La policía intervino en operativos de julio siete fábricas de droga en el bastión de Evo Morales y los cocaleros que obedecen al expresidente acusan al gobierno de usar estos operativos para desprestigiarlos y dañar la reputación del que consideran su “comandante”.
En mayo, la policía había destruido 34 fábricas en tres días. Esta vez la efectividad diaria ha disminuido un poco, pero de todos modos los seguidores de Morales dicen que el gobierno concentra sus operaciones en el Chapare, en los alrededores del lugar donde el expresidente realiza su labor de dirigente político y candidato para las elecciones de 2025. Igual que en mayo, esta vez tampoco fue detenida ninguna persona, lo que refuerza las sospechas de que los narcos son advertidos por alguien antes de que lleguen los policías.
La respuesta del gobierno ha sido que la lucha contra el narcotráfico es una tarea del Estado boliviano y que no existe ningún propósito político en ella.
Sin embargo, la rivalidad entre el presidente Luis Arce y Evo Morales crece todos los días a través de acciones oblicuas, de las que el periodismo informa sin entrar en detalles ni buscar los propósitos ocultos que podrían tener ambos frentes.
Fredy López, parlamentario del frente de Morales, anunció que su bloque podría apoyar una investigación propuesta por la oposición para abrir un juicio de responsabilidades contra Arce por decisiones contrarias a la constitución y designaciones hechas fuera de la ley.
Los diputados de Evo se niegan a dar luz verde a las solicitudes de créditos externos que envía Arce al parlamento, cuando los dólares están faltando.
Y el diputado Renán Cabezas, del frente de Morales, propone al parlamento la creación de una comisión dedicada a investigar cuántos dólares tiene el Banco Central en sus reservas estratégicas, en vista de que los informes oficiales sólo disfrazan las cifras.
En respuesta, desde las filas de Arce, el diputado Sandro Ramírez anuncia acciones para investigar, en detalle, el gigantesco gasto que hizo el cocalero durante su gestión en el programa llamado “Bolivia cambia, Evo cumple”, que se financió con dineros de Venezuela y Libia, al principio, y después con recursos del tesoro boliviano.
La Plataforma Periodística de las Américas difundió una investigación sobre el mencionado programa y reveló que fue dinero mal invertido y que las empresas encargadas de construir las obras ofrecidas a los pueblos formaban parte de un grupo de amigos y socios del cocalero.
Morales dijo al respecto: “Esta campaña es sucia. Después de que no han encontrado nada a Evo por narcotráfico, siguen investigándonos por narcotráfico. Quiero decir quieren ligarnos con el narcotráfico. Intentaron Evo corrupto, no encontraron nada, ahora dicen Evo Cumple, tantos millones”.
Acusó al diario El Deber y a la agencia Erbol de formar parte de una campaña para desacreditarlo. Aseguró que los medios que difunden informaciones sobre su desempeño como presidente son pagados por Estados Unidos.
Organizaciones de periodistas respondieron a estas acusaciones de Morales diciendo que se trata de la misma fórmula usada por las dictaduras de Venezuela y Nicaragua para silenciar medios independientes.
Columnistas de esos medios denunciaron que fue el gobierno de Morales, con dinero de Hugo Chávez, el que compró el diario La Razón y lo transformó en un pasquín oficialista, así como cadenas de televisión que todavía funcionan, igual que el canal instalado por el gobierno de Irán y que sigue difundiendo propaganda musulmana.
Pero la guerra continúa. Desde el gobierno, como respuesta a las iniciativas de Morales, se lanzan también acciones contra el sistema de transporte del narcotráfico.
Siete avionetas fueron decomisadas por la policía en el departamento amazónico de Beni, con rastros de droga en dos de ellas, según el informe oficial.
En la misma zona, la policía destruyó 39 barcazas de propiedad de mineros que extraen en oro de los ríos, lo que ha provocado protestas de los ciudadanos de Riberalta, junto al río Madre de Dios.
Dirigentes de pueblos indígenas protestan por estos hechos y por la detención de 57 personas. El aeropuerto de Riberalta ha sido afectado por estas protestas.
Muy cerca de allí, pero en otros ríos, operan las empresas chinas que, asociadas con cooperativas mineras bolivianas, hacen la más grande explotación de oro de Bolivia, pero pagan muy pocos impuestos.
El experto Jorge Espinoza dice que las “cooperativas” son las mayores empresas mineras de Bolivia, o por lo menos el sector con mayores exportaciones de minerales desde 2019. Las exportaciones de oro de las cooperativas fue por 3.008 millones de dólares el año pasado, pero los impuestos pagados representaron solamente 2,5% de ese valor.
Las cooperativas y los narcos controlan los mismos territorios.
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