El endurecimiento de las políticas criminales en materia de drogas y la falta de enfoque de género para abordar esta problemática es una de las razones, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que las mujeres en Ecuador y otros países de la región estén mayoritariamente presas por cargos de tráfico de drogas. El más reciente censo penitenciario realizado en las cárceles ecuatorianas reveló que el 72% de las mujeres encarceladas enfrentan procesos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las mujeres representan el 6% de la población carcelaria a escala nacional. El censo realizado en Ecuador en 2022 reveló que hay 1.965 mujeres en las prisiones. Aunque los prisioneros hombres son mayoría, de ellos solo el 32% fueron detenidos por cargos relacionadas con drogas.
En su informe de 2022 sobre la situación de los prisioneros en Ecuador, la CIDH recomendó que se implementen medidas alternativas a la prisión preventiva para mujeres. Para la Comisión es importante que el Estado promueva la incorporación de la perspectiva de género. Además ha alertado sobre las vulneraciones a las que están expuestas las mujeres en las cárceles.
Un estudio concluye que la mayoría de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas en América Latina han sido condenadas por delitos no violentos. Otro factor que contribuye a este aumento es el uso excesivo de la prisión preventiva contra las mujeres.
La CIDH también señala que el aumento en la población carcelaria femenina se debe a las limitadas oportunidades económicas y educativas que enfrentan las mujeres como resultado de la discriminación y la exclusión laboral, las cuales a menudo las empujan hacia situaciones de pobreza. Además, el informe destaca que la discriminación y la violencia de género contribuyen a la participación de las mujeres en actividades delictivas. Muchas mujeres se ven obligadas a participar en actividades criminales debido a amenazas dirigidas a ellas o a sus familias, así como a actos de violencia basados en su género.
En la mayoría de los casos, las mujeres actúan como microtraficantes o forman parte de clanes familiares que se han dedicado al tráfico de estupefacientes durante años. Los agentes policiales no han detectado la participación de mujeres en roles de alto nivel en las organizaciones delictivas que operan en el país, solo se han registrado algunos casos aislados en funciones administrativas, contables y logísticas. Este tipo de roles dentro de las bandas que se dedican al tráfico de drogas suelen adquirirse desde edades tempranas, según un informe de la CIDH sobre Violencia, niñez y crimen organizado.
El estudio de Andreina Torres Angarita en 2008, titulado Drogas, Cárceles y Género en Ecuador: La Experiencia de las Mujeres ‘Mulas’, así como la encuesta FLACSO-DNRS de 2005, reveló que las mujeres involucradas en el narcotráfico tienen una relación débil con la ilegalidad, ya que la mayoría de ellas no tienen una trayectoria delictiva en sentido estricto, sino que se involucran en el tráfico de drogas debido a diversas circunstancias, entre las que las relaciones de pareja desempeñan un papel importante, junto con las amenazas y el engaño.
Según esta investigación, una característica destacada de las “mulas”, como se les llama las personas que transportan droga, es su juventud, pues la mayoría de las mujeres son muy jóvenes. Estas jóvenes, en sus diversas circunstancias y contextos, son capaces de sacrificarse o embarcarse en una empresa peligrosa. Cuando se trata de relaciones con la pareja, lo hacen ya sea para “salvar” la relación o para obtener los recursos materiales que les permitan llevar a cabo un proyecto de vida compartido.
En otros casos, frente a la falta de oportunidades y acceso al empleo, muchas mujeres que son cabeza de familia o responsables del hogar entran a redes de microtráfico. Las que son detenidas cumplen con sus condenas y luego no logran reinsertarse socialmente, por lo que suelen reincidir.
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