La frontera ecuatoriana es vulnerable y aunque esto ya ha sido detectado como una problemática por parte de las autoridades, que incluso han desplegado a más efectivos militares en estas zonas, aún no se ha logrado un control efectivo. Sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que gracias a la información de los servicios de inteligencia militar, la última semana se localizaron dos laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína. El hallazgo sucedió en San Lorenzo, en Esmeraldas, al norte del país.
Estos laboratorios se suman a otros cuatro desmantelados desde junio del año pasado. De acuerdo con la información oficial, estos centros clandestinos tenían la capacidad de producir de tres a cuatro toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. Como parte de las evidencias, los miembros de las Fuerzas Armadas encontraron 315 galones de acetato, cinco calderas y precursores químicos que sirven para elaborar pasta base y refinar cocaína.
Los militares destruyeron los laboratorios utilizando explosivos, según reportaron los medios locales.
Las autoridades han reconocido que Ecuador se encuentra sumido en escenarios violentos sin precedentes y han direccionado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. Para la Policía, la principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico se genera por la ubicación geográfica del país.
Por una parte, Ecuador está en medio de los dos principales productores de cocaína del mundo: Colombia, al norte del país, y Perú, al sur. A esto se suma la poca extensión territorial que permite la movilización entre las fronteras en un tiempo aproximado de 12 horas. La dolarización y el bajo nivel de bancarización permiten el blanqueo de capitales y el perfil costanero, con varios puertos pero con pocos controles, facilita el tráfico ilegal de drogas: “El conjunto de riesgos y debilidades han convertido al Ecuador en una plataforma priorizada para el acopio y envío de droga a los mercados internacionales mediante las modalidades de tráfico marítimo, terrestre y aéreo”, se lee en un reciente estudio elaborado por la Unidad de Antinarcóticos.
Esmeraldas, la provincia fronteriza que se ha convertido en un punto clave para la cadena de envío de alcaloides, refleja un indicador alarmante por la ola de violencia. Solo en 2022, hubo 517 muertes, lo que generó una tasa de 63,03 muertes por cada 100.000 habitantes, según las cifras de la Policía. El incremento de la violencia en esta zona históricamente abandonada por el Estado manifiesta a “los problemas sociales como la desigualdad social con niveles elevados de pobreza, lo que se agrava debido a su ubicación geográfica la cual tiene frontera terrestre y marítima con los enclaves productivos de Nariño y Putumayo que concentran el 62% de la producción de coca de Colombia”, según el estudio.
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