La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ampliar las medidas provisionales en el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua” con fin de proteger la vida del obispo Rolando José Álvarez. La CIDH advirtió que el prelado se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, enfrentando violaciones irreparables a sus derechos.
Álvarez Lagos ha sido crítico del régimen de Ortega y ha abogado por la protección de los derechos humanos en el país centroamericano. Además, es el primer obispo arrestado, acusado desde que el líder sandinista retornó al poder en Nicaragua en 2007 y fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
El papa Francisco calificó como una “dictadura grosera” al régimen de Daniel Ortega en una entrevista con Infobae.
En 2023, la CIDH emitió las medidas cautelares al obispo, luego de determinar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en su reglamento. A pesar de los reiterados intentos de la Comisión por obtener información por parte del régimen de Ortega, no ha recibido respuesta alguna que indique la adopción de medidas para mitigar el riesgo ni ha brindado la protección adecuada y efectiva. Tampoco se han realizado acciones de concertación o investigaciones relacionadas con los eventos de riesgo.
La Comisión resalta que la solicitud de ampliación de las medidas provisionales refleja una situación excepcional, basada en el riesgo extremo, urgente e irreparable que enfrenta el obispo nicaragüense.
Con base en el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión ha instado a la Corte Interamericana a que ordene al régimen de Ortega tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar eficazmente la vida, integridad, salud y libertad del obispo Rolando Álvarez, incluyendo su liberación inmediata debido a las condiciones actuales en las que se encuentra.
“Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo”, dice el comunicado de la CIDH.
Se eleva a 64 los “presos políticos” en Nicaragua
El número de opositores y críticos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que se encuentran en las cárceles de este país centroamericano pasó de 47 a 64, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
“Entre el 8 de mayo y 19 de junio de 2023 (período que abarca el presente informe) se registraron 33 detenciones por motivaciones de persecución política”, indicó en un informe el Mecanismo, cuyos datos son avalados por la CIDH.
Al 7 de mayo pasado, ese organismo registraba 47 personas “presas políticas” en Nicaragua.
Aunque en total suman 80 opositores detenidos, la cifra se reduce a 64 porque algunos fueron liberados posteriormente, de acuerdo con el Mecanismo.
En mayo pasado, “se detuvieron arbitrariamente a por lo menos 90 personas entre opositoras, periodistas y activistas de varios departamentos del país”, precisó.
“A la mayoría se les impuso la medida alterna de casa por cárcel y la firma diaria en delegaciones policiales. Por tanto a la fecha se contabilizan 81 personas en calidad de judicializadas de forma ilegal”, puntualizó.
Entre los detenidos se encuentran 14 que habían sido excarcelados y que han sido capturados y judicializados nuevamente por motivos políticos, indicó.
De los 64 encarcelados que hay hasta la fecha, 54 fueron detenidos después de abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales por unas controvertidas reformas a la seguridad social, y 10 fueron judicializados antes de esa fecha, explicó el Mecanismo.
Por otro lado, ese Mecanismo advirtió que “continúa el patrón represivo de detenciones arbitrarias para la criminalización de la libertad de culto”.
“En el período que abarca este informe se registró la captura de cuatro sacerdotes y al menos 16 personas pertenecientes a la feligresía, incluyendo trabajadores de ONGs católicas”, sostuvo.
Entre los 64 opositores o críticos de Ortega que todavía guardan prisión se encuentra el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, según el informe.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE)
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