Los empresarios chilenos piden que se modifique la nueva ley que endurece las penas por delitos económicos

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal organización empresarial de Chile, acudió hasta el Tribunal Constitucional con la idea de modificar la nueva ley de delitos económicos. El problema es que esta ley, que está a punto de ser promulgada, fue aprobada por el Congreso hace tan solo unas semanas y busca endurecer las penas para delitos de carácter ambiental y económicos. Los llamados delitos de cuello y corbata.

La mentada norma es todo un hito en Chile, puesto que aplicará penas de cárcel para ilícitos como la colusión, corrupción, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos públicos.

En resumen, lo que alega este escrito -presentado por los abogados Gabriel Zaliasnik y la ex convencional constituyente Constanza Hube- es que sería inconstitucional pues crearía un “régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.

Añade que la nueva ley violaría el principio de igualdad ante la ley al establecer, dicen, penas más severas para los delitos económicos que para otros, sobre todo quienes tienen una posición jerárquica superior en la organización “al momento de intervenir en el delito” que, critican, trabajan en empresas de tamaño mediano o grandes. Eso, afirman, vulneraría la igualdad ante la ley.

“Lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio orden público económico al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”, dice el texto.

Además, postulan que la nueva ley es vaga y amplia al identificar conductas que pudiesen ser penalizables.

Ricardo Mewes, presidente de la CPC, dijo que “desde que conocimos este proyecto, la CPC vio y advirtió los riesgos que implicaba para la actividad empresarial, ya que crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales, sin que la figura delictiva que se crea se encuentre suficientemente definidas”.

Agregó que, en opinión de la organización, la norma establece sanciones “desproporcionadas en relación con la falta que sanciona”.

Ante la arremetida de la CPC, el ministro de Justicia Luis Cordero, defendió el proyecto argumentando que “ha tenido una amplísima discusión. Ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, pareciera que el sector privado solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final… Lo que me parece que es un. Indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso”.

Esta mañana, Mario Marcel, ministro de Hacienda, recordó que este proyecto “fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso. Me tocó estar en el momento en que se votó y la verdad es que fue bastante impresionante el consenso que generó. Así que creo que en la medida que es una iniciativa que tiene ese grado de apoyo y ese grado de consenso, es importante que cualquier duda sobre su aplicación se pueda despejar lo antes posible”.

Aunque el TC aún no se ha pronunciado sobre el “téngase presente” presentado por la CPC, un grupo transversal de senadores y diputados también acudió al TC para presentar otro documento para defender el proyecto de ley que fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso.

La ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo ya había dicho que esta norma buscaba elevar el estándar para la persecución de este tipo de delitos. “Ese es un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción de poder político, que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas o multas proporcionales al delito cometido”, dijo.

Se refiere, por ejemplo, al caso de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, quienes en 2018 fueron condenados por delitos tributarios. Fueron sentenciados a pagar una multa que correspondía al 50% de los tributos evadidos y a participar en clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Tal cual.

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