La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Nicaragua liberar inmediatamente al obispo Rolando Álvarez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió este miércoles a Nicaragua liberar “inmediatamente” a monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional”.

La Corte IDH, con sede en San José, dispuso “requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”, informaron desde el tribunal continental a través de una resolución.

Álvarez fue condenado el 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.

La Corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación al tribunal.

Mientras se gestiona su liberación, la Corte Interamericana dispuso que se garantice “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados”.

El caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura.

A inicios del pasado marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense sostuvo en un comunicado que “se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.

El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó al nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.

El 10 de febrero, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Además, lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, dijo recientemente Infobae que luego del desacato en el que cayó la dictadura de Nicaragua al incumplir las sentencias, es responsabilidad de los países, políticamente, hacer declaraciones, tener un protocolo y hacer seguimiento para evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos señalados por la corte.

“Me preguntaban días pasados qué esperaba yo (de la Asamblea General de la OEA). Bueno, no puedo apostar al contenido de una decisión sobre esto, pero lo importante es que haya una decisión y que los estados asuman una posición sobre este tema”, dijo Pérez Manrique previo a que la OEA aprobara la declaración el viernes.

Este fue uno de los asuntos más polémicos discutidos entre los países, porque Brasil pidió realizar cambios que suavizaron la declaración sobre la dictadura de Daniel Ortega que habían redactado otros países para lograr un consenso. Entre varios cambios que se realizaron se quitó la exigencia a Nicaragua para que “permita el acceso pleno y sin obstáculos a su territorio” a los órganos internacionales de derechos humanos. Eso se cambió por “un llamamiento” para que Nicaragua “coopere plenamente” con esos organismos.

(Con información de AFP)

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