El régimen de Ortega en Nicaragua ordenó confiscar propiedades del empresario Piero Coen

El régimen de Nicaragua expropió algunos bienes y declaró traidor a la patria a Piero Coen, un influyente empresario que posee, entre otros negocios, la franquicia de Western Union en Centroamérica, reportaron el viernes medios locales.

Coen, crítico del presidente Daniel Ortega, salió de Nicaragua a mediados de 2021 cuando el Gobierno intensificó el hostigamiento contra opositores y periodistas.

El empresario es la cabeza del Grupo Coen, uno de los conglomerados de negocios más importantes de la región. Fundado por su padre en Managua hace más de 60 años, el grupo tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México en los rubros de servicios financieros, industria de papel, agroindustria y bienes raíces.

Medios nicaragüenses reportaron que dos casas propiedad del empresario fueron tomadas por la policía. El diario Confidencial mencionó que a Coen le hicieron un juicio en ausencia y lo declararon traidor a la patria, le quitaron su nacionalidad nicaragüense y confiscaron sus bienes. Según pudo comprobar Reuters en el sistema judicial, a fines de marzo se inició la causa penal en su contra.

El Estado también habría tomado posesión de la acciones que el empresario poseía en algunas empresas de Nicaragua, según medios locales. Reuters no pudo contactar de inmediato a Coen ni a alguna autoridad del Poder Judicial de Nicaragua.

Coen es el primer gran empresario cuyos bienes han sido confiscados en Nicaragua.

El gobierno de Ortega ha intensificado los ataques contra sus opositores, medios de comunicación, empresarios y la Iglesia católica, a quienes acusa de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, reprimidas por la fuerza pública y que, según organismos de derechos humanos, dejaron 360 muertos.

El pasado 10 de junio la Justicia nicaragüense ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a los que luego los privó de su nacionalidad acusados de “traición a la patria”.

En un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, se ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica”. Además de sus bienes, la resolución estableció que “en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

(Con información de Reuters y EFE)

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