El gobierno uruguayo se molestó con un informe de la ONU que advirtió de una baja “alarmante” en la calidad del agua

(Desde Montevideo, Uruguay) Desde mayo, cuando Uruguay comenzó a suministrar agua con mayores niveles de cloruros y sal, la discusión pública gira en torno a la calidad con la que el recurso llega a los hogares de Montevideo y sus alrededores y qué se debió hacer para evitarlo. A esa polémica, que en general tiene como protagonistas a dirigentes políticos nacionales, se le sumó un actor extranjero.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) difundió este jueves un informe en el que advierte sobre la calidad del agua en el país y sobre el “riesgo de privatización” que existe para el consumo humano. El diagnóstico generó una rápida reacción del gobierno, que aseguró que la comunicación de ONU tiene “inexactitudes”.

En su informe, la ONU instó a que Uruguay priorice el uso del agua para la población por encima del consumo de las industrias. “El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, (pero) estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para su producción”, sostienen los expertos de Naciones Unidas.

Advirtieron, además, que la expansión de las concesiones a las industrias lleva a la contaminación y a la escasez del agua en el país.

El informe también alerta por el aumento de los niveles de cloruro y de sodio, lo que hace que salga salada de los grifos. “La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante”, afirman los expertos, que agregan que estos valores afectan principalmente a las poblaciones vulnerables.

ONU reconoció los “esfuerzos” del gobierno por reducir impuestos del agua embotellada, pero advirtió que hay un riesgo de “privatización” porque obliga a la población a comprarla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay respondió en la noche del martes que el informe remitido por el relator tiene “inexactitudes”. Explica que el aumento de la salinidad del agua fue permitido por las autoridades sanitarias y académicas, y que puede seguir siendo consumida por la mayoría de la población.

El comunicado menciona una serie de medidas que tomó el gobierno para apoyar a las poblaciones más vulnerables en la compra de agua.

La Cancillería agrega que para prevenir “el fallo de la infraestructura hídrica” el gobierno aseguró que continúe el abastecimiento de agua sin cortes y mantuvo el saneamiento en más de 550.000 viviendas.

“El gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona”, concluye la Cancillería uruguaya en su respuesta.

Tras la difusión del informe, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, citó al representante de ONU en las Américas, Alberto Pacheco, para expresarle la molestia y sorpresa que causó en el gobierno la difusión de la información, según informó el noticiero uruguayo Telenoche.

Entre los dirigentes políticos locales, las diferencias en el análisis de la situación continúan. El martes, la ministra de Salud Pública del país, Karina Rando, fue al Parlamento a dar explicaciones y prefirió decir que el agua es “segura” antes que potable y aseguró que es apta para el consumo humano.

“En los niveles que estamos hoy, el agua es potable, pero hay algunas personas con determinado paladar a quienes no les gusta o no aceptan para tomar”, dijo la ministra según consignó El País.

Esta semana, las lluvias le dieron un alivio a la sequía en Uruguay. Entre el martes 11 y el jueves 13, sobre la cuenca del Río Santa Lucía –la principal fuente de agua dulce– el promedio de precipitaciones fue de 33,6 milímetros, según el Instituto Uruguayo de Meteorología.

Por estas lluvias, en el gobierno esperan que el agua mejore la calidad. La represa de Paso Severino, una de las principales fuentes de agua dulce que se había reducido a mínimos históricos, aumentó sus reservas. “Las perspectivas son buenas”, declaró en Canal 10 el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla.

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