A dos años de las inéditas protestas en Cuba el régimen castrista no ha podido solucionar los problemas que desataron la crisis

Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, por las que cerca de 500 personas han sido condenadas, la isla comunista sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento, pero también la represión contra voces disidentes.

El 11 de julio de 2021 miles de cubanos se volcaron a las calles de la isla al grito de “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959.

Más de 1.500 fueron detenidos, entre ellos casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, nacida en Cuba para documentar estos arrestos y ahora con sede fuera de la isla. Según cifras oficiales, cerca de 500 fueron condenados con penas definitivas, algunos hasta por 25 años de cárcel.

El gobierno acusa a Estados Unidos de orquestar las marchas para derrocarlo. El lunes Granma, órgano de difusión oficial, volvió a denunciar la “responsabilidad directa” de Washington.

Desde hace días, policías y fuerzas de seguridad tienen mayor presencia en las calles de La Habana, constató la AFP.

Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la “compleja situación económica”, Cuba sigue luchando por salir del atolladero.

La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.

“El gobierno tiene a corto plazo un margen de maniobra muy estrecho”, estima el analista político cubano Arturo López-Levy, profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, que cita los “niveles tan precarios de seguridad alimentaria y energética en los que la generación histórica”, encabezada por Fidel y Raúl Castro, entregó el país a Díaz-Canel, en el cargo desde 2018.

Ante estas dificultades, el gobierno aceleró la apertura económica, que es esencialmente estatal, hacia el sector privado. Esto alivió ciertas carencias, pero aumentó las desigualdades debido a altos precios.

Pese a las duras condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, los cubanos, atrapados en una situación material muy precaria, dudan menos en expresar su descontento con las autoridades.

En 2022 estallaron manifestaciones esporádicas contra los cortes de electricidad en varias provincias y en La Habana. En mayo, decenas de personas se manifestaron contra la escasez de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad 1.000 km al este de La Habana.

Son protestas que “no ocurren de modo planificado, ni con carácter legal sino de forma ad hoc”, ante dificultades de la población, señala López-Levy.

“Las protestas son un reflejo de esa caída de la credibilidad” del gobierno, que se esfuerza por proponer salidas a la crisis, dijo el sociólogo Rafael Hernández.

“Así que un apagón ‘de más’, la falta de agua, de combustible, la continuada inflación (...) contribuyen a tensar esa cuerda, que ha perdido la elasticidad de antes”, en especial en los barrios más desfavorecidos.

La información sobre estas protestas se filtra a través de imágenes publicadas en redes sociales por la ciudadanía. Las autoridades, visiblemente sorprendidas durante el estallido de 2021, han tomado la costumbre de interrumpir el internet móvil cuando surgen estos brotes para evitar su extensión.

Opositores y activistas denuncian regularmente detenciones arbitrarias, hostigamiento o presiones para abandonar su país. Justicia 11J lanzó recientemente una campaña para alertar sobre el arresto de “diez activistas y disidentes cubanos” que siguen encarcelados, bajo una “nueva ola de represión”.

Jóvenes activistas que fueron el rostro de la movilización, entre ellos el dramaturgo Yunior García y la historiadora del arte Carolina Barrero, se vieron obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años y que el viernes inició una huelga de hambre.

“En Cuba la situación de derechos humanos sigue deteriorándose”, denunció en mayo Amnistía Internacional, apuntando al código penal en vigor desde 2022, que es más represivo.

El Vaticano, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron la liberación de los manifestantes encarcelados.

(Con información de AFP)

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