La cumbre de Lula con Petro generó desconcierto sobre la Amazonia y sumó dudas al acuerdo Unión Europea - Mercosur

La reunión del sábado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, más que sancionar el inicio de una lucha común y coherente en favor de la Amazonia, puso en evidencia las ambigüedades del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el tema. La reunión celebrada en un lugar simbólico, Leticia, la capital del departamento colombiano del Amazonas, en la frontera con Brasil, terminó con un no de Lula a la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el pulmón del mundo. Sin embargo, Petro había pedido explícitamente al presidente brasileño que se sumara a esta prohibición. “¿Permitiremos la exploración petrolífera en la Amazonia? ¿Entregaremos áreas para la exploración? ¿Significa esto generar riqueza? Esta es una decisión que debemos tomar juntos, los ocho países de la Amazonia”, dijo. Sin embargo, el presidente brasileño prefirió no comprometerse ni posicionarse al respecto. Más bien se tomó su tiempo, posponiendo todo hasta las próximas negociaciones diplomáticas para un acuerdo de protección del bioma en los ocho países.

El tema de las prospecciones petrolíferas es sin duda un asunto delicado para su gobierno. En los últimos meses ha provocado una crisis con el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Marina Silva. En mayo, el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) denegó a la petrolera nacional Petrobras una licencia de perforación exploratoria en la desembocadura del río Amazonas. Sin embargo, Petrobras no se ha dado por vencida y está elaborando nuevos informes medioambientales para obtener la autorización. Lula, entrevistado sobre el tema al margen del G7 en Hiroshima a finales de mayo, respondió que “si la exploración de este petróleo causa problemas a la Amazonia, ciertamente no se explorará. Pero lo veo difícil, porque está a 530 km de la costa del Amazonas”.

Marina Silva, que estuvo presente en la reunión con Petro y a cuyo ministerio le ha sido retirado, con el aval de Lula, el Registro Ambiental y de Tierras Rurales, una herramienta clave en la lucha contra la deforestación ilegal y el robo de tierras, prefirió no entrar en polémicas sobre el tema. “No es posible llegar a una declaración conjunta en un proceso de dos días. Cada país tendrá su propio debate”, dijo, añadiendo que “el mundo tiene una matriz energética fósil, todos están en la carrera para hacer esta sustitución y ciertamente Brasil reúne las mejores condiciones para hacer esta transición”.

La reunión en Colombia con Petro, sin embargo, sirvió como ensayo general de lo que será la declaración conjunta que los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), es decir, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Surinam, Ecuador, Guyana y Bolivia, deberán presentar en la Cúpula Amazónica, prevista para agosto en la ciudad brasileña de Belém, en el estado de Pará. En su intervención en la reunión de Leticia Lula prefirió reiterar su compromiso de deforestación cero para 2030, como ya había declarado en junio en París en la conferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron para un “Nuevo Pacto Financiero Global” en el que se anunciaron 100.000 millones de dólares de financiación para la acción climática en los países en desarrollo.

Sin embargo, la cuestión de Amazonia es mucho más compleja que una declaración en una conferencia. Así lo demuestran, en primer lugar, los datos. Los del sistema de detección de la deforestación en tiempo real Deter, del Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE), divulgados la semana pasada, revelan que en el primer semestre de 2023 las alertas de deforestación disminuyeron un 33%. Pero los datos de Deter, obtenidos con imágenes del satélite chino-brasileño CBERS-4 y del satélite indio IRS, son menos precisos que los de otro sistema del INPE, el Prodes (Proyecto de Seguimiento por Satélite de la Deforestación de la Amazonia Legal), divulgado dos veces al año. El Prodes utiliza principalmente los satélites LANDSAT estadounidenses, a los que se suman otros, y por eso sus datos son luego los utilizados por Brasil internacionalmente. Deter, cabe recordar, fue creado para permitir acciones policiales más rápidas y combatir los delitos ambientales. Por este motivo, las zonas indicadas en el programa Deter suelen estar asociadas a simples alertas de deforestación. Esta diferencia de métodos explicaría la significativa discrepancia con los datos del sistema BDQueimadas del INPE sobre los incendios en la Amazonia, que fueron divulgados casi simultáneamente. En junio, la Amazonia y el Cerrado, la sabana brasileña, registraron el mayor número de incendios desde 2007: 3.075 sólo en la Amazonia. Según los expertos, esto está directamente relacionado con la deforestación, ya que forma parte de la estrategia de “limpiar” el suelo que ha sido deforestado para destinarlo a la ganadería o a plantaciones. Es el llamado “ciclo de la deforestación amazónica”.

Las discrepancias que surgen de estos datos, más la incógnita de lo que revelarán los datos del Prodes, corren el riesgo de crear problemas al Gobierno de Lula, que en los últimos meses ha pedido a gobiernos extranjeros nuevos fondos para su Fondo Amazonia, una iniciativa de Alemania y Noruega para proteger la selva y promover el desarrollo sostenible, que ingresó 198 millones de dólares entre 2009 y 2018, cuando el Gobierno de Bolsonaro lo suspendió. Precisamente la semana pasada Suiza se declaró dispuesta a financiar el fondo. Además, la exigencia a Brasil, especialmente por parte de Francia, de parámetros estrictos contra la deforestación ha provocado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se estanque por el momento.

Así pues, la Amazonia ocupa un lugar central en la política exterior del Gobierno de Lula, al que los ecologistas reprochan que descuide otros biomas igualmente esenciales para salvaguardar el planeta. Como el Cerrado, cuyas alertas de deforestación, según el INPE, aumentaron un 21% en el primer semestre de este año, y el Pantanal, que ha perdido el 58% de su vegetación en los últimos años. Pero la Amazonia corre el riesgo de convertirse en un boomerang político debido también a los grupos criminales que han penetrado en ella en los últimos años. Tanto es así que, por primera vez, el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado el pasado mes de junio, incluye un capítulo dedicado exclusivamente al pulmón verde del planeta: “La narco deforestación y el blanqueo de los beneficios del narcotráfico en la explotación de la tierra, la agricultura, la ganadería y las infraestructuras conexas”, dice el informe, “supone un peligro cada vez mayor para la mayor selva tropical del mundo”.

Mientras que en los años 80 el capo mafioso siciliano de la Cosa Nostra Tommaso Buscetta ya había sido pionero en el potencial de la región para el aterrizaje de avionetas cargadas de cocaína, y por ello había comprado terrenos en el estado de Pará, al igual que el otro capo italiano Gaetano Badalamenti, hoy el tránsito de cocaína en la Amazonía se ha convertido en una realidad cotidiana. El informe de la ONU registra incluso la incursión en Perú de nuevos grupos criminales brasileños como Los Malditos del Comando Vermelho, que controlan la ruta de la droga desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y Puno hacia Brasil. Sin embargo, los principales actores criminales siguen siendo los dos principales grupos del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que también están presentes en otros países fronterizos como Perú, Colombia y Venezuela. Además del narcotráfico, controlan el tráfico de madera, considerado por los expertos como la principal causa de deforestación en Brasil. Según el informe de la UNODC, “las operaciones de tala ilegal se están expandiendo desde zonas establecidas como Mato Grosso, Pará y Rondônia a regiones más remotas de Acre, Roraima y Amazonas”.

En este mapa dinámico es la población local, predominantemente indígena, la que sufre. Según el informe, los municipios de la Amazonia brasileña registraron las tasas de homicidio más elevadas del país en 2021: una media regional de 29,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 23,9. La tasa de homicidios en el norte de Brasil, donde se encuentran siete de los nueve estados amazónicos, aumentó un 260% entre 1980 y 2019, en un momento en que amplias zonas del sur de Brasil experimentaron importantes descensos. Los municipios que experimentaron niveles comparativamente más altos de deforestación también experimentaron niveles de violencia superiores a la media.

La minería ilegal sigue siendo el otro problema difícil de resolver de forma definitiva para el Gobierno de Lula. La afluencia de decenas de miles de mineros a la región, los llamados garimpeiros, ha contribuido a acelerar la deforestación en amplias zonas de las tierras del pueblo indígena yanomami, que casi se ha duplicado, pasando de unas 1.200 hectáreas en 2018 a 3.300 en 2021. La policía federal brasileña ha conseguido expulsar a unos 25.000 mineros ilegales en los últimos meses. Sin embargo, la alerta sigue siendo alta. Tras la declaración de emergencia sanitaria para los yanomami el 20 de enero de 2023, los indígenas siguen siendo asesinados por garimpeiros, 13 sólo en mayo. El último asesinato en orden cronológico, la semana pasada, fue el de una niña en el estado de Roraima debido a un conflicto entre comunidades indígenas, los Whaputa y los Castelo, que atacaron la comunidad de Parima donde la presencia de garimpeiros ilegales es muy fuerte. A estas cifras hay que añadir los 130 yanomami que murieron debido a las condiciones sanitarias en el primer semestre de 2023. El 43,4%, según datos del Ministerio de Salud, son niños menores de cuatro años. De acuerdo con el informe de la UNODC, los indígenas también se encuentran entre los más afectados por el envenenamiento de mercurio, utilizado por la minería ilegal.

Es precisamente este complejo escenario el que puede pesar ahora en las negociaciones con la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur, pero también sobre el propio futuro de la Amazonia, dado que hasta ahora el PCC no ha sido derrotado por el Estado y el riesgo de que siga expandiéndose por el pulmón verde del mundo es muy alto. Recientemente ha habido incluso decisiones judiciales muy criticadas, como la que llevó a la liberación de uno de los líderes del PCC en San Pablo, Leonardo da Vinci Alves de Lima, en cuestión de horas. El juez calificó de ilegal el comportamiento de los policías que lo detuvieron en la calle sólo por notar un “comportamiento extraño”. Por eso lo puso inmediatamente en libertad.

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