El desesperado intento del gobierno de Guatemala por anular en la Justicia el golpe que sufrió en las urnas

El oficialismo guatemalteco, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei y su partido Vamos, ha echado mano de todo el Estado para intentar revertir los resultados electorales del 25 de junio pasado, que dejaron con buenas posibilidades de ganar en un balotaje a Semilla, un pequeño partido de centro izquierda con el que los grupos de poder no contaban. La última movida fue a través de la Corte de Constitucionalidad, que dejó en suspenso el resultado hasta que no se resuelvan demandas de reconteos planteadas por operadores ligados al partido oficial y sus satélites, perdedores todos en los comicios.

A mediodía del viernes 7 de julio, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron por finalizado un nuevo conteo, hecho tras la resolución del Constitucional, y certificó los resultados del 25J, pero siguió sin hacer oficiales los resultados a la espera de resolver demandas interpuestas por los candidatos y partidos perdedores. Ese misma noche, una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a impedir que se declare de forma oficial a los ganadores.

En la intentona de boicot han participado el tribunal electoral, las altas cortes, políticos acusados de lavar dinero del narcotráfico, una organización de ultraderecha, abogados de una de las candidatas del status quo, el Ministerio Público y la presidencia del país. Todos buscan, desesperados, revertir la voluntad que los guatemaltecos expresaron en las urnas el 25 de junio pasado, que fue enviar al balotaje a Sandra Torres, ella también miembro del pacto político que gobierna Guatemala, y al académico de centro izquierda Bernardo Arévalo, del sorpresivo Movimiento Semilla.

Analistas consultados por Infobae coinciden en que todos estos intentos obedecen al temor del oficialismo y sus aliados de perder acceso a los contratos públicos y las inmunidades que les otorgan sus cargos.

“Este afán del oficialismo y sus aliados de desconocer las elecciones obedece al temor a perder el botín del Estado y a eventuales persecuciones penales”, dijo a Infobae el abogado guatemalteco Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en su país y dirigió investigaciones en casos de corrupción y otros delitos que involucraban como sospechosos al presidente Giammattei, a varios operadores del sistema y a Sandra Torres, la candidata que competirá en segunda vuelta contra Semilla y Arévalo.

Sandoval, quien ahora está exiliado en Estados Unidos, sabe de lo que habla. Bajo su mandato, la FECI abrió dos investigaciones al presidente Giammattei, una por un posible soborno millonario entregado por mineros rusos para obtener permisos de explotación y buenas condiciones de exportación, y otro por otro supuesto pago ilegal de manos de un exfuncionario estatal. Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, protegió al presidente y exilió a Sandoval. A eso siguió una ofensiva legal contra otros investigadores y jueces que habían accionado en casos de corrupción contra los aliados del oficialismo.

“Ellos van a estar en pie de guerra todo el tiempo, no aceptan los términos de la democracia, no lo toleran. Van a boicotear”, asegura Manfredo Marroquín, analista político y fundador del movimiento Acción Ciudadana, que ha seguido de cerca el proceso electoral en Guatemala.

Desde las elecciones del 25J, la alianza del oficialismo entró en pánico. Bernardo Arévalo y Semilla, con quienes nadie contaba, recibieron casi 655,000 votos, con los cuales se aseguraron un puesto en el balotaje frente a Sandra Torres y la UNE, programado para el 20 de agosto. Con ese resultado llegó la posibilidad de que arribe al poder alguien al que el pacto actual que gobierna Guatemala no controla. En su primera entrevista con una cadena internacional de televisión, Arévalo aseguró que pedirá a los fiscales exiliados que dirigieron investigaciones contra Giammattei y sus aliados que colaboren en un eventual gobierno del Movimiento Semilla.

Empezó, entonces, la carrera contrarreloj de la alianza oficialista por detener a Semilla, a quien los analistas dan una buena chance de convertirse en gobierno debido al rechazo que Torres genera más allá de su voto duro.

La Corte de Constitucionalidad (CC), controlada por magistrados afines al oficialismo, resolvió el 1 de julio pasado amparos presentados por nueve partidos políticos que alegaron irregularidades en los escrutinios en mesas de votación en todo el país. Y, de paso, el tribunal suspendió la oficialización de los resultados del 25J, lo que en teoría significa que no hay resultados en firme y, por tanto, no está claro qué candidatos competirían en la segunda vuelta. Constitucionalistas guatemaltecos y los gobiernos de los principales socios políticos y comerciales del país centroamericano han condenado la intervención del Constitucional en el asunto y han pedido proteger la voluntad de los votantes.

En total, las actas que los partidos demandantes han pedido revisar no representan ni el 0.05% del total de mesas electorales, pero la acción de la CC ha servido para dejar en suspenso todo el proceso electoral y la certificación oficial de los resultados del 25J.

Lo que el fallo ha significado, en la práctica, es que miembros de los partidos que reclaman reconteos han vuelto a las sedes del Tribunal Supremo Electoral en todo el país a revisar actas de escrutinio, lo que ha generado ya varios incidentes caóticos.

Se trata, opina el analista Manfredo Marroquín, de un espectáculo para generar dudas sobre la legitimidad del proceso que dejó a Arévalo como gran ganador y a los partidos del pacto gobernante como perdedores. “Buscan sembrar una duda y dejar machada la elección con este tinte de fraude, que solo ellos pueden haber cometido porque controlan todo. Restar legitimidad al triunfo de Arévalo (en el balotaje) que va a ser arrollador”, opina.

Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala premiada en Estados Unidos y Europa por su labor en pro de la justicia y los derechos humanos en su país, opina que la CC no tiene competencia en este asunto. “La Corte de Constitucionalidad violó el procedimiento electoral al ordenar una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos. Este procedimiento esta fuera de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyos preceptos son imperativos”, tuiteó Paz sobre el fallo.

Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de FECI, asegura, como Paz, que la CC no tiene competencia en este asunto electoral, y que su intervención es meramente política, incluso ilegal. “Todo lo actuado no es ignorancia de los magistrados de la CC, debe entenderse como lo que es, una decisión política, que refleja un concierto entre los representantes del sistema y la máxima autoridad jurídica del país”.

También hubo reacciones desde Washington y Bruselas. La más importante es, acaso, la que llegó desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En una reacción poco usual por su celeridad y contundencia, el secretario de Estado Anthony Blinken condenó las acciones de la CC y reconoció como legítimos los resultados del 25J.

“Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático… Estados Unidos respalda las conclusiones de las numerosas organizaciones… que encontraron que los resultados publicados en la elección más observada de Guatemala coincidieron con sus observaciones en todo el país”, dijo Blinken en referencia a misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea que dieron por válidos los resultados del 25J.

En la capital estadounidense, un funcionario de la administración Biden que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público dijo a Infobae que el mensaje de Blinken tiene un alcance que las autoridades guatemaltecas deberían de ser capaces de entender: “cualquier escenario que no respete la voluntad de los guatemaltecos no será considerado como legítimo”.

Para Manfredo Marroquín, el fundador de Acción Ciudadana, cualquier alteración del resultado o del calendario electoral, que fija el 20 de agosto como el día en que Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la UNE deben ir de nuevo a las urnas para que sus conciudadanos escojan entre ellos al próximo presidente de Guatemala, es un delito, una alteración del orden constitucional.

“En una elección en el calendario electoral están marcadas todas las etapas, y eso no se puede violar, eso sería un delito en flagrancia. Eso sería dar un golpe electoral, que es equivalente a un golpe de Estado”, dice Marroquín.

Por ahora, y a pesar de los reclamos que les llegan desde dentro y fuera de Guatemala, el pacto gobernante no parece impresionado ni anuente a cesar en el empeño de cuestionar los resultados del 25J. Uno de los recursos fue meter al Constitucional en el asunto, pero también ha habido otras acciones. Otros operadores políticos han preparado el terreno para meter al Ministerio Público (MP) en el tema con el fin de que abra expedientes penales a los voluntarios electorales que certificaron los resultados y firmaron las actas del escrutinio preliminar en la primera vuelta.

El partido Valor, uno de los grandes perdedores, pidió MP el 30 de junio que investigue unas mil de las 24,585 que fueron habilitadas en todo el país para la presidencial. Aquel día, Jaime Hernández, abogado de Valor, se paró frente a los micrófonos en las afueras del MP para dar declaraciones grandilocuentes. Iba, dijo, a pedir que se investigue a los miembros de juntas electorales que alteraron resultados. Falsedad ideológica con agravación electoral es el delito del que acusa a los vigilantes de urnas.

Valor, el partido por el que actúa el abogado Hernández, es uno de los que llevó como candidata presidencial a Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder en 1982 tras protagonizar un golpe de Estado en medio del conflicto interno guatemalteco. Zury Ríos, quien ya había competido por la presidencia, montó su candidatura en alianza con el partido unionista, ligado a la familia del expresidente y exalcalde de la capital Álvaro Arzú (fallecido en 2018), y a militares y operadores políticos de ultraderecha.

La posibilidad de que el Ministerio Público intente interferir no parece alejada. En el pasado, además de blindar al presidente Giammattei de investigaciones penales, la fiscal general Consuelo Porras ha perseguido a quienes cuestionaron, investigaron o criticaron a miembros del pacto gobernante. La jefa del MP también ha permitido que operadores judiciales de la ultraderecha tengan información privilegiada en juicios a opositores. Uno de esos operadores es Ricardo Méndez Ruiz, el director de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) que orquesta persecuciones judiciales y acosos cibernéticos a opositores. Méndez y la FCT apoyaron públicamente la candidatura de Zury Ríos y, tras los resultados del 25 de junio, enfilaron contra Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla.

Cuentas anónimas en redes sociales, vinculadas a la FCT, han anunciado investigaciones penales a miembros de Semilla. En el pasado, desde estas cuentas se adelantaron acciones del MP que terminaron convertidas en persecuciones criminales contra opositores en los tribunales.

Un análisis sobre la situación poselectoral en Guatemala que ha servido de insumo a funcionarios de la administración Biden en los últimos días, del que Infobae tiene acceso, no descarta que la persecución penal al candidato Arévalo o a otros personeros de Semilla sea un camino que explore el pacto oficialista en Guatemala.

Un dato incluido en ese informe es una supuesta reunión entre representantes de la presidencia, de la fiscal general y del TSE para coordinar acciones, algo que las tres instituciones han desmentido. En el terreno, sin embargo, la afinidad entre funcionarios y operadores de estas instituciones empieza a ser evidente.

El 4 de julio pasado, en el sureño departamento de Escuintla, un hombre llamado Héctor Aldana exigía a gritos que la junta electoral departamental abriera las urnas. Era, alegaba, lo que mandaba la Corte de Constitucionalidad. Aldana es el fiscal electoral del partido Vamos, del presidente Giammattei, a nivel nacional, es decir, el encargado de cuidar los intereses del partido gubernamental ante las autoridades electorales. Aldana es, además, viejo conocido y aliado político de Leyla Lemus, una de las juezas de la CC que avaló dejar en suspenso los resultados electorales del 25J.

Lemus llegó al tribunal constitucional aupada por el presidente Giammattei. En 2019, Lemus y Aldana, el fiscal electoral, eran miembros del equipo de transición de Giammattei, entonces presidente electo, según determinó una investigación del medio digital La Hora.

No está claro cuándo terminarán los reconteos ordenados por la corte constitucional o cuándo este tribunal permitirá que se oficialicen los resultados que ponen al Movimiento Semilla en segunda vuelta. Si parece evidente que la presión internacional y desde la oposición política y ciudadana suma y pone en aprietos al oficialismo cada día que pasa. El 5 de julio, Edmond Mulet, uno de los candidatos perdedores cuyo partido Cabal había pedido reconteo, desistió del empeño y reconoció el triunfo de Bernardo Arévalo y Semilla en las urnas y pidió oficializar los resultados del 25J.

Otros protagonistas históricos en Guatemala, los movimientos indígenas, cuya capacidad de movilización social han probado en coyunturas políticas pasadas, también empiezan a alzar la voz. La autoridad indígena conocida como los 48 Cantones de Totonicapán dio un ultimátum a la autoridad electoral para que oficialice los resultados y amenazó con bloqueos de calles si esto no ocurre.

El conteo hacia el 20 de agosto, fecha programada para el balotaje, avanza y la tensión crece en Guatemala ante la posibilidad de que el oficialismo siga en su camino de intentar revertir, en las cortes, lo que los guatemaltecos decidieron en las urnas.

Seguir leyendo: