La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamamiento a los gobiernos sudamericanos y europeos para que en la próxima cumbre UE-CELAC, prevista para la semana que viene, aborden con prioridad la situación de Derechos Humanos en Nicaragua.
De acuerdo con la directora de HRW para las Amércias, Juanita Goebertus, “la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua requiere de una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”.
En esta línea, Goebertus ha instado a los líderes de ambos bloques a “establecer un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense para coordinar una respuesta internacional efectiva hacia Nicaragua y promover (...) una transición democrática en el país”.
De este modo, HRW suscribe las palabras de en torno a 160 víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega, que han redactado una misiva en la que apelan a que la cumbre UE-CELAC aborde la situación en el país centroamericano.
La iniciativa está respaldada por nicaragüenses en el exilio y antiguos presos políticos, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; periodistas como Carlos Fernando Chamorro; o políticos como Félix Maradiaga, Medardo Mairena o Juan Sebastián Chamorro.
En los últimos años el régimen de Ortega ha intensificado la persecución de las voces disidentes en el país, muchos de los cuales han sido detenidos y procesados arbitrariamente, expulsados y privados de su nacionalidad y sus bienes.
“Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua (...) El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, ha zanjado Goebertus.
En otro orden, el régimen Nicaragua anuló este viernes la personalidad jurídica de la Asociación Casa Ave María, que funcionaba desde hace 33 años, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de esa asociación religiosa, registrada desde el 25 de julio de 1990, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, esa ONG fue ilegalizada por “incumplimiento a las leyes”, debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 9 de septiembre de 2022 y no reportaron sus estados financieros del periodo fiscal entre 2019 y 2022, con lo que “obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro” de esa cartera.
Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Además de la Asociación Casa Ave María, el régimen de Nicaragua ha ilegalizado y ordenado la expropiación a otras organizaciones católicas, entre ellas la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaban al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.
Las relaciones del régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
(Con información de Europa Press y EFE)
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