal municipal de Río de Janeiro y ex jefe de una milicia, Cristiano Girão, y también de un concejal expulsado del Tribunal de Cuentas de Río, Domingos Brazão. “Las milicias explotan el territorio, obligando a los habitantes a comprarles sólo a ellos, creando un verdadero monopolio comercial”, explica de Abreu a Infobae, “y hoy han llegado incluso a controlar la construcción civil, ocupando terrenos para construir edificios ilegales que luego venden a los habitantes. Es un poder paralelo que se aprovecha de un Estado completamente ausente”.

En el este de Río se libra desde hace tiempo una guerra por el control del territorio. Paradójicamente, también se ha creado un efecto perverso de emulación y ósmosis entre las milicias y los narcotraficantes. “Hoy las milicias y los narcotraficantes tienen un método de acción muy similar” - explica de Abreu a Infobae - “La milicia que nació para combatir el narcotráfico ahora trafica y las facciones criminales que nunca antes habían impuesto una tasa de seguridad u ofrecido servicios comerciales comenzaron a hacerlo. Tanto es así que las milicias acabaron aliándose con el grupo criminal Tercer Comando Puro (TCP) para luchar contra uno de los principales grupos criminales de Brasil, el Comando Vermelho (CV). Esta guerra dura ya hace mucho tiempo en Río de Janeiro, con diferentes ciclos, a veces se reduce, a veces se intensifica, pero está latente y es continua, hay enfrentamientos prácticamente todas las semanas y no hay perspectivas de mejora”.

La alianza de las milicias con el TCP dio origen a un nuevo modelo criminal, la “Unión 5.3″, donde 5 era una referencia a un grupo de milicias llamado 5M y 3 se refería al Tercer Mando Puro. La consecuencia ha sido un salto cualitativo para todos. Drones, chalecos antibalas, uniformes militares y radiotransmisores se convirtieron en parte fija de las tácticas de ocupación del territorio contra el CV, llegando incluso a la paradoja de que los criminales alquilaban el llamado ‘caveirão’, el vehículo blindado normalmente utilizado por la policía para entrar en las favelas. La característica de los criminales del TCP aliados a las milicias es una fuerte identidad religiosa como la de Fernandinho Guarabu, líder del Morro de Dendé, asesinado en 2019. Guarabu se autodenominaba ‘bandido de Cristo’, frecuentaba iglesias evangélicas, tenía paredes pintadas con frases religiosas e hizo expulsar de su territorio a todas las religiones de origen africano, como el Candomblé, destruyendo sus lugares de reunión, conocidos como ‘terreiros’. Las milicias no tuvieron ningún problema en aliarse con este “narcopentecostalismo” como lo han llamado los expertos, que se hace eco del lema que ha dominado el gobierno de Jair Messias Bolsonaro, “Dios, Patria y Familia”. Y es precisamente la familia Bolsonaro sobre la que ha planeado la sombra del asesinato de Marielle. El asesino, Ronnie Lessa, era de hecho vecino del ex presidente en un complejo de viviendas de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. Lessa dijo a la revista Veja que él y Bolsonaro no eran cercanos, pero que el ex presidente le había ayudado en 2009 a obtener prioridad en un servicio en la Asociación Brasileña de Rehabilitación Caritativa. En la investigación también se encontró una foto de Élcio Queiroz con Jair Bolsonaro tomada en octubre de 2018 y manifestaciones en su apoyo. El ex presidente ha siempre negado cualquier relación con el crimen o con los dos acusados.

En cambio, se mantiene el misterio revelado por el comisario de la Policía de Río de Janeiro, Giniton Lages, sobre el supuesto romance entre uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Jair Renan, y la hija de Lessa. En 2019 en una entrevista, el entonces presidente Bolsonaro informó de las palabras de su hijo “Me comprometí con todo el condominio, no me acuerdo bien de ella”. Según Bruno Paes Manso, investigador del Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo y autor del libro “La República de las Milicias”, “esta historia salió a la luz porque se detectaron intercambios de llamadas telefónicas entre la casa de Bolsonaro y la hija del asesino en el momento del asesinato. El problema es que la hija de Ronnie Lessa vivía en Estados Unidos. ¿Por qué entonces esas llamadas telefónicas?”

Con la esperanza de que el caso se resuelva pronto, el asesinato de Marielle es, sin embargo, una valiosa lección para el futuro de Brasil en muchos frentes. En primer lugar muestra cómo las malas investigaciones pueden desviar la búsqueda de la verdad durante años. Algunas de las personas implicadas en el asesinato nunca fueron interrogadas. Por ejemplo Edimilson Oliveira da Silva, conocido como Macalé, la conexión entre el instigador del asesinato y el asesino Lessa nunca fue investigada. Hoy es demasiado tarde porque Macalé fue asesinado en 2021. Por no hablar de las graves lagunas en la investigación, como la falta de registros telefónicos de los sospechosos y de imágenes de la escena del crimen.

Además, el asesinato de Marielle recuerda una vez más a todos los brasileños que en Brasil muere gente, y mucha, por motivos políticos. Según el Observatorio sobre el tema creado por el diario Estado de São Paulo, desde el asesinato de Marielle hasta la fecha otras 327 personas han perdido la vida por motivos políticos. Desde el final de la dictadura hasta hoy el número es mayor, 2053. Cada seis días muere un político por motivos electorales y de partido. Hace diez años, la media era de una muerte cada 11 días. “¿Brasil se ha vuelto menos democrático?”, se pregunta el Estado de São Paulo. En los últimos cuatro meses, ha sido asesinado el alcalde de São José do Campestre, en Rio Grande do Norte, Neném Borges, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Además de él, el concejal municipal de Itaguaru, en Goiania, Thiago Bala, del Partido Democrático Laborista (PDT), y la alcaldesa de Santa Cruz da Baixa Verde, en Pernambuco, Danda Gaia, del partido Podemos. Además, ayer Antônio Campos hermano del ex gobernador de Pernambuco Eduardo, fallecido en un accidente aéreo en 2014 cuando era candidato presidencial por el Partido Socialista Brasileño (PSB) contra Dilma Rousseff pidió que se reabra la investigación. “Brasil tiene derecho a saber las causas del accidente, si tuvo una connotación política y si existe la posibilidad real de que haya sido asesinado”, dijo.

Por último, más de cinco años después del asesinato de Marielle, es lamentable constatar que el poder criminal de las milicias, en lugar de frenarse, ha crecido de forma imparable. Además de salir de las favelas de Río, también empiezan a hacerse sentir en San Pablo, a pesar de la presencia del Primer Comando de la Capital (PCC). El año pasado, según una investigación de la policía civil, miembros de una milicia formada por ex policías militares que querían hacerse con el control de algunos suburbios del sur de San Pablo, como Capão Redondo, fueron asesinados por el PCC. Por otra parte, los milicianos habrían ofrecido recientemente sus servicios de protección a los habitantes del centro de la ciudad, invadido por consumidores de crack. Y la sombra de las milicias se ha hecho sentir incluso en este nuevo gobierno. La ex ministra de Turismo de Lula, Daniela Carneiro, hizo campaña junto a tres milicianos acusados en Belford Roxo, a las afueras de Río de Janeiro.