Estados Unidos cierra el cerco sobre el presidente de Guatemala en medio de la crisis electoral

Washington estrecha el cerco al gobierno de Guatemala y apunta con láser al entorno más íntimo del presidente Alejandro Giammattei con sanciones administrativas a funcionarios cercanos a Miguel Martínez, el operador político más influyente del gobierno y uno de los hombres más poderosos de Guatemala.

El pasado miércoles, el Departamento de Estado (DOS) en Washington hizo pública la actualización más reciente del Reporte de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Centroamérica, en la que aparecen esta vez, en el capítulo guatemalteco, Melvin Quijivix Vega y Omar Barrios Osorio, dos funcionarios cercanos a Miguel Martínez, el alfil de Giammattei. El reporte en que se lista a estos funcionarios también es conocido como Lista Engel por el apellido del congresista demócrata que propuso la ley que le da vida. Desde 2019, cuando esa ley fue aprobada, casi dos centenares de centroamericanos han sido enlistados, entre ellos 48 guatemaltecos

Quijivix es el presidente de la Instituto Nacional de Electricidad y Estados Unidos lo acusa de estar implicado en actos de “corrupción significativos utilizando su posición y conexiones para otorgar contratos del gobierno de forma inapropiada e ilegal a compañías específicas, en muchos casos a una de la que él es dueño”.

Y a Barrios Osorio, presidente de la Comisión Nacional de Puertos, Washington lo incluyó en la Lista Engel por “socavar procesos e instituciones democráticas al conspirar para intimidar y acosar a una fiscal que denunció actividades de corrupción”. Estos dos funcionarios, según un investigador guatemalteco consultado que trabajó de cerca con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), están entre los más cercanos a Martínez y han sido operadores fieles a él y al presidente.

Miguel Martínez, un ingeniero de 33 años, ha sido, desde el inicio de la presidencia Giammattei, una especie de jefe de gabinete sin cartera. Empezó a amasar poder cuando el presidente lo nombró director del Centro de Gobierno, una pequeña oficina que, en la práctica, se dedicó a coordinar las actividades del Ejecutivo. Martínez, además, se convirtió en el mandamás de Vamos, el partido del mandatario.

El rol de Martínez fue importante durante la pandemia de Covid-19, la cual marcó la primera mitad de la administración. Giammattei quedó golpeado por la pandemia y, según un análisis del medio independiente Plaza Pública, la mala gestión sanitaria tumbó la popularidad del presidente y lo obligó, entre otras cosas, a cerrar el Centro de Gobierno. Martínez, sin embargo, nunca perdió su poder, más bien lo hizo crecer.

“Miguelito -como se le conoce popularmente en Guatemala- es el poder emergente, ya tiene tanto poder que es capaz de mirar a la cara a los miembros de las élites de siempre en Guatemala… Es la persona con la que han tenido que negociar”, dijo a Infobae un ex funcionario del sistema judicial quien habló desde el anonimato por seguridad.

En Washington, el nombre de Martínez ya sonaba en los pasillos del Departamento de Estado al menos desde finales de 2021, cuando, diluidos los efectos políticos de la pandemia Covid, los análisis sobre la relación con los países centroamericanos volvían a centrarse en las dinámicas políticas internas de cada uno de ellos. En el caso guatemalteco fueron otros nombres los que ocuparon las discusiones, sobre todo los de políticos, empresarios y activistas de ultraderecha embarcados en perseguir a ex fiscales y jueces que habían llevado casos de corrupción contra los poderosos.

La influencia de Martínez empezó a ser más obvia en el caso que la justicia guatemalteca montó contra el periodista José Rubén Zamora, uno de los más influyentes del país y duro crítico de Giammattei. El Ministerio Público (MP), dirigido por una aliada política del presidente, empezó a montar un caso por supuesto lavado de dinero contra Zamora en 2021 y lo arrestó el 29 de julio de 2022. Cuatro días antes, El Periódico, dirigido por Zamora, había publicado un artículo titulado “La fábula del ogro y el principito azul que lo quería todo”, una alegoría de la relación entre el presidente y Martínez que desató la ira de ambos, según personas del entorno cercano al periodista.

Luego vino la crisis electoral que inició el 25 de junio, cuando en las elecciones generales de ese día los guatemaltecos auparon al partido Movimiento Semilla, de centro izquierda y oposición, para que enfrente en segunda vuelta a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres, una exprimera dama que, sin ser de la misma órbita política de Giammattei, ha hecho alianzas con él en el Congreso. El partido del presidente y otros cercanos a él perdieron de forma estrepitosa.

Tres días antes de las elecciones, el 22 de junio, una investigación periodística puso a Miguel Martínez en el centro de la atención pública, no solo en Ciudad de Guatemala, también en Estados Unidos. Aquel día, The New York Times publicó un reportaje según el cual una magistrada del Tribunal Supremo Electoral llevó a la embajada estadounidense en la capital guatemalteca evidencia de que Martínez había intentado sobornar a los jueces electorales para influir en los resultados del 25J. Horas antes de la publicación, Martínez había adelantado los hechos y había dicho en una improvisada rueda de prensa que la publicación del periódico estadounidense era una fabricación.

Lo cierto es que tras esa exposición pública, el nombre de Martínez estaría en el centro de las discusiones que se han sucedido con frenesí en Washington tras la jornada electoral guatemalteca. “Ya era un nombre que estaba ahí, pero lo del Times le puso más la lupa”, dijo a Infobae un asistente legislativo demócrata.

Tras el sorpresivo desempeño del Movimiento Semilla en las elecciones presidenciales, operadores políticos cercanos a Giammattei se han movido para intentar revertir el resultado electoral en las cortes o a través de persecuciones penales confeccionadas en el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, aliada del presidente y también sancionada por Estados Unidos.

A esos intentos Washington respondió con su nueva versión de la Lista Engel, incluyendo esta vez a Cinthia Monterroso, una de las fiscales que persiguió al periodista José Rubén Zamora y hoy encargada de un proceso penal contra miembros del Movimiento Semilla, y al juez Fredy Orellana, quien a petición del MP suspendió temporalmente al partido político de oposición para intentar impedir su participación en el balotaje. A ellos y a los hombres de Miguel Martínez.

En la versión de la Lista Engel publicada el 19 de julio están también los funcionarios cuyos nombres llevan hasta la presidencia, Melvin Quijivix y Omar Barrios, los cercanos a Miguel Martínez y Alejandro Giammattei. “Estas sanciones siempre llevan mensajes políticos y este es uno para Giammattei… La administración (Biden) se quedó corta al no nombrar directamente a Martínez, pero le mandó un mensaje… (a él) y al presidente con las personas que incluyó (en la lista)”, consideró un ex diplomático estadounidense que trabajó en Centroamérica y habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de forma pública.

El mensaje, en el caso de esta versión de la Lista Engel, llega sobre todo a través de Barrios, el jefe portuario, un abogado que fue defensor de una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, quien es también otra de las piezas del presidente Giammattei en el tablero político guatemalteco.

Barrios fue subalterno de Leyla Lemus en la Secretaría General de la Presidencia de Giammattei. En esa dependencia, ambos tenían una relación de trabajo diario con el presidente. De ahí, Lemus saltó a la Corte de Constitucionalidad (CC), uno de los más altos tribunales de la nación y el cual también ha sido cuestionado por el rol que ha jugado en la crisis electoral vigente. A inicios de julio, la CC dejó en el limbo los resultados electorales que favorecieron al Movimiento Semilla al ordenar reconteos y revisiones de escrutinios. Una de las magistradas que dio paso a aquello fue Lemus.

Mucho antes de coincidir en la presidencia de Giammattei y de que ella obtuviera un puesto en el Constitucional, Omar Barrios había defendido a Lemus en un polémico caso judicial cuyas ramificaciones llegaban también hasta Alejandro Giammattei por el rol que, según la justicia guatemalteca de entonces, jugó en una política de exterminio impulsada desde el Estado. El actual presidente era, en aquellos años, director de prisiones.

A Leyla Lemus el Ministerio Público de entonces y la CICIG -la comisión internacional de apoyo a la fiscalía auspiciada por la ONU- la investigaron por sospechas de que había obstruido la justicia en un caso contra Víctor Rivera, un asesor venezolano que dirigía en Guatemala grupos de exterminio enquistados en la policía y en las cárceles. En una red similar de ejecuciones extrajudiciales también se implicó a Giammattei, quien incluso estuvo preso unos días por aquellas acusaciones, pero al final fue liberado y el caso en su contra desechado. Fue Omar Barrios, hoy sancionado por Estados Unidos, quien defendió a Leyla Lemus de aquellos cargos.

En Washington, las sanciones e inclusiones recientes en la Lista Engel han vuelto a poner a Alejandro Giammattei como principal protagonista de la crisis política que vive Guatemala tras las elecciones del 25J. Hay quienes lo mencionan con nombre y apellido.

Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco y una de las que ha seguido más de cerca la política exterior de la administración Biden en Centroamérica, pidió sanciones al gobierno de Giammattei y lo responsabilizó de la crisis.

“Después de múltiples intentos de influir de forma indebida en el proceso de votación, el régimen de Giammattei trató de suspender al candidato anticorrupción y a su partido. Esta es una afronta a la democracia y una desagradable muestra de irrespeto al pueblo de Guatemala”, escribió Torres en su cuenta de Twitter el 13 de julio pasado, un día después de que el fiscal Rafael Curruchiche anunció que, a petición suya, un juez había suspendido temporalmente la personería jurídica del Movimiento Semilla.

En una carta que envió al secretario Anthony Blinken el 20 de julio, la cual firmó juntó a otros tres congresistas demócratas, Torres señala que Giammattei fue investigado por dos casos de corrupción, uno relativo a un supuesto soborno recibido de mineros rusos y kazajos y otro por coimas que se supone le entregó un ex funcionario. También, dicen los congresistas, el presidente de Guatemala es parte del grupo que ha perseguido a ex fiscales, jueces y periodistas que los investigaron por corrupción y otros crímenes. En ese grupo están buena parte de los señalados en la Lista Engel, incluidos los socios del presidente y de Miguel Martínez.

Torres y los otros demócratas piden a Blinken medidas más drásticas y sanciones económicas más en línea de las impuestas a regímenes autoritarios del continente, como el de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela. Por ejemplo, considerar la posibilidad de sacar a Guatemala del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés), prohibir que el país reciba fondos de cooperación y excluirlo de una iniciativa de inversión privada promovida por la Casa Blanca como parte de su plan centroamericano.

Ya otro congresista, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, había lanzado la idea de sanciones económicas a un vecino centroamericano de Guatemala, El Salvador de Nayib Bukele, varios de cuyos funcionarios han sido señalados en versiones anteriores de la Lista Engel. Por ahora, en el caso salvadoreño, la propuesta de sacarlo del CAFTA no ha prosperado.

En Guatemala, algunos actores que se aliaron a Giammattei, como el sector privado, parecen haberlo dejado solo durante la crisis electoral. Incluso algunos magistrados de las altas cortes que no llegaron ahí por influencia del presidente o de Miguel Martínez, y los jueces del tribunal electoral han cedido a la presión doméstica e internacional que siguió a los intentos por revertir los resultados del 25J. El entorno de Giammattei, incluido el Ministerio Público, siguen en pie y en las últimas horas ordenaron allanamientos y capturas a personal del TSE en un nuevo intento por revivir el caso contra el Movimiento Semilla.

El gobierno de Giammattei, por ahora, hace oídos sordos a los señalamientos y a la presión de Washington y acusa a la administración Biden de injerencista, como ya lo hizo en el pasado, cuando la Casa Blanca criticó en 2022 la reelección como fiscal general de Consuelo Porras, quien ha protegido al presidente en los casos que lo involucran. O cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) incluyó a Guatemala en la lista de países violadores de derechos humanos y el gobierno guatemalteco lo atribuyó a influencias de Estados Unidos.

A Alejandro Giammattei, si el proceso electoral supera todos los escollos legales, le quedan cerca de seis meses en la presidencia. La influencia de Miguel Martínez, el hombre que controla los hilos del poder, puede continuar a través de la bancada de Vamos, el partido del presidente, en el nuevo congreso. A menos que Estados Unidos decida, en una futura versión de la Lista Engel, incluirlos en la nómina de actores antidemocráticos y corruptos y que una nueva configuración política posibilite investigaciones penales, como ya ocurrió con Jimmy Morales, el antecesor de Giammattei, quien ha sido investigado por varios delitos y ha evadido la cárcel gracias al fuero que obtuvo como diputado del parlamento centroamericano.

Algo parecido sucedió con Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, quien hoy está preso por narcotráfico en Nueva York: cuando dejó de ser presidente de su país en enero de 2022 se hizo público que había sido incluido en la Lista Engel. Casi cuatro meses después, en abril, fue extraditado a Estados Unidos.

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