EEUU alertó que la impugnación de las elecciones en Guatemala es una “grave amenaza a la democracia”

Estados Unidos expresó el domingo su “profunda preocupación” ante los cuestionamientos sobre las elecciones en Guatemala que llevaron a una suspensión de la oficialización de los resultados, impugnados por la derecha. “Socavar las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance”, dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Blinken también señaló que “las acciones que buscan interferir con el resultado electoral violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”. El secretario de Estado de EE.UU. no mencionó específicamente a ningún partido político ni institución guatemalteca en relación con los intentos de interferencia.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, ordenó ayer al Tribunal Supremo Electoral, de manera provisional, que no oficialice los resultados de los comicios generales efectuados el pasado domingo.

La OEA también expresó preocupación por la extrema judicialización del proceso electoral en Guatemala. El organismo instó al respeto de la separación de poderes, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad de su proceso.

En un comunicado de prensa, la Corte de Constitucionalidad explicó que decidió avalar un recurso legal interpuesto por nueve partidos de la política tradicional guatemalteca, quienes argumentan que temen que se “adjudiquen” cargos sin revisar nuevamente las actas de votación. “El Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial (20 de agosto), todo haya quedado debidamente depurado”, indicó la corte.

La suspensión, según expertos y analistas, genera un período de incertidumbre, ya que, por ejemplo, la reelección de los 13 magistrados del Supremo y renovación del Organismo Judicial, uno de los tres poderes del Estado, debió llevarse a cabo en 2019 y a la fecha se mantienen los mismos funcionarios que debieron dejar su cargo hace cuatro años.

Los comicios presidenciales del pasado domingo fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguida por el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente se coló a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas. Mientras tanto, el Congreso quedó con mayoría de la agrupación oficialista Vamos, con 39 legisladores, seguido de la UNE (28) y Semilla (23).

El recurso legal planteado ante la Corte de Constitucionalidad fue interpuesto por nueve partidos de la política tradicional guatemalteca en “contra del Tribunal Supremo Electoral”.

El documento alega que “existe riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales los vicios contenidos en actas manuscritas, actas digitalizadas, y consecuentemente, subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional”.

Entre los partidos políticos que firmaron el recurso se encuentran la UNE de Torres Casanova; Vamos, del actual presidente, Alejandro Giammattei, y Valor, de la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa.

La misma Torres Casanova dijo este sábado en una conferencia de prensa que la intención de su partido es la verificación de solamente un pequeño porcentaje de actas de votación, mientras otras de las 9 agrupaciones han sugerido que sea el Ministerio Público (MP, Fiscalía) el que cuente los votos.

El sorpresivo segundo lugar obtenido en las elecciones presidenciales del 25 de junio por el partido socialdemócrata Semilla, nacido de las manifestaciones contra la corrupción en 2015, puede estar en riesgo según habían advertido varios sectores.

Algunos de ellos criticaron que la Corte de Constitucionalidad se involucrara en un recurso que supuestamente le correspondía resolver al Organismo Judicial, mientras que otros recordaron que dos de los cinco magistrados de la entidad fueron aliados en el pasado de Giammattei y Ríos Sosa.

“Los operadores del pacto de ‘narcocorrupción’ demuestran una clara intención de traerse abajo el resultado de las elecciones porque no les favorece. ¡Ya no más socavo a la democracia!”, aseguró el colectivo JusticiaYa.

La segunda vuelta electoral para definir al presidente guatemalteco para el período 2024-2028 está programada para el próximo 20 de agosto entre Torres y Arévalo de León.

Con información de EFE

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