La Corte Interamericana de DDHH ordenó al régimen de Nicaragua liberar a cuatro indígenas presos cuyas vidas corren riesgo

Exigió “garantizar un trato digno mediante acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como facilitar su contacto con familiares y abogados”

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Imagen de archivo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en conmemoración del 18 aniversario de la creación del ALBA-TCP en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 14 de diciembre de 2022. Yamil Lage/ Pool vía REUTERS
Imagen de archivo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en conmemoración del 18 aniversario de la creación del ALBA-TCP en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 14 de diciembre de 2022. Yamil Lage/ Pool vía REUTERS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este viernes a Nicaragua liberar inmediatamente a cuatro indígenas mayangna, quienes se encuentran presos desde 2021 en condiciones que ponen en riesgo su integridad y sus vidas.

“Requerir al Estado para que de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”, señala la resolución mediante la cual la CorteIDH otorgó medidas provisionales a estas personas identificadas con las iniciales A.C.L, I.C.L, D.A.B.A, y D.R.Z.

La CorteIDH también ordenó a Nicaragua que mientras se realizan los trámites administrativos necesarios para la liberación, “garantizar un trato digno mediante acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como facilitar su contacto con familiares y abogados”.

La solicitud de medidas provisionales presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indica que los indígenas fueron condenados por la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en el territorio indígena Mayangna Sauni As y en la que murieron 11 personas, incluso algunos familiares de los encarcelados.

Los representantes de los cuatro indígenas presos afirman que la masacre fue cometida por “colonos invasores” miembros de una conocida banda criminal, versión que apoyan los habitantes de la zona que atestiguaron los hechos.

Daniel Ortega, acompañado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (AP Foto/Alfredo Zuniga/Archivo)
Daniel Ortega, acompañado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (AP Foto/Alfredo Zuniga/Archivo)

Sin embargo, oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a los cuatro indígenas en 2021, quienes fueron condenados a prisión en marzo de 2022 en un procesos judicial marcado por violaciones al debido proceso y una investigación negligente, según asegura la CIDH.

La CIDH también argumenta que a los indígenas se les ha negado la atención médica efectiva, a pesar de sufrir enfermedades graves; no están recibiendo suficiente exposición al sol, no tienen acceso a una alimentación adecuada ni a agua potable.

Además, al parecer estas personas se encuentran esposadas de manos y pies las 24 horas y estarían sufriendo torturas físicas, emocionales y sexuales por los demás internos.

Tras conocer los hechos expuestos por la CIDH en este caso, la CorteIDH decidió brindar las medidas provisionales y ordenar la liberación de los cuatro indígenas, al considerar “se encuentran en situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a una alimentación adecuada”.

Esta resolución se suma a una serie de órdenes que a lo largo de los últimos años la CorteIDH ha emitido para Nicaragua acerca de personas presas y que el Estado no ha acatado.

El jueves, la CorteIDH brindó medidas provisionales en favor del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país, y ordenó su liberación inmediata.

Anteriormente el alto tribunal había ordenado liberar a decenas de personas consideradas presos políticos del régimen de Daniel Ortega, pero las autoridades no acataron.

(Con información de EFE)

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