La fundación que recibió dinero del gobierno chileno y desató un escándalo se niega a devolverlo

Si hay un tema del que se ha hablado hasta la saciedad en Chile, ese es el llamado Caso Convenios.

Se trata de traspasos directos de fondos estatales a organizaciones para el trabajo en comunidades. Así fue como la fundación Democracia Viva recibió poco más de 500 mil dólares para el desarrollo de programas en campamentos de la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile.

El problema es que el representante legal de la organización es Daniel Andrade, pareja, en ese momento, de la diputada Catalina Pérez. Y quién asignó esos dineros fue el secretario regional del ministerio de Vivienda, Carlos Contreras.

¿Cuál era el problema? Que los tres eran militantes del partido oficialista Revolución Democrática. Contreras, incluso, fue jefe de gabinete de la diputada durante su primer periodo parlamentario. Si no hay delito, pues aún no se ha comprobado, al menos hay un evidente conflicto de interés.

Lo de Democracia Viva es el que destapó el Caso Convenios, y que ha hecho que se investigue todo traspaso hecho por el gobierno de Gabriel Boric y parte del de Sebastián Piñera a organizaciones sociales de todo tipo. De paso, abrió una serie de conflictos que tienen en problemas al oficialismo.

El 14 de julio, una resolución dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta dio a conocer una resolución mediante la cual terminaba el convenio con Democracia Viva y entregaba un plazo de 30 días para que la organización devolviera los recursos no rendidos, que suman poco más de 470 mil dólares y que correspondería al 92% del total entregado.

Pero la fundación interpuso un recurso de reposición en el que señala su disconformidad con las observaciones hechas por la rendición de cuentas de los dineros, lo que el ministerio está analizando.

De todas formas, el ministerio, a través de un comunicado aclaró que el reloj sigue corriendo y que el plazo estipulado de 30 días para devolución no ha cambiado. “La reposición no suspende el acto, es decir, siguen corriendo los 30 días. Sin embargo, la fundación solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito. Eso es lo que se está analizando”, aseguraron.

Democracia Viva, en otro comunicado, explicó que se ha dado a entender que no quieren devolver el dinero, lo que “no es así… Estamos en proceso administrativo de determinación de cuál es el monto que debemos devolver. Para eso hemos ingresado un recurso para que se considere el presupuesto realmente ejecutado y rendido”.

Ante eso, Carlos montes, ministro de Vivienda, elevó el tono. “Queremos ser claros. No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan”, afirmó.

Democracia Viva alega en el escrito de reposición que en la resolución mediante la cual se les obliga a devolver los dineros “no se respetó la garantía constitucional del debido proceso, por lo que solicitamos que se efectúe una nueva liquidación a través de un procedimiento claro a fin de acordar las cifras a devolver, considerando las rendiciones ya entregadas por parte nuestra”.

Por cierto, el recurso en cuestión ha abierto una serie de críticas transversales. En declaraciones al diario El Mercurio, el diputado Diego Ibáñez, presidente del partido Convergencia Social, dijo que “que si ellos no van a devolver la plata por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas, mediante tribunales y juicios”.

El diputado por Antofagasta Jaime Araya agregó que “lo único que uno puede suponer de la negativa a reintegrar los montos no rendidos es que los dineros podrían no estar disponibles y que lo que quieren es ganar tiempo”.

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