Nayib Bukele va tras los pasos de Hernández Martínez, el dictador salvadoreño que falseó la ley para reelegirse

Nayib Bukele se inscribió a las elecciones internas de su partido el 26 de junio pasado como precandidato a la presidencia del país. Para hacerlo llenó un formulario sencillo en el que certificaba que había entregado ocho documentos, desde una solvencia policial hasta una fotografía y una declaración jurada de que no está inhabilitado por el artículo 152 de la Constitución para buscar la presidencia. La declaración jurada no es pública, pero lo cierto es que, de acuerdo con ese artículo constitucional, Bukele sí está inhabilitado.

El 152 de la Constitución salvadoreña dice que no puede ser candidato a la presidencia del país el que haya desempeñado ese cargo “por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”. Esa es, según varios analistas consultados por Infobae, la más importante de las restricciones a la reelección presidencial establecidas en la ley primaria salvadoreña.

Nayib Bukele ha ejercido la presidencia del país desde junio de 2019, por 49 meses consecutivos durante el periodo inmediato anterior al que se está postulando, otra vez, como candidato, que es el que empezará en junio de 2024 y terminará en 2029.

En septiembre de 2021, la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que entonces Bukele ya controlaba, hizo una interpretación del 152 y concluyó que el presidente sí podía presentarse a la reelección porque el hecho de que él compita “implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en este momento ejerce la presidencia”. Las restricciones constitucionales no se refieren “a prohibiciones para ser presidente (de nuevo)”.

Eso, según constitucionalistas salvadoreños consultados, es un absurdo. Rodolfo González, quien fue magistrado constitucional entre 2009 y 2018, entiende que los jueces constitucionales nombrados por Bukele han interpretado la ley primaria a la medida del presidente en un intento por pasar de largo el artículo 152 y otros que prohíben la reelección y garantizan la alternancia.

“La resolución… en esencia dice eso, que todas las prohibiciones no son válidas, que no es válido que el presidente no pueda ejercer un día más de lo dispuesto en la Constitución, que la Asamblea Legislativa lo debe desconocer, que la Asamblea no puede ni siquiera reforma los artículos de la Constitución que se refieren a la alternancia, que el pueblo tiene derecho a la insurrección si se diera el continuismo”, dijo el ex magistrado en charla con Infobae.

Los abogados del gobierno que defienden la reelección de Bukele aseguran que la nueva interpretación constitucional garantiza la alternancia porque no impone al presidente de turno como ganador y que el tema del límite temporal al ejercicio del poder hace referencia al periodo inmediato anterior a la presidencia vigente, es decir, en el caso de Bukele, a su antecesor. Para González, eso tampoco es así: “Esta sala dice que la prohibición se refiere al caso de un presidente que se intenta reelegir después de dos periodos para un tercero… Nada de eso dice la Constitución salvadoreña”.

Jorge Castro, diputado bukelista, ha sido uno de los defensores más estruendosos de la reelección de Bukele al hacer suyos los postulados de la sala constitucional nombrada por el oficialismo. La prohibición, dice, se refiere al presidente que ejerció antes que Bukele y las restricciones temporales quedan resuelta si el presidente renuncia seis meses antes de que culmine su primer periodo.

Además del 152, hay otros artículos de la Constitución que garantizan la alternancia y prohíben la reelección. El 154 fija la duración del periodo presidencial en cinco años y “ni un día más”. El 248 prohíbe la reforma constitucional en el tema. El 75 sanciona a quienes promueven la reelección. El 131 obliga a la Asamblea Legislativa a desconocer al presidente que continúe en el cargo al terminar su periodo. Y el 88 establece que la alternabilidad es “indispensable” para el mantenimiento de la forma de gobierno.

“Hay ocho artículos de la Constitución que prohíben una reelección inmediata”, dice la abogada Ruth Eleonora López, de la organización Cristosal, la cual ha producido varios informes sobre los abusos atribuidos al gobierno de Nayib Bukele durante el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 y que dura ya 16 meses. “El principio de alternancia en la Constitución salvadoreña es muy fuerte, está muy arraigado desde la Constitución de 1841″, insiste la abogada.

Y hay quienes van más allá: Bukele pudo haber cometido un delito al jurar en la declaración que presentó para inscribirse en las primarias de su partido que no está inhabilitado para correr como candidato a la presidencia. “Pudo haber cometido el delito de falsedad ideológica”, dijo a Infobae un exmagistrado constitucionalista salvadoreño que habló desde el anonimato por temor a represalias.

El código penal salvadoreño dice que comete el delito de falsedad ideológica quien “con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público… prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

La inscripción a las primarias de Nuevas Ideas, el partido con el que Bukele gobierna, fue uno de los últimos pasos que ha dado el presidente salvadoreño en su camino a la reelección. El 9 de julio pasado, el partido del presidente anunció los resultados de sus primarias: Nayib Bukele compitió como precandidato único a la presidencia y obtuvo 44,398 votos, que representan el 9% de todos los afiliados a Nuevas Ideas.

Los partidos tradicionales, a los que Bukele y su movimiento relegaron en las urnas en 2019, también presentaron candidatos. La derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), debilitada y dividida, postuló a Joel Sánchez, un empresario salvadoreño residente en Estados Unidos, y el FMLN, de izquierda y mermado por exdirigentes que se convirtieron en operadores de Bukele, nombró candidato a Manuel Flores, un exalcalde. El partido Nuestro Tiempo postuló al abogado Luis Parada. De acuerdo con las encuestas, ninguno tiene posibilidad alguna de ganarle a Bukele en la presidencial del próximo año.

Solo falta, ahora, de acuerdo con las interpretaciones del oficialismo, que el presidente renuncie antes de que se termine el año. Y, por cualquier duda, el Congreso, también dominado por Bukele, aprobó la segunda semana de julio, sin mayor trámite, una enmienda para que en las papeletas de votación aparezca la cara del presidente, no la bandera del partido.

El último presidente salvadoreño que se reeligió se llama Maximiliano Hernández Martínez, y era un general del ejército al que los historiadores atribuyen la masacre de 30,000 indígenas en el occidente del país en 1932. A pesar de las prohibiciones vigentes en la Constitución de entonces, Hernández Martínez se presentó como candidato único a la reelección en 1935 y ganó con el 100 por ciento de los votos; su mandato terminó en 1944.

El columnista Daniel Olmedo explica que, para afianzar su primera reelección, Martínez y sus asesores también acudieron a atajos legales, como lo ha hecho Nayib Bukele 89 años después.

En agosto de 1934, por consejo de sus asesores, Hernández Martínez solicitó un permiso para dejar sus funciones temporalmente antes de la elección, algo que le fue concedido. Depositó el poder en un designado presidencial para, así, rodear la prohibición constitucional de reelegirse. Según escribió Olmedo, el entorno de Martínez hablaba entonces de un segundo mandato, no de una reelección. Esa fórmula, exacta, han utilizado los funcionarios de Bukele que defienden el reenganche.

Las fórmulas verbales, los atajos legales, todo lo que ha permitido que Nayib Bukele esté listo para volver a concurrir a las urnas en 2024 empezó antes. Mucho antes.

“Nayib Bukele tiene un plan desde el principio y tiene muy claros los pasos que va a dar para cumplir su meta, que es reelegirse. No se va a apartar de ese plan”. Lo decía un diplomático europeo destacado en Centroamérica y cuyo portafolio incluía a El Salvador en 2021, justo después de la pandemia. Bukele acababa de ganar supermayoría en el congreso de su país y había dado los primeros pasos para pavimentar su camino a la reelección.

El primer paso llegó así, por vía democrática. Los dos partidos tradicionales de la política salvadoreña, Arena y FMLN, acabaron descalabrados en la legislativa de 2021. Y, con la nueva supermayoría en el Congreso, Bukele echó a andar el guion.

Lo primero fue descalabrar a la Sala de lo Constitucional vigente en mayo de 2021, cuando asumió la nueva legislatura. La misma noche de la juramentación del nuevo Congreso, el 1 de mayo de aquel año, los diputados bukelistas terminaron de forma abrupta con el mandato de cinco magistrados cuyo periodo estaba supuesto a finalizar hasta 2027. Lo mismo ocurrió con el fiscal general.

Ex colaboradores de los magistrados destituidos y del ex fiscal han dicho en varias ocasiones a Infobae que a la destitución hecha por el congreso bukelista antecedieron amenazas de represalias personales, incluida la de ir a la cárcel, si no se apartaban del puesto. Lo cierto es que, tras las destituciones, sin seguir el proceso que establece la ley, los diputados de Bukele nombraron a cinco nuevos magistrados que, cuatro meses después, hicieron la interpretación de la Constitución que hoy ampara la candidatura del presidente para un segundo periodo.

Antes de eso, Bukele había encomendado a su vicepresidente, Félix Ulloa hijo, la formación de una comisión para estudiar reformas a la Constitución, incluida la posibilidad de alargar el mandato presidencial y de permitir la reelección. Una reforma constitucional implica que una legislatura apruebe la enmienda y la siguiente la ratifique, algo para lo que no le alcanzaba el tiempo a Bukele si pretendía reelegirse en un 2024 amparado en un cambio a la ley primaria. La interpretación de la nueva sala constitucional era, entonces, la vía más fácil.

En el camino, el presidente salvadoreño ha gobernado con mano de hierro. Con el control del Ejecutivo y el Legislativo, obtenido en las urnas, y el del Judicial, logrado a través del Congreso y de reformas legales, Bukele navega sin oposición institucional ni contrapesos.

Su política de seguridad pública, resumida en la guerra contra las pandillas declarada tras la ruptura de un pacto de gobernabilidad con la MS13 y el Barrio 18 y en el régimen de excepción, le ha agenciado números de aprobación más que saludables y en todas las encuestas la mayoría aprueba su mandato e incluso su reelección.

El 15 de septiembre de 2022, durante la celebración del día de la Independencia de El Salvador del Reino de España, en un cuidado acto en Casa Presidencial, flanqueado por su esposa Gabriela y frente a funcionarios y militares que le rendían honores, Nayib Bukele anunció al país que buscará la reelección en 2024.

A partir de entonces, la oposición interna e internacional a la reelección ha ido cediendo. La empresa privada salvadoreña, que aún en septiembre de 2022 renegaba de la reelección, hoy guarda silencio. También Estados Unidos cambió el tono. En 2022, cuando Bukele anunció que buscará un segundo periodo, el Departamento de Estado pidió respeto a la Constitución. En mayo de 2023, al ser abordado por la prensa salvadoreño sobre el tema, William Duncan, el recién llegado embajador estadounidense, dijo que no opinaría sobre asuntos internos.

Antes, cuando aún no era presidente, Nayib Bukele renegaba de la reelección inmediata. “La Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas, puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no dos veces seguidas... Eso es para garantizar que quien está en el poder no ocupe su poder para mantenerse ahí”, decía entonces el candidato Bukele.

Aquella voz cambió. Aquel joven político que se encaminaba a la presidencia de El Salvador es hoy el presidente que, como lo hizo hace casi 90 años el dictador Hernández Martínez, tiene todo listo para reelegirse.

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