Las autoridades de Honduras trasladaron este martes más de 1.600 presos de alta peligrosidad a dos cárceles de “máxima seguridad” en el oriente y occidente del país, en el marco de la operación “Fe y Esperanza” lanzada por el Gobierno luego de la matanza de 46 mujeres, el 20 de junio.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) “desarrolla este día el traslado de privados de libertad. Sin descanso, desmontando las escuelas del crimen organizado y retomando el control y la seguridad de los centros penales”, indicó el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Según el Instituto Nacional Penitenciario (INP), 802 reos de la pandilla Barrio 18 fueron trasladados bajo “fuertes medidas de seguridad” desde la cárcel de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, hacia “La Tolva”, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, oriente del país.
La Policía Militar trasladó también 826 pandilleros “de alta peligrosidad” de la Mara Salvatrucha (MS13) desde La Tolva hacia El Pozo.
El Gobierno hondureño tiene previsto construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe del país, para aislar a corruptos, narcotraficantes y jefes de pandillas.
Los reos peligrosos y con mucho dinero por muchos años han sido la autoridad real en el interior de las cárceles y, durante mucho tiempo, han constituido la única ley que imperó, lo que reconocen funcionarios del Gobierno.
Según informes oficiales, los reos peligrosos, pandilleros, narcotraficantes y sicarios, entre otros, ordenaron crímenes de reciente y vieja data desde el interior de las cárceles de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras de las más importantes del país.
Las prisiones de Honduras también son escenario de muertes de reos, ahorcamientos y asesinatos, como lo fue la tragedia que ocurrió el pasado 20 de junio en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa, donde murieron 46 mujeres.
Un día después de la matanza en el Cefas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la intervención de las prisiones por parte de la Policía Militar y lanzó la operación Fe y Esperanza.
Al menos 1.105 armas de fuego de diverso calibre, entre regulares y artesanales, y 23.925 proyectiles, han sido incautados durante la Operación Fe y Esperanza en las 25 cárceles del sistema penitenciario de Honduras.
Lo hallado en el interior de los centros penales hasta ahora “es apenas el 10 por ciento”, según el titular de la PMOP, Ramiro Muñoz, quien recalcó este lunes que mientras él esté al frente de la Policía Militar los privados de libertad “no volverán a controlar las cárceles”.
Según el mandato de la presidenta hondureña, durante un año la PMOP deberá “reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)”.
(Con información de EFE)
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