En medio de la incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó que el balotaje será el 20 de agosto

El máximo tribunal sostuvo que las decisiones del Ministerio Público de las últimas semanas “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” en marcha

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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó que el balotaje entre Torres y Arévalo será el 20 de agosto (EFE)
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó que el balotaje entre Torres y Arévalo será el 20 de agosto (EFE)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó este viernes que la segunda vuelta electoral sigue en pie y ocurrirá tal como estaba previsto, el 20 de agosto. Asimismo, respaldó que los candidatos a competir en este balotaje son Sandra Torres Casanova y Bernardo Arévalo de León.

El máximo tribunal, que ya había dejado en claro su postura el pasado 13 de julio, emitió un nuevo comunicado con la misma resolución y sumó más argumentos que respaldan su interpretación del dictamen.

En ese sentido, señaló que las decisiones “aludidas” por “orden penal” por parte del Ministerio Público “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” que se inició el pasado 25 de junio, con el primer llamado a las urnas.

La Corte de Constitucionalidad señaló que las decisiones “aludidas” por “orden penal” por parte del Ministerio Público “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” (AP)
La Corte de Constitucionalidad señaló que las decisiones “aludidas” por “orden penal” por parte del Ministerio Público “carecen de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral” (AP)

Por otro lado, la Corte sostiene que la suspensión de la personalidad jurídica de un partido en este momento influiría en “el desarrollo del proceso electoral”.

El mensaje del máximo tribunal guatemalteco llegó como respuesta a los intentos de la Fiscalía, desde el pasado 12 de julio, por suspender al Movimiento Semilla, de Arévalo de León, así como proceder penalmente contra él. Es por ello que, destaca, se emitió “en aras de preservar la paz y el orden social” en el país, “ante una situación imperante”.

Tras reiterados intentos fallidos, ahora el Ministerio Público ha ordenado una ola de allanamientos, la última maniobra con la que busca sabotear la segunda vuelta de agosto.

Inclusive, mientras se difundía el documento, la Fiscalía llevaba a cabo una pesquisa en la sede de Semilla, bajo el amparo de una investigación por un supuesto caso de firmas falsas en la creación del partido, en 2018.

Este viernes, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la sede de Semilla (EFE)
Este viernes, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la sede de Semilla (EFE)

Varios miembros del Movimiento denunciaron la intrusión de la Policía en el establecimiento y apuntaron que buscaban incautar un contrato que habían realizado para la adhesión a la agrupación.

A este episodio se sumaron dos allanamientos más este mismo mes, en este caso, en el Tribunal Supremo Electoral. Estas maniobras respondieron a la negativa del organismo a dar lugar a la orden del juez penal Freddy Orellana para que avance con la suspensión legal de Semilla.

Varios expertos han advertido que esta medida supone un “golpe electoral” y han enfatizado en la importancia de no permitir tales acciones.

El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es quien está detrás de las investigaciones contra el partido de Arévalo y cuenta con un historial de persecución a la disidencia.

El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es quien está detrás de las investigaciones contra el partido de Arévalo (EFE)
El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es quien está detrás de las investigaciones contra el partido de Arévalo (EFE)

El último tiempo, su nombre resonó mucho ya que también fue quien emprendió las acusaciones contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva detenido desde julio de 2022 por supuestos cargos de lavado de dinero. Sin embargo, las denuncias coincidieron con la publicación de artículos críticos contra la gestión del presidente Alejandro Giammattei.

Por otro lado, este jueves medios locales expusieron que la hermana del Fiscal participó en las elecciones en el partido oficialista.

(Con información de EFE)

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