Elecciones en Guatemala: acusaciones de fraude adelantado, bloqueo de candidatos y persecución de periodistas

Alejandro Giammattei, el médico que recién había ascendido a la presidencia de Guatemala, se paró frente al podio adornado con el escudo nacional para dar la noticia que marcó el primer año de su mandato: “Debo anunciar la llamada que jamás hubiera querido recibir… En este momento declaro que es oficial la entrada del coronavirus…”. Era el 13 de marzo de 2020 y Guatemala estaba por cerrar todas sus fronteras para enfrentar la pandemia de Covid-19. A partir de entonces, Giammattei aparecía semanalmente en una conferencia televisada en la que sus compatriotas se enteraban de medidas como toques de queda y cercos sanitarios. Esos fueron los meses buenos del presidente.

Cuando, a principios de 2021, las restricciones por Covid-19 se habían levantado, su gobierno estaba ya envuelto en el primer gran escándalo de corrupción, la compra de vacunas rusas sobrevaluadas, con dinero público del que nadie dio cuenta, en lotes que nunca llegaron a Guatemala. Fue la primera cuenta en un largo rosario que este domingo verá el primer día de su final: el 25 de junio hay elecciones generales en el país centroamericano; 9.4 millones de guatemaltecos están registrados para votar y elegir a quien reemplazará a Giammattei.

Serán unas elecciones muy competidas. A pocas horas de que las urnas abran, no hay un favorito claro. Tres candidatos se han turnado en los primeros cuatro lugares según las encuestas publicadas durante las últimas semanas: Sandra Torres, Zury Ríos y Edmond Mulet.

Torres, del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), fue primera dama de Guatemala entre 2008 y 2012, cuando estaba casada con Álvaro Colom, presidente en aquellos años. Durante la presidencia de su entonces esposo, Torres estuvo a cargo de los programas sociales del gobierno, lo que en los años posteriores le dio mucha raigambre política. Antes de que Colom saliera del gobierno, Sandra Torres inició los trámites de divorcio para poder competir en las presidenciales de 2011, algo que los tribunales le negaron.

La ex primera dama, sin embargo, logró inscribirse en las presidenciales de 2015, donde encabezó los resultados en primera vuelta pero perdió en el balotaje contra Jimmy Morales, un comediante televisivo que gobernó Guatemala hasta 2020. En 2019 le pasó lo mismo: compitió en primera vuelta y perdió en la segunda contra Giammattei. Hoy, la mayoría de las encuestas la dan como favorita a ganar el domingo, pero, de nuevo, los sondeos le dan menos oportunidades en una eventual segunda ronda.

De hecho, de acuerdo con la mayoría de las mediciones publicadas en Guatemala hasta la fecha, las presidenciales no se resolverán en primera vuelta debido a la fragmentación del voto. En principio se inscribieron 22 candidaturas presidenciales, de las cuales al menos 3 fueron ya bloqueadas por el Tribunal Supremo Electoral o las cortes del país.

De las candidaturas que sobreviven, además de la de Sandra Torres, una de las que se ha mantenido en los primeros lugares es la de Zury Ríos Sosa, la hija del dictador militar Efraín Ríos Montt. Ríos Sosa, de la coalición de derechas Valor-Unionista, se mantuvo en el primer lugar de preferencias durante las semanas que siguieron a la convocatoria a elecciones el pasado 20 de enero, con números cercanos al 20% de las preferencias, pero la candidatura se fue desinflando hasta ubicarse, en los últimos días, entre el segundo y el tercer lugar según sea la encuesta, con números ya por debajo del 10% de preferencias.

Ríos Montt, el padre de la candidata, llegó al poder en 1982 tras un golpe de Estado y gobernó de forma sangrienta hasta 1983. Eran los tiempos más violentos del conflicto armado interno en Guatemala, durante los que el dictador presidió el genocidio de poblaciones Maya Ixil, según lo determinó la justicia local en 2013. Zury Ríos hizo su carrera política a la sombra de su padre y, con el partido que él fundó, el Frente Republicano Guatemalteco, fue diputada en el Congreso.

Zury Ríos, como Sandra Torres, compitió en la presidencial de 2015, pero apenas alcanzó el 5º lugar con menos del 6% de los votos. Intentó competir en 2019, pero una resolución de la corte constitucional lo impidió al invocar la previsión que impide a familiares de golpistas participar en elecciones presidenciales. Desde que perdió aquel año, Ríos Sosa se mantuvo activa y consolidó su influencia en las cortes y el Congreso del país, lo que le permitió colocar al abogado Roberto Molina Barreto, su vicepresidenciable en 2019, en la Corte de Constitucionalidad y, con ello, impedir un nuevo bloqueo a su candidatura de este año.

Con posibilidades de colarse en segunda vuelta aparece también Edmond Mulet, un ex diplomático que trabajó junto al ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki Moon en misiones de paz y fue presidente del Congreso de su país. En los 80, fue acusado de pertenecer a una red de adopción ilegal de menores que luego eran vendidos a extranjeros, acusaciones por las que fue detenido pero nunca juzgado. Participó en las presidenciales de 2019 y obtuvo el 11% de los votos. Hoy, tras el bloqueo de otras candidaturas que aparecían en los primeros lugares -en algún momento incluso por encima de las candidatas principales-, Mulet parece haber capitalizado las intenciones de voto en zonas urbanas.

Mulet, quien se presenta como centrista, tampoco es extraño al poder tradicional en Guatemala. Según una investigación reciente del diario digital Prensa Comunitaria, miembros de Cabal, el partido del ex diplomático, se han beneficiado de contratos millonarios con los dos últimos gobiernos.

Había otros candidatos, entre ellos los del único movimiento con amplia representación indígena maya, que en su momento se desempeñaron mejor que Mulet en las encuestas, pero fueron bloqueados. El asunto encendió las primeras señales de alarma sobre la legitimidad de las elecciones guatemaltecas.

Jordán Rodas fue procurador de derechos humanos en Guatemala hasta agosto de 2022. Después fue candidato a rector de la Universidad de San Carlos, estatal y una de las más antiguas del continente. Crítico del gobierno de Giammattei y cuestionado por las élites empresariales y políticas, Rodas fue víctima de un fraude en las elecciones universitarias: operadores políticos, algunos asociados con el gobierno Giammattei, bloquearon a electores de Rodas y auparon a Alejandro Córdova, un acólito del oficialismo, como rector. La historia del fraude contra Rodas se repetiría pocos meses después.

A finales de 2023, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), una organización indígena con presencia en todo el país, postuló a la lideresa Maya Mam Thelma Cabrera como presidenciable y a Rodas a la vicepresidencia. Desde enero, sin embargo, a través de una compleja argucia legal ejecutada a través del TSE y las cortes del país -dominadas por Giammattei y los grupos afines a su mandato- bloquearon a Rodas y la candidatura del MLP.

El 27 de enero pasado, de gira en Washington, DC para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), en el Congreso estadounidense y en el Departamento de Estado la exclusión de su candidatura, Rodas fue el primero en anunciar que, de no incluir la candidatura del MLP -que en un momento llegó a aparecer con posibilidades de entrar al balotaje- Guatemala se encaminaba a un escenario de fraude.

“Denuncié públicamente el fraude porque se está limitando el derecho a la participación política, garantizado en el Pacto de San José, como oportunamente lo hizo saber la CIDH, en caso de no haber una sentencia en firme y en mi caso solo hubo una denuncia espuria”, dijo Rodas a Infobae en una charla telefónica.

Las autoridades guatemaltecas también bloquearon la candidatura de Roberto Arzú, de derechas y heredero de una de las dinastías políticas más importantes del país, la que creó el expresidente y exalcalde de Ciudad de Guatemala Álvaro Arzú, fallecido en 2018. Roberto Arzú también logró números que lo metían entre las aspirantes más populares, pero, a pesar de ser un político conservador, la suya es una candidatura más bien alejada del oficialismo.

A finales de abril, tras los primeros bloqueos de candidaturas, irrumpió en el mapa Carlos Pineda, otro candidato conservador, quien empezó a pescar preferencias entre votantes de la derecha. La subida de Pineda en las encuestas empezó a coincidir con la baja sostenida de Zury Ríos. El 27 de mayo, la Corte de Constitucionalidad, la misma que habilitó a la hija del dictador Ríos Montt a participar, bloqueó a Pineda.

Los bloqueos y el pobre papel del tribunal electoral en el asunto ya han llevado a analistas locales y a instancias internacionales a cuestionar la legitimidad del proceso guatemalteco. A finales de mayo, la Unión Europea, que ha enviado una misión especial de observadores, expresó preocupación por la transparencia de las elecciones.

En un informe publicado el 16 de junio pasado, el Centro de Investigaciones del Congreso en Washington, DC advirtió que “las elecciones guatemaltecas, y cómo se perciba su legitimidad, pueden tener implicaciones significativas para la política estadounidense. Elecciones que según la percepción del público son menos libres y justas pueden disparar las protestas y exacerbar la estabilidad política y social en Guatemala”.

Quimy De León, periodista y editora guatemalteca, cree que el proceso electoral desde su convocatoria y sus irregularidades, han sido muy poco observadas por la comunidad internacional. “Una de las preocupaciones de la sociedad civil es que la observación se enfoque solo en lo procedimental el día D, en donde probablemente no habrá mayores contratiempos, y que eso al final legitime la llegada de un gobierno que ganó con base a la exclusión y a la limitación del derecho a los guatemaltecos a elegir libremente. La disyuntiva de las misiones internacionales será si reconocen o no a un gobierno que llegará con denuncias del uso del fraude”, dice.

Prensa Comunitaria, uno de los medios locales que más ha analizado las elecciones, publicó un informe en el que advierte que estos comicios pueden cimentar aún más las tendencias autoritarias que ya se atribuyen al gobierno de Alejandro Giammattei.

“A diferencia de elecciones anteriores, esta se realiza en un clima de desconfianza e incertidumbre en tanto que la coalición gobernante ha utilizado todos sus recursos disponibles para incidir sobre este proceso. Sin un sistema de justicia independiente, el cierre de espacios para la sociedad civil, con medios de comunicación cercados y perseguidos, con candidatos presidenciales excluidos… las elecciones de 2023 parecen ser el preámbulo de la consolidación de un régimen autocrático”, dice el informe en referencia a la manipulación del mapa electoral y a la criminalización de periodistas, investigadores y opositores que han denunciado al oficialismo.

Si hay un nombre que no aparecerá en la boleta del domingo, pero es indispensable para entender el contexto político en el que Guatemala llegará a la jornada electoral es de Alejandro Giammattei, el mandatario saliente.

“Es el presidente que más control ha tenido en la historia política contemporánea… Controla las cortes, al MP, y con ese poder nos ha perseguido”, dijo la semana pasada en un evento en Washington, DC Bertha Michelle Mendoza, ex corresponsal de la cadena CNN quien ahora vive exiliada en Estados Unidos tras ser amenazada por sus investigaciones al entorno del presidente.

Cuando Guatemala levantó las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el gobierno Giammattei empezó a enfrentar denuncias de todo tipo: la corrupción en la compra de vacunas rusas, el estado deplorable del sistema de salud y la incompetencia en la gestión epidémica. Pronto se sumaron más señalamientos que poco tenían que ver con el virus.

Para junio de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investigaba al presidente por dos posibles sobornos millonarios, uno entregado por mineros rusos que buscaban ampliar su explotación de níquel y otros metales en Guatemala, y otro por un ministro del gobierno anterior. Consuelo Porras, fiscal general y aliada política del presidente, cerró los casos y persiguió a los investigadores que, desde la FECI, hurgaron en los asuntos de Giammattei. Hoy, al menos seis periodistas guatemaltecos, como la corresponsal Mendoza, y dos docenas de operadores de justicia están exiliados.

Otro de los objetivos políticos de Porras y Giammattei ha sido José Rubén Zamora, el periodista más influyente de Guatemala, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de cárcel por el sistema de justicia que el presidente y los suyos controlan en un caso de supuesto lavado que el Ministerio Público no logró probar. Uno de los principales verdugos judiciales de Zamora fue Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), un organismo paralegal que se ha querellado contra los periodistas e investigadores críticos del oficialismo y ha llevado a varios de ellos a la cárcel.

Méndez Ruiz y la FCT son cercanos a la candidatura de Zury Ríos, la hija del dictador Ríos Montt y preferida de la ultraderecha guatemalteca. El miércoles 21 de junio, en sus redes sociales, Méndez se hizo eco de un campo pagado en un periódico en la que apareció una encuesta -la única en las últimas semanas- que daba la ventaja a Ríos.

Para el ex procurador Jordán Rodas, cuya candidatura fue bloqueada a principios de año, todas estas personas son parte de los mismos círculos de poder. “Es una alianza criminal y de corruptos… una élite depredadora, como la definió Juan González, asesor de Joe Biden, que no nos depara ningún cambio. Va a cambiar el rostro, pero los titiriteros, los que mueven las manijas del país es el Cacif -la unión de gremiales empresariales- que solo cambia cada cuatro años de marionetas”, dice.

Si algo tienen en común Giammattei, Zury Ríos y Sandra Torres, la otra candidata con posibilidades de ganar, es su animadversión por la reforma política y judicial que Guatemala intentó emprender desde el sistema de justicia a finales de la década 2000 con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), la fiscalía supranacional apoyada por la ONU que ayudó a llevar a las cortes complejos casos de narcotráfico y de corrupción política y empresarial.

Jimmy Morales, el candidato que venció a Torres en las presidenciales de 2015, inició el desmontaje de los entes investigadores y casos de crímenes complejos llevados por las autoridades locales con apoyo de CICIG. Giammattei, la fiscal Porras y Méndez Ruiz y la FCT profundizaron la contrarreforma a través de una operación política que incluyó extender la influencia presidencial al Judicial y al Legislativo.

Uno de los principales operadores de Giammattei ha sido Miguel Martínez, un exfuncionario cercano al presidente cuya influencia en los asuntos nacionales fue denunciada por el periodista José Rubén Zamora, hoy encarcelado. La figura de Martínez y su participación en arreglos electorales previos a la jornada del domingo ha sido cada vez más pública: el miércoles 21, como raras veces lo hace, Martínez llamó aparte a los periodistas que cubrían une evento de Vamos, el partido de Giammattei, para advertirles que el periódico estadounidense The New York Times estaba por publicar que él, Martínez, había sobornado a los magistrados del tribunal electoral en el afán de inclinar la balanza política. “No nos dejemos engañar”, pidió.

Así, entre acusaciones de fraude, con la larga sombra del presidente más impopular de los últimos años -entre 11% y 26% de aprobación en las últimas semanas- y también uno de los más poderosos, y con decenas de opositores y críticos exiliados o encarcelados, llega Guatemala a una de las elecciones más controvertidas del último medio siglo.

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