La policía peruana desplegó este miércoles a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público mientras en más de dos decenas de ciudades se iniciaron protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de las manifestaciones que entre diciembre y febrero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.
La movilización principal en Lima, la capital, también añadió a sus demandas que los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas sean castigados. En tanto, el gobierno anunció días atrás que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que haya peligro para la vida de la policía.
Después del mediodía, en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, de acuerdo a videos mostrados por diversas televisoras locales.
En los videos de Huancavelica también se observaba a manifestantes, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban “esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia”, una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.
En la capital de Perú, edificios públicos como las sedes del Palacio de Gobierno y del Congreso fueron protegidos con rejas metálicas. Los manifestantes desfilaron por algunas calles de la ciudad con pancartas alusivas a sus demandas, sin incidentes con las fuerzas de seguridad.
En las carreteras Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, policías con escudos de plástico vigilaban el traslado normal de vehículos.
El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.
Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24.000 policías entrenados para contener manifestaciones, de los cuales 8.000 vigilarán la capital ante lo que los organizadores llaman “La tercera toma de Lima”.
Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.
El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.
Por el contrario, en tres meses de conflictividad se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 49 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por la agencia AP.
Seis puntos de carreteras en las regiones Cusco, Arequipa y Loreto estaban bloqueados, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la suspensión de la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar los cortes viales.
El Gobierno ha extendido el estado de emergencia en zonas claves del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.
El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Ese mismo día Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en mandataria.
Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024″. Pero en junio la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.
Entre enero y marzo el Congreso archivó cinco iniciativas de adelanto de elecciones, una de ellas enviada por la mandataria y en medio de sucesivas manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur y en la capital. El Congreso junto a Boluarte poseen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas.
Boluarte es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas de principios de año.
(Con información de AP y Reuters)
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