Funcionarios y simpatizantes del régimen de Daniel Ortega abusan de una visa humanitaria para huir a Estados Unidos

El abogado nicaragüense en el exilio, Yader Morazán, encontró recientemente a dos compatriotas suyos en la barbería que usualmente visita en Indiana, Estados Unidos. Si ya era extraño hallar nicaragüenses en esa ciudad, más raro le resultó que en la conversación se declararan simpatizantes a muerte del dictador Daniel Ortega. “Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por él”, le dijeron.

Poco después se reencontró con los rostros de los nicaragüenses en las redes sociales. Otro compatriota los denunciaba como parte del ejército paramilitar que armó Daniel Ortega para reprimir la rebelión ciudadana de 2018 en Nicaragua, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocó más de 300 asesinatos.

“Ayer me topé con 2 sapos adeptos al régimen, a quienes después de hacerse los vivos, ´graciosos´ y vanagloriar a su comandante les tuve que hablar con su lenguaje ´revolucionario´, y les di lecciones de derecho. Se quedaron callados. Son valientes armados, en manadas y frente al débil”, pondría Morazán luego en Twitter.

Estos dos simpatizantes de Daniel Ortega son parte de una ola de migrantes nicaragüenses que está llegando a Estados Unidos aprovechando el parole (permiso) humanitario que el gobierno de ese país ha dispuesto para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos.

El parole es una visado especial gubernamental que permite a una persona vivir y trabajar hasta por dos años en los Estados Unidos siempre que cumpla las condiciones que el programa establece.

Unos 40 mil nicaragüenses han aplicado al “parole” en lo que va del año, de los cuales 19 mil habían sido aprobados hasta abril pasado. Muchos de los solicitantes son reconocidos colaboradores del régimen sandinista, lo que ha provocado una campaña de denuncia entre los opositores.

El nicaragüense diario La Prensa hizo un recuento de unos 30 reconocidos colaboradores del régimen que han aprovechado el parole humanitario para emigrar a Estados Unidos, y que han sido expuestos por opositores que se encuentran en ese mismo país.

“Ni Judas fue tan traicionero como la compañera Daleska M. Rodríguez, miembro de la UNEN, que de abrazar la bandera de la muerte no vaciló en mostrarse con la del imperio”, denunció el cronista deportivo Miguel Mendoza, preso político desterrado a Estados Unidos por el régimen de Ortega, y uno de los más activos denunciantes.

UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) es una organización afín al sandinismo y la denuncia de Mendoza muestra a Rodríguez en dos fotografías: una, en Nicaragua, posando con la bandera rojinegra y la otra, ya en Estados Unidos, con la bandera norteamericana.

Además de dirigentes de UNEN han llegado a Estados Unidos jefes policiales, paramilitares, jueces, familiares de altos dirigentes sandinistas y hasta una mujer que sirvió de testigo en el juicio que se le hizo a monseñor Rolando Álvarez, y en el que fue condenado a 26 años de cárcel.

Yader Morazán es abogado y trabaja en la documentación de casos que considera que deben ser denunciados. Dice que “aceptar a estas personas sin pasar por filtros es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos” y la misma ley se contradice porque en la exposición de motivos “habla de la crisis que vive Nicaragua”.

Reconoce, sin embargo, que ser sandinista o simpatizante de Daniel Ortega no es un delito e, incluso, las autoridades estadounidenses respetan esa condición “por la libertad de expresión y pensamiento”.

Lo que sucede, añade, es que estas personas a pesar de los delitos que cometieron no tienen antecedentes penales porque en Nicaragua hay un sistema judicial que promueve la impunidad para este tipo de delitos y, al contario, condena a los ciudadanos por ejercer sus derechos.

“Por ejemplo, los 222 presos políticos que fueron desterrados, técnicamente no podían ser aceptados porque supuestamente cometieron delitos, y en cambio personas que han participado abiertamente en alguna estructura política o institucional, que sí han cometido delitos, están limpios”, dice.

“Lo que nosotros pedimos es que la misma lógica que se aplicó para permitir la entrada de los presos políticos sirva también para impedir la entrada de estas personas que representan un peligro”, añade. “Un oficial de Migración, cuando hay sospechas, puede regresar a cualquiera. Ni siquiera tiene que fundamentar”.

Uno de los casos expuestos por Morazán es el de la subcomisionada de la Policía María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien recientemente llegó a través del parole a Estados Unidos. La Policía de Nicaragua fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 como una institución violadora de derechos humanos. Guzmán Gutiérrez fue ascendida de grado en septiembre de 2021.

Otro caso notorio es el de Gabriela Alejandra Rayo Castro quien sirvió de testigo en el juicio que condenó a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Llegó a Estados Unidos junto a su familia. El esposo de Rayo Castro, Juan Alberto Soza Jarquín, es, según Yader Morazán, un reconocido paramilitar del régimen sandinista en Matagalpa.

Morazán afirma que hay un grupo de nicaragüenses que se dedican a “cazar” a los colaboradores del régimen de Ortega que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo político o a través del parole humanitario. Dice que personalmente ha comprobado que, en muchos casos, los orteguistas presentan documentación más completa que los verdaderos opositores, pues antes de salir de Nicaragua consiguen con la Policía falsas órdenes de captura que los presentan como perseguidos políticos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha dispuesto el número telefónico 1-866- 347-2-423 para hacer denuncias desde Estados Unidos sobre personas que han participado en la violación de derechos humanos y el 802-872-6199 si se está fuera del país. También se puede llenar un formulario en la página oficial del ICE.

Yader Morazán dice que la denuncia sí funciona y asegura que hay varios casos en los que se han regresado a personas sospechosas. “Lo que pasa es que esto no se puede informar mucho porque es muy sensible porque se está tocando a delincuentes y uno tiene familiares en Nicaragua”.

Un caso publicitado es el Antonio Otoniel Arauz, un paramilitar que fue nombrado juez de San Ramón, Matagalpa, y que fue regresado de un aeropuerto estadounidense en 2019 cuando llegó buscando asilo político. Morazán documentó la denuncia con pruebas de cómo Arauz disparaba una ametralladora contra manifestantes durante la rebelión ciudadana de 2018.

Sobre el ingreso de colaboradores del régimen, Morazán dice: “Aquí hay dos cosas, o los filtros son muy débiles o los gringos apuntan a una fractura a lo interno del régimen para socavar ese discurso de la mística revolucionaria”.

Sin embargo, la migración de colaboradores del régimen no puede considerarse deserción porque salen por el aeropuerto o puestos fronterizos, y con pasaportes nicaragüenses. En cambio, los perseguidos políticos deben salir por veredas y el gobierno les niega los pasaportes.

“Al régimen, sin lugar a dudas, le conviene la migración, porque por un lado descompresiona a la gente que le puede hacer ruido adentro y por el otro lado recibe dinero a través de remesas”, dice.

Considera que, para erosionar a la dictadura, la oposición nicaragüense debe dejar una puerta abierta para aquellos colaboradores del régimen que “aunque pertenezcan a una estructura no hayan delinquido”. Esa posibilidad no aplica, según este grupo de nicaragüenses, para quienes reprimieron, ya sea aprensado o asesinando opositores.

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