El gobierno de Luis Arce acaba de admitir que ha perdido el control de la minería ilegal del oro, mientras las noticias sobre la exportación de cocaína revelan que también ese frente está descontrolado.
Carla Quispe, directora jurídica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dice: “Lastimosamente la actividad minera ilegal ha proliferado y ha rebasado un poco la capacidad institucional de la AJAM, porque hay que reconocer que no contamos con el apoyo de personal y económico”.
Nadie del gobierno ha hecho un balance similar acerca de la droga, pero las noticias son más que suficientes: en los últimos treinta días se ha sabido de 17 toneladas de droga boliviana enviadas a España, de 10 toneladas encontradas en Alemania, tres avionetas que cayeron en Paraguay y Argentina, además de otras cuatro precipitadas en Bolivia.
Un operativo para controlar la minería ilegal en el río amazónico Madre de Dios llevó a la captura de 88 personas que estaban explotando oro sin autorización, pero eso ha provocado que los afectados denuncien que muy cerca de allí hay por lo menos 300 dragas de empresas chinas a las que el gobierno de Arce no se atreve a tocar.
Las importaciones de equipos para la explotación del oro por parte de empresas chinas asociadas con cooperativas bolivianas pasaron de 6 toneladas en el año 2021 a 900 toneladas en 2022, según dice el semanario Siglo 21.
La cocaína está creando fricciones con países vecinos adonde las mafias la envían en tránsito hacia Europa. Ahora, el gobierno de Paraguay dice que una carga de 10 toneladas de cocaína que pasó por su territorio y fue capturada en Alemania era de origen boliviano, lo que ha provocado una nota de protesta de la cancillería boliviana. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que es irresponsable asumir que toda la cocaína que circula en la región es hecha en Bolivia.
Leonardo Loza, brazo derecho del cocalero Evo Morales en el Chapare, comentó sobre la protesta que envía el gobierno de Arce a Asunción: “En lugar de ponerse a llorar, hagan algo contra el tráfico de drogas”. Loza sostiene que los operativos que ejecuta el gobierno de Arce se concentran en Chapare por propósitos políticos, para perjudicar a Morales, y no abarca otros centros de producción de coca y elaboración de cocaína.
El diputado Ramiro Venegas, del frente del MAS que obedece a Morales, y Alejandro Reyes, de la opositora Comunidad Ciudadana, proponen interpelar al ministro de defensa por su decisión de no usar los 13 radares franceses comprados en 2017 por 215 millones de dólares para controlar el espacio aéreo y, sobre todo, las avionetas del narcotráfico.
Un funcionario de defensa dijo que los radares están operando, pero que sus observaciones no sirven de nada en vista de que la Fuerza Aérea Boliviana no cuenta con los aviones que puedan seguir a las avionetas que fueran avistadas.
El periódico El Diario sugiere que, en vista de ello, el trabajo de los radares sirva para propósitos estadísticos, de tal modo que se pueda saber cuántas avionetas que llevan la droga al exterior salen de cuáles centros de producción de coca y de droga, centros que serían identificados gracias a los radares.
Por el momento, la policía está muy ocupada tratando de encontrar a los responsables de los envíos de droga. Ha sido detenido el gerente del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, por el caso de una carga de 489 kilos de droga que fue en un avión de propiedad del Estado boliviano a Madrid en junio pasado.
Y ahora son buscados los responsables del aeropuerto El Trompillo, también de Santa Cruz, de donde partió la avioneta que a principios de esta semana cayó en Argentina con 340 kilos de cocaína.
Ha surgido un nexo entre estas dos actividades económicas que el gobierno no puede controlar. El cocalero Oscar Lupaca le dijo a la agencia de noticias ANF que once sindicatos de productores de coca de Coripata, en los Yungas de La Paz, dejaron de cultivar la hoja y optaron por explotar oro en los ríos que bajan de la cordillera.
Ocurre, dice el informante, que el precio de la coca está disminuyendo debido al exceso de producción y a la llegada permanente de la hoja peruana.
Pero estos nuevos mineros encuentran, dice Lupaca, que deben competir con empresas chinas munidas de maquinaria moderna, mientras que ellos se proponen lavar las arenas con cedazos en busca de chispas de oro.
De todos modos, los once sindicatos de cocaleros han pasado a ser cooperativas mineras, sin dejar el mundo de las actividades económicas ilegales, que el gobierno no puede controlar.
Los indígenas de la región amazónica son las víctimas la minería ilegal. “Como indígenas, reclamamos nuestros derechos. Queremos que nos dejen vivir sin violencia, sin violación ¡basta ya! Están aprobando leyes para la explotación minera ilegal ¿por qué no quieren que vivamos?”, dijo la representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (Cmilap) Graciela Céspedes.
A esto se suman las denuncias sobre el uso excesivo de mercurio, que está envenenando la tierra y los ríos de la región.
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