El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil definió este viernes la inhabilitación del ex presidente Jair Bolsonaro para ejercer cargos públicos, algo que el líder ultraderechista señaló como una “puñalada por la espalda”.
“Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político”, dijo en respuesta a la decisión final de la máxima autoridad electoral del país, que lo convirtió en el primer ex presidente del país en perder sus derechos políticos “por hablar” -según denunció Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL)-.
“Hoy sufro una inhabilitación. No me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere”, continuó su declaración a la prensa Bolsonaro en la ciudad de Belo Horizonte, donde aseguró que, no obstante, seguirá trabajando “dentro de las cuatro líneas” de la Constitución Nacional, algo que -asegura- es un “esfuerzo” que “no tuvo su debido valor reconocido”.
Asimismo, Bolsonaro buscó minimizar la condena en su contra y subrayó que no está “muerto” en lo que respecta a su carrera política y adelantó que recurrirá a su equipo de asesores legales para evaluar la posibilidad de presentar recursos ante la Corte Suprema, en contra de la decisión del TSE.
Más temprano este viernes, el máximo tribunal concluyó que el ex mandatario era culpable de “abusos de poder” que datan de la última campaña electoral, en la que fue derrotado por el ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En particular, el juicio se centró en una reunión que Bolsonaro mantuvo el 18 de julio de 2022 con unos 50 embajadores de todo el mundo en la residencia oficial, en la que planteó su desconfianza sobre el sistema electoral y la propia democracia en Brasil, dos de sus cuestionamientos más frecuentes el último año, cuando competía por la reelección.
En la sentencia se lo acusa de un “abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo”, así como de un “uso indebido de predios públicos y medios de comunicación”, ya que el encuentro fue transmitido en vivo en la televisión pública bajo órdenes del jefe de Estado.
Con la reciente definición, Bolsonaro ha quedado inhabilitado de competir en las próximas elecciones presidenciales -a disputarse en 2026-, para las que ya había manifestado su voluntad de candidatearse. Tampoco podrá aspirar a ocupar ningún puesto en la administración pública durante ocho años, comenzando desde octubre de 2022.
Así, el líder ultraderechista recién podrá buscar un nuevo mandato en el Palacio del Planalto en las elecciones de 2030, cuando tendrá ya 75 años.
No obstante, Bolsonaro contempla, también, una segunda señal de esperanza: la potencial aprobación de un proyecto de ley en el Congreso -anticipada por algunos de sus correligionarios- que brinde amnistías a los condenados por delitos electorales en 2022, lo que lo volvería a habilitar políticamente.
Mientras el Partido Liberal lamenta la definición de la Justicia brasileña, el Gobierno de Lula celebró el anuncio y consideró que se trata de un “gran día”.
Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que la decisión “tiene una enorme forma didáctica” y “condena los métodos de la extrema derecha, la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral”.
Se trata de un “gran día”, ya que es una muestra de que “la defensa de la democracia y el enfrentamiento al fascismo permanecen a la orden del día” en la sociedad brasileña, concluyó.
(Con información de EFE)
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