Lula entra en su segundo semestre de gobierno con datos económicos inciertos y nuevas alianzas políticas en Brasil

Han pasado nueve meses desde el final de la campaña electoral en la que Luiz Inácio Lula da Silva desafió al entonces presidente Jair Messias Bolsonaro en una serie de puntos que ahora, al inicio de su segundo semestre, para muchos son la verdadera prueba de fuego de su gobierno y corren el riesgo de convertirse en bumeranes. Desde la política exterior hasta la interior, pasando por la economía, existen numerosas contradicciones entre sus promesas de campaña y su actual gobierno. Ciertamente, los brasileños no han olvidado los ataques de Lula en los debates televisados sobre la injerencia bolsonarista en el Supremo Tribunal Federal (STF) para nombrar a amigos y compañeros de partido. Pero una vez convertido en presidente fue el propio Lula quien nombró para el STF a Cristiano Zanin, su abogado que le había defendido durante toda la operación anticorrupción Lava Jato que culminó con su detención.

En cuanto a la economía, en la campaña electoral Lula se negó a presentar los detalles de un plan económico. Esto no desanimó a sus votantes, pero provocó incertidumbres e incógnitas en la primera mitad del año que, en parte, tendrán que resolverse en la segunda. La principal se refiere a la reforma fiscal recientemente aprobada en la Cámara, que tendrá que aclarar algunos de sus aspectos considerados críticos por los expertos. Empezando por el valor final del tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que antes se estimaba en torno al 25% y ahora ronda el 28%, una hipótesis que, de confirmarse, convertiría a Brasil en el país con el IVA más alto del mundo.

También se deberá aclarar el punto del texto de la reforma que permite a los Estados gravar los bienes destinados a la exportación. Se trata de una medida que en países como Argentina ha resultado desastrosa desde el punto de vista del comercio exterior. En cambio, la reforma de la declaración de la renta se ha aplazado al segundo semestre del año. En concreto, el ministro de Economía, Fernando Haddad, anunció en los últimos días la principal medida que tiene previsto proponer en agosto, es decir la tributación de los llamados “fondos exclusivos”, también conocidos como fondos de los superricos y de los fondos offshore, con el objetivo de recaudar en dos años 10.000 millones de reales, unos 2.100 millones de dólares. Son muchos los que dudan de la posibilidad real de gravar estos fondos, dado que la mayoría de los superricos que poseen fondos en el extranjero utilizan mecanismos legales como los trusts, a menudo para ocultar su propiedad y así no declararlos en Brasil.

Pero, sobre todo, en los próximos seis meses el Gobierno tendrá que lidiar con los datos de la economía, empezando por el crecimiento de la deuda pública, que sólo en junio aumentó un 2,95%, hasta los 6,19 billones de reales, unos 1,26 billones de dólares según datos del Ministerio de Economía. El reto será mantener en los próximos seis meses las estimaciones del Tesoro Nacional de entre 6,4 y 6,8 billones de reales. También habrá que vigilar el Producto Interno Bruto, dado el desastroso resultado de mayo del Índice de Actividad Económica (IBC-BR), un indicador clave del PIB porque refleja las actividades de la industria, los servicios y la agricultura, que cayó un 2%, el peor dato desde marzo de 2021, en plena pandemia. Por último, el Ministerio de Planificación y Presupuesto ha aumentado la proyección de déficit primario para 2023 de 136.200 millones de reales, unos 28.500 millones de dólares, a 145.400 millones de reales, es decir 30.440 millones de dólares. La segunda mitad del año será también la prueba de las hasta ahora tumultuosas relaciones de Lula con el Banco Central y su presidente Roberto Campos Neto, a quien el presidente acusa de no reducir la tasa Selic, actualmente en el 13,75. El reciente nombramiento como director de Política Monetaria del Banco Central - independiente de 2021 - de Gabriel Galípolo, puede caldear aún más los ánimos en los próximos meses, pues ese economista heterodoxo de confianza del Gobierno ya ha polemizado con Campos Neto acusándole de censurar sus entrevistas, acusación desmentida posteriormente por un comunicado del Banco Central.

En el frente político, aunque el ministro Fernando Haddad no tuvo más que elogios para el Congreso, afirmando que “ha demostrado una madurez que debemos aplaudir”, Lula tendrá que seguir negociando en particular con el llamado Centrão, el centro, cuyo apoyo es crucial para gobernar. Tras pagar 11.000 millones de reales sobre pedido de los parlamentares, cerca de 2.300 millones de dólares antes de casi todas las votaciones cruciales, el presidente ha reactivado incluso empresas estatales que, paradójicamente, él mismo había extinguido en enero. Es el caso de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA) reactivada estos días sólo para distribuir cargos y fondos. Además, como ya ocurrió al final del primer semestre con el reemplazo de la ministra de Turismo, Daniela do Waguinho por Celso Sabino, ambos del partido Unión Brasil, probablemente se cambien otros ministros, el primero ya en agosto, con más espacio para partidos de centro como los Progresistas y los Republicanos, según pudo averiguar Infobae.

Señales surgidas en los últimos días sugieren que en los próximos seis meses Lula también buscará el diálogo político con el grupo de la bancada evangélica. Si en la campaña electoral el acercamiento había sido sólo formal para aprovechar su cantera de votos, en el segundo semestre se convierte en estratégico para asegurarse un apoyo más amplio en el Congreso. Mientras el actual coordinador de la bancada evangélica en la Cámara, Eli Borges, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, se muestra totalmente refractario a cualquier diálogo con el Gobierno su sucesor, Silas Câmara, del Partido Social Demócrata (PSD), ha dado claras muestras de apertura. Esto explica por qué Lula se mantiene al margen de cuestiones críticas para esta parte del electorado, como el aborto.

En cuanto a la política exterior, Lula seguirá viajando. Tras los 10 viajes internacionales del primer semestre, el presidente ya tiene en su agenda un viaje a Santo Tomé y Príncipe para asistir a la reunión de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y a Sudáfrica, para la reunión de los países BRICS, que incluyen a Rusia, India y China. También es segura su presencia en la conferencia sobre el clima, la COP28, que se celebrará en Dubai a finales de noviembre. En el frente exterior, Lula seguirá promoviendo la Amazonia como estandarte del medio ambiente, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su postura ante regímenes autocráticos como el de Venezuela y de Nicaragua, que en los últimos días le ha llevado incluso a criticar a su homólogo chileno Gabriel Boric. “Es un joven sediento y apresurado”, dijo después que el presidente de Chile había denunciado en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el Caribe (Celac) la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro y de Ortega.

La cercanía con regímenes autoritarios como el nicaragüense, recordemos, fue ampliamente denunciada por Bolsonaro durante la campaña electoral hasta el punto de que el Supremo Tribunal Federal intervino obligando a retirar cualquier post en redes sociales sobre el tema. Sin embargo, fue la disidencia nicaragüense la que acusó a Lula a finales de junio en una carta abierta sobre la aprobación de una resolución en la Organización de Estados Americanos. “Las propuestas presentadas por Brasil pretenden sembrar la duda sobre la brutalidad sin precedentes de la dictadura Ortega-Murillo contra miles de ciudadanos”, reza el texto, “ofendiendo a los familiares de los fallecidos y a todas las víctimas de la represión del régimen”. Y si el codiciado Premio Nobel de la Paz parece cada vez más lejano, la cuestión del conflicto ucraniano sigue siendo una espina clavada para los próximos meses. Lula tendrá que tener cuidado con sus declaraciones, que en la primera mitad del año han creado no pocos problemas a su equipo diplomático. Tanto es así que el grupo que redacta sus discursos oficiales a partir del jueves ha sido reforzado tras la última metedura de pata en Cabo Verde, cuando Lula declaró estar agradecido a África “por todo lo que se produjo durante 350 años de esclavitud en Brasil”.

Por último, en el frente de la comunicación y la democracia, los próximos seis meses permitirán comprender mejor si el proyecto de control de las plataformas sociales se extinguirá definitivamente o resucitará tal vez bajo otra forma, dado que Lula firmó esta semana en Bruselas un compromiso de cooperación entre América Latina y Europa “para promover un modelo de transformación digital responsable”. Sin embargo, estos días ha levantado polémica la petición de la Procuraduría General de la República (PGR) al STF para que obligue a las principales plataformas sociales a divulgar una lista con nombres y datos de identificación de todos los seguidores de Bolsonaro, en el marco de las investigaciones del 8 de enero, y que ha sido calificada de inconstitucional por muchos expertos como Rafael Zanatta director de Data Privacy Brasil. “La privacidad y la libertad de asociación son dos derechos fundamentales garantizados por la Constitución que se violan con esta petición”, declaró al diario O Globo, “así como también se viola un tercer derecho fundamental, que es la falta de base legal para este tipo de petición, ya que no hay pruebas de delito que la justifiquen”. También habrá que esperar a los próximos meses para ver si se aprueba el proyecto de ley anunciado ayer por Lula. Se trata de una alteración del Código Penal para imponer una pena de hasta 40 años por delitos que atenten contra la vida del Presidente de la República, de su adjunto, del Presidente de la Cámara y del Senado, de los magistrados del Supremo Tribunal Federal y del Procurador General de la República. Según el proyecto de ley quien organice movimientos considerados antidemocráticos podrá ser condenado a penas de hasta 12 años de prisión, en un país que no prevé la cadena perpetua, sino penas de máximo 30 años.

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