España otorgó la nacionalidad a otros ocho nicaragüenses expulsados por la dictadura de Daniel Ortega

(Washington, Estados Unidos) Al menos 54 de los nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega ya recibieron la ciudadanía española y muchos de ellos sienten que ese país es el único de los que declaró sus intenciones de ayudarlos que realmente activó los mecanismos para asistirlos.

Este miércoles España publicó en su Boletin del Estado Español (BOE) los decretos por los que otorgó la nacionalidad a ocho nicaragüenses que habían sido declarados apátridas por el régimen. Se trata del ambientalista Amaru Ruiz, los periodistas Enrique Toruño Jirón, Jennyfer Ortiz y Gema Serrano, el exembajador de Ortega ante la OEA, Arturo McFields Yescas, el padre de una militante universitaria que protestaba por su detención cuando también fue a prisión, Carlos Valle Guerrero y los el ex cancilleres, Francisco Aguirre Sacasa y José Pallais.

Con estos nuevos ocho decretos, ya son al menos 54 los exiliados que recibieron la nacionalidad española. La mayoría de ellos se encuentran en Estados Unidos o en Costa Rica.

Amaru Ruiz contó a Infobae que recibió la noticia como un reconocimiento que le permite reforzar su lucha contra la dictadura de Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero que él sigue sintiéndose nicaragüense. “Representa un acto de resistencia dada las situaciones que nos ha llevado el régimen. Este reconocimiento me va a permitir continuar con la lucha por una Nicaragua democrática”, dijo el militante ambientalista.

Ruiz es presidente de la Fundación del Río y defiende los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. En 2018 se exilió en Costa Rica luego del asedio del gobierno por denunciar delitos ambientales y ataques a comunidades indígenas. En 2021 fue acusado del delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil y España fueron algunos de los países que ofrecieron ciudadanía a los 222 ex presos políticos y a los 94 exiliados nicaragüenses que en febrero de este año fueron declarados apátridas por la dictadura de Ortega.

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Sin embargo, según coinciden los exiliados, el país que mostró una actitud más proactiva para ayudarlos fue España. El resto, según afirman, no tenían ningún instrumento pronto para que los apátridas pudieran aplicar.

Ruiz contó a Infobae que él se demoró en aplicar a la ciudadanía española porque primero investigó otras opciones en America Latina. Pero se encontró que ninguno de los países tienen instrumentadas opciones para poder ejecutarlo como sí lo tiene España. “Lamentablemente los países de latinoamérica que mencionaron la posibilidad de que accediéramos a su nacionalidad nunca lo concretaron”, dijo.

Arturo McFields Yescas recordó que “habían existido muchas promesas, pero España no solo prometió sino lo que hizo realidad”. Al igual que el defensor de derechos ambientales, el ex embajador de Ortega ante la Organización de Estados Americanos (OEA) destaca la celeridad de España y haber hecho del proceso algo muy “sencillo, amigable y humano”.

“Hay que reconocerle a España el carácter humano. No fue una experiencia compleja, o algo traumática. Eternamente agradecido con España”, dijo McFields.

A Ruiz le llevó menos de mes y medio entre que presentó el trámite y salió el decreto.

En marzo de 2022 Mc Fields no toleró más las acciones del régimen y denunció en una sesión en vivo del consejo permanente de la OEA, ante la que había sido embajador de Ortega, los desbordes de la dictadura.

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Para McFields haber sabido que tendrá ciudadanía española fue una noticia “extraordinaria”. “Significa que vuelvo a ser persona, con todas las de ley. Si vos no tenés tus derechos civiles escenciales, tu registro como persona, no existís. Me han vuelto a la vida”, dijo el ex diplomático a Infobae.

McFields vive en Estados Unidos y está sumamente agradecido también con el país norteamericano por su acogida, por haberle dado estatus legal y documentos. Pero entiende que obtener la nacionalidad es también un paso importante, dado que el régimen al quitársela intentó ultrajarlos. “Te borran del registro civil, es una afectación de tus derechos. Todo eso se amortiguó con el apoyo de EEUU. Si eso no hubiera pasado estaría en un limbo jurídico. Pero aún así no tenes registro en tu país, no tenes pasaporte. Es un embrollo que tardará mucho tiempo en enmendarse”, agregó.

Con la obtención de la ciudadanía española ahora podrán obtener pasaporte, algo que también les da otra parte de la libertad que les había sido quitada por el régimen.

Enrique Sáenz es economista y abogado nicaraguense que también está exiliado, en su caso en Costa Rica y fue parte de los 94 declarados apátridas luego de la liberación de 222 presos a los que también se les quitó la nacionalidad.

Sáenz también recibió la nacionalidad española, pero ya completó todo el proceso. Luego de haber sido emitido el decreto, como el caso de los ocho nicaragüenses comprendidos en la publicación de este miércoles por parte de España, se abren otros pasos, que también son muy rápidos.

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A diferencia de McFields y Ruiz, Sáenz hizo la aplicación para la ciudadanía inmediatamente después del anuncio. “España no solo ha sido consecuente con su anuncio, sino que los distintos estamentos han sido ágiles. Primero llené el formulario, tuve una cita, firmé la petición y unas semanas después salió el anuncio en el diario oficial. Un tiempo después llegó la comunicación del consultado para llenar con los datos de filiación (como si fuese una partida de nacimiento), los llené, tuve otra cita y en unos días estaba recibiendo el acta de naturalización”, relató el economista a Infobae.

Si hay algo que comparten todos los exiliados, es la esperanza de volver a Nicaragua cuando retorne la democracia. También coinciden en que este gesto de España no hace más que ayudarlos a redoblar los esfuerzos.

“Ahora tengo más empeño, ánimo por luchar para salir de la dictadura. En ningún momento he tenido un minuto de flaqueza, de dudas o desánimo. Pero esto nos dota de un escudo y de una protección que con el despojo de la nacionalidad no la teníamos”, dijo Sáenz.

“Tengo la esperanza de que algún día voy a regresar a mi país con todos los derechos que la Constitución me garantiza y me protege. Tengo la esperanza de poder entrar y salir cuando quiera, sin pedirle permiso a nadie. La libertad de regresar sin saber que me van a matar, a confiscar, a desterrar”, aseguró McFields a Infobae.

Para Amaru, haber recibido la nacionalidad española es una “acción de resistencia” porque “el régimen no se esperaba una solidaridad” de este estilo.

Además de Ruiz y McFields, otros seis nicaragüenses dejan de ser apátridas con estos decretos de España.

Uno de ellos es Enrique Toruño Jirón, que fue director de la Radio Darío en León, fundada en 1949 y con una postura crítica del gobierno de Ortega. Durante abril de 2018 la radio recibió varias amenazas. Les advertían que la radio sería destruida. Y así sucedió la noche del 20 de abril de 2018. Según el relato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una docena de hombres encapuchados llegaron en dos camionetas, armados con AK-47 y rociaron con gasolina en el edificio provocando pérdidas totales en la radio y quemaduras en algunos de los trabajadores de la radio. Según el relato de la CIDH, dos de los atacantes murieron posteriormente en el hospital por las quemaduras.

Desde la radio llamaron a la policía, pero nunca llegó asistencia.

Si bien la radio perdió todo, Toruño no se rindió y volvió a emitir, ahora desde su casa. Desde allí cubrieron las manifestaciones de 2018 hasta que llegó un segundo ataque, contra la planta donde estaba el transmisor de la radio. Luego de eso Toruño se exilió en Miami y en febrero de este año la dictadura le quitó la nacionalidad al igual que a otros 93 compatriotas, 12 de ellos periodistas.

Otro de los beneficiados con la ciudadanía española fue Carlos Valle Guerrero, que fue parte de los 222 presos políticos liberados y deportados en febrero. Valle Guerrero es el padre de una joven universitaria, Elsa Valle, que fue detenida en el marco de las protestas de 2018. Luego de la detención de su hija él participó de cada protesta, con la foto de ella colgada al cuello, pidiendo la libertad de todos los presos políticos del régimen.

En septiembre de ese año, en medio de una trifulca, fue detenido y acusado de terrorismo, tortura y amenazas por haber tenido una pelea con un militante del gobierno que insultó a los manifestantes.

Francisco Aguirre Sacasa también era parte de los 222 presos políticos desterrados en febrero. Fue canciller y embajador ante Estados Unidos entre 1997 y 2002 y candidato a vicepresidente en 2011. Estuvo detenido desde julio de 2021 acusado de traición a la patria.

Gema Serrano Morales es periodista de Carazo y está exiliada desde 2018. Es una de los 12 periodistas que integran la lista de los 94 nicaragüenses a los que se les quitó la nacionalidad en febrero. Su padre, Henry Serrano, fue militante contra la dictadura de Somoza, pero en los episodios de 2018 trabajó para la dictadura de Ortega, a la que ella se enfrentaba.

Jennyfer Ortiz también es periodista y es directora del proyecto audiovisual Nicaragua Investiga.

José Pallais fue canciller de Nicaragua durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro (1990 a 1997). Entre 2007 y 2012 fue congresista y previo a las elecciones de 2021, cuando pretendía ser candidato presidencial, fue puesto en prisión por el régimen al igual que otros candidatos. Fue liberado en febrero de este año y desterrado a Estados Unidos.

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