Después de los enfrentamientos que dejaron seis reos muertos y 11 heridos en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país ubicada en Guayaquil, el Servicio Nacional de Atención Integral (Snai) ha confirmado que los reclusos de 13 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre. Hasta el mediodía de este lunes, las autoridades gubernamentales no conocían los motivos de la medida adoptada por los prisioneros. Además, la entidad confirmó que 96 agentes penitenciarios están retenidos en cinco centros de rehabilitación del país.
Infobae conoció, a través de una fuente cercana a las prisiones, que tanto la huelga de hambre como la retención estaría relacionada con la intención de las autoridades de realizar traslados de miembros de Los Lobos que están en las cárceles del país. El Centro de Privación de Libertad de Azuay, más conocido como la cárcel de Turi, es el centro de operación de esta banda. Además, según la información extraoficial obtenida por este medio, el número de agentes retenidos sería de 140.
El colectivo ciudadano Mujeres de Frente también ha denunciado “amenazas de traslados masivos” que fomentarían la violencia carcelaría.
A través de un comunicado el Snai informó sobre la huelga de hambre. Ante la presión de los periodistas, la entidad encargada de las cárceles indicó, en un grupo de prensa, que “las autoridades de los centros de privación de la libertad impulsan el dialogo con los voceros de los centros penitenciarios para conocer los motivos de las medidas”.
Sobre los agentes retenidos, estos están en las cárceles de Napo (12), Cotopaxi (25), Azuay (40), Cañar (5) y El Oro (14), según la información oficial. De acuerdo con el Snai, la institución “ejecuta acciones coordinadas con Policía Nacional, para la liberación y retomar a la normalidad”. Los guías detenidos están en buen estado y son monitoreados constantemente.
La entidad ha informado que, desde que iniciaron los enfrentamientos el fin de semana, los protocolos de seguridad están activos en todas las cárceles del país. El Comité de Seguridad en Crisis, integrado por unidades especiales de la Policía y las Fuerzas Armadas, “se mantiene en el puesto de mando general unificado”.
Entre febrero de 2021 y 2022 se registraron once masacres carcelarias que dejaron más de 400 presos asesinados. El último informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Únicamente entre el 2020 y el 2022, se cuentan 458 muertes, 39 más que el registro oficial.
Según los resultados del último censo penitenciario, el 39,7 % de los prisioneros, hombres y mujeres, en Ecuador se sienten inseguros en las cárceles. Aproximadamente un cuarto de la población carcelaria dice sentirse inseguro incluso dentro de su celda. En Ecuador la población carcelaria asciende a más de 31.300 personas. El 94% de los reclusos en el país son hombres y el 6 % son mujeres.
Sobre la seguridad y condiciones de vida, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no se sienten seguras en las prisiones. Alrededor del 25% no se sienten seguros en sus celadas y seis de cada diez consideran que las porciones de alimento que reciben a diario no son suficientes.
La crisis carcelaria en Ecuador fue la antesala para la violencia que los ciudadanos enfrentan diariamente en las calles del país. El año pasado, Ecuador alcanzó una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100 mil habitantes. No obstante, durante el primer semestre del 2023, la violencia que enfrenta el país ha incrementado casi en un 60 % con respecto al 2022.
La evolución de las muertes violentas desde el 2019 demuestran el considerable incremento. En el 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 6.9. En 2020, este indicador se situó en 7.8. Para el 2021, la tasa era de 13.9, el doble con relación a los últimos dos años. El aumento de la tasa coincidió con el inicio de las masacres carcelarias, que en 24 meses dejaron más de 400 reos asesinados. Finalmente, en el 2022, el indicador casi volvió a duplicarse y se colocó en 25.6. Para el 2023, se prevé que esa tasa continúe en aumento y llegue a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto convertiría a Ecuador en el país más violento de la región.
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