Avanza en Uruguay el caso de Sebastián Marset, el narco prófugo investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

La de Sebastián Marset podía ser la vida de un futbolista profesional, de un productor musical, de uno agropecuario, de un contratista o la del dueño de un taller. Pero todas esas facetas que este uruguayo de 32 años en algún momento de su vida escondían su verdadera vida: la de un narcotraficante.

La polémica en torno a su nombre se hizo pública cuando se conoció que el gobierno uruguayo le había otorgado un pasaporte que le permitió escapar de la justicia paraguaya. Antes, Marset había sido detenido en Dubái, por intentar cruzar a Turquía con un documento falso.

Al no poder ser liberado a través del embajador uruguayo en Qatar, Ángel Barchini, Marset solicitó al gobierno uruguayo que le otorgara el pasaporte en el consulado en Emiratos Árabes Unidos. En noviembre de ese año, la Dirección Nacional de Identificación Civil –la oficina del Ministerio del Interior encargada de otorgar los pasaportes– le imprimió uno a Marset, con vigencia hasta 2031. Un mes después, quedó en libertad.

En agosto, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, citará a declarar en calidad de indagados a los ministros uruguayos Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo para que den sus explicaciones.

Investigadores coinciden en que Marset es el narco uruguayo de mayor poder y representa una amenaza jamás atravesada. Además de tener varios frentes de investigación abiertos y ser considerado responsable de grandes cargamentos de droga incautados, el uruguayo está siendo investigado en Colombia por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci, un fiscal antidrogas paraguayo.

El primero de diciembre de 2012, la Justicia uruguaya iniciaba una investigación contra Sebastián Marset, que finalizó con su procesamiento sin prisión por receptación (ayudar a los responsables de un delito). Diez meses después, fue procesado por tenencia de estupefacientes.

Tenía 21 años cuando se acercó a Juan Domingo Viveros Cartes, tío del ex presidente paraguayo, Horacio Cartes. En ese entonces coordinó la llegada a Uruguay de 450 kilogramos de marihuana en una avioneta piloteada por el propio Juan Domingo, apodado “Papacho”. Así fue como, en julio de 2012, la Justicia condenó al paraguayo (Operación Wayra) y, en octubre de 2013, a Marset, luego de un operativo en el que fue detenido con marihuana y cocaína (Operativo Halcón). Días después, Marset admitió que era el destinatario del cargamento incautado por la operación Wayra.

El uruguayo ingresó en el Penal de Libertad, una de las mega prisiones uruguayas de gran población carcelaria. Según coinciden investigadores, su pasaje por esta cárcel le permitió ampliar su red de contactos y vincularse a otros narcotraficantes que se encontraban cumpliendo penas en el centro de detención.

Al salir de prisión en 2018 fue detectado viajando a Paraguay y a Bolivia, situación que prendió las alarmas de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Paraguay por intermedio de la DEA, según informó El Observador. Ese mismo año fue procesado por el homicidio de su mejor amigo en el balneario Las Toscas, asesinado de un disparo en la playa.

En enero de 2019, intentó tramitar el pasaporte uruguayo a través del consulado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero la solicitud fue rechazada porque tenía dos causas abiertas en el país. Mientras tanto, utilizaba un pasaporte boliviano con una identidad falsa y forjaba, en las tinieblas, un imperio.

Ya en 2020 Marset, su pareja Gianina García Troche -también uruguaya- y sus dos hijos se instalaron en Paraguay. Los lujos no le eran ajenos: autos de altísima gama -uno de ellos blindado-, un departamento millonario en Asunción -piso 15 del Palacio de los Patos- y una serie de supuestos nuevos trabajos a través de los cuales se presume que lavaba dinero.

Marset se asoció al narco Jose Insfrán, fundador de Mastian Productions, una empresa encargada de producir eventos. Según El Observador, Romeo Santos, Chichi Peralta y Rombai fueron algunos de sus clientes. También estuvo vinculado a través de uno de sus testaferros, Alberto Koube Ayala, al Grupo Tapyracuai S.A, una empresa de venta de vehículos todo terreno, motocicletas y embarcaciones que después se convirtió en Total Cars, con sede en Asunción y Ciudad del Este (Paraguay).

A través de otro dos testaferros, el clan de Marset estuvo vinculado a otras corporaciones, entre ellas Industrial Aceitera S.A.C, en Capiatá, y San José Import-Export, en Ciudad del Este.

En 2021 decidió ser futbolista profesional y, luego de pagar USD 10.000 por la camiseta número 10, se hizo su lugar en Deportivo Capiatá, un equipo de la B paraguaya. Marset habría invertido importantes sumas de dinero en el club e incluso le regaló dos yates, una quinta y una casa al entrenador, según informó La Diaria.

También estuvo vinculado al club Rubio Ñu y realizó inversiones para remodelar el estadio y mejorar las instalaciones del club. En ese ámbito, desarrolló diversos mecanismos para lavar dinero, como por ejemplo convirtiendo a sus empresas en auspiciantes de los cuadros ya mencionados y más, como River Plate de Paraguay. Se presume que otra de estas maniobras fue la venta de jugadores al Trikala, un equipo de la B griega. Poco tiempo después dio sus primeros pasos como contratista.

Marset invertió importantes sumas de dinero en el club Deportivo Capiatá (Paraguay) e incluso le regaló dos yates, una quinta y una casa al entrenador

Para poder montar lo que la inteligencia regional llamó “clan familiar”, Marset se rodeó de familiares y conocidos que lo ayudaban a disimular sus negocios ilícitos a través de la conformación de empresas e inversiones. Entre los identificados por oficiales de inteligencia de Brasil, Argentina y Paraguay como parte del clan se encuentran a su pareja Gianina García Troche y al menos ocho personas más.

Además, aparece Federico Santoro Vasallo, un uruguayo buscado por Interpol por ser el presunto encargado de transportar a los pasajeros del avión iraní Emtrasur que aterrizó en Argentina. Según la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Zully Rolón, Santoro es una pieza clave en la circulación de dinero proveniente del narcotráfico entre la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil.

En tanto, Marset se habría asociado al clan de la familia Insfrán, liderado por el paraguayo Miguel Ángel Isfrán -conocido como Tío Rico-, informó la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senad, la Secretaría Antidrogas del Paraguay.

Mientras forjaba todo este frente de empresas, su carrera como narcotraficante crecía en la oscuridad: producía cocaína en Bolivia, la acopiaba en Paraguay y la distribuía principalmente en el mercado europeo.

Según detalla la Senad, el narcotráfico consta de cinco etapas y Marset se encargaba de ellas en su totalidad. La producción la llevaba a cabo principalmente en Bolivia y Colombia. El tránsito, desde Bolivia hacia el Chaco paraguayo, en donde se distribuía a lo largo y ancho del territorio para su acopio, en distintos lugares. Luego llegaba el momento de la exportación y distribución en el mercado internacional. Por último, el lavado de dinero recaudado a través de distintas actividades pantalla. Para concretar todas las distintas etapas, el clan familiar contaba con aviones, pilotos, campos y camiones, entre otros inmuebles y vehículos.

En septiembre de 2021, Sebastián Marset fue detenido en Dubái por intentar cruzar la frontera portando un pasaporte paraguayo falso. Al no poder ser liberado a través del embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini, Marset solicitó al gobierno uruguayo que se le otorgara el pasaporte en la sección consular de la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos. En noviembre, la Dirección Nacional de Identificación Civil imprimió su pasaporte con vigencia hasta 2031 y, en enero de 2022, quedó en libertad y pudo continuar su recorrido. Desde ese momento se encuentra prófugo y tiene desde marzo una orden de captura emitida por Interpol.

En Uruguay, sus antecedentes se habían extinguido y las causas que tenía abiertas se habían archivado por falta de pruebas. Esa fue la justificación utilizada por el gobierno uruguayo para la expedición de su pasaporte. Esta entrega generó repercusiones de todo tipo que desembocaron en una interpelación a dos ministros convocada por el Frente Amplio y en una investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación.

La noticia generó una serie de cuestionamientos a las autoridades relacionadas a la entrega de pasaportes. Los jerarcas del Ministerio del Interior y la Cancillería debieron dar explicaciones por haberle dado el documento al narcotraficante al Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo.

Los jerarcas argumentaron que no sabían que Marset era un narcotraficante al momento de entregar el pasaporte.

Tras esa comparecencia, la Fiscalía uruguaya inició su investigación de oficio. El fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, citará a declarar en el mes de agosto en calidad de indagados a los ministros Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo para que dieran sus explicaciones.

El vocero de Fiscalía aclaró que la citación como indagados no significaba que los ministros tuvieran algún grado de culpabilidad en el caso, sino que les permite que puedan asistir a la audiencia con un abogado.

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