El tribunal guatemalteco que condenó la semana pasada al reconocido periodista anticorrupción José Rubén Zamora desestimó el lunes una demanda civil que había presentado la Procuraduría General de la Nación en nombre del Estado de Guatemala como medida de reparación luego de que el comunicador fue encontrado culpable de lavado de dinero.
“No ofreció una prueba que establezca cómo ese monto acredita el daño material que se ocasionó al Estado”, dijo la presidenta del tribunal, Oly González, en la lectura del fallo durante una audiencia.
La procuraduría había solicitado que el periodista pagara 64.000 quetzales (unos 8.200 dólares) como reparación, los cuales serían donados a instituciones de beneficencia pública.
Un tribunal declaró culpable de lavado de dinero por poco más de 38.000 dólares a Zamora, el 15 de junio, en un caso donde —según la familia del periodista— se violó el debido proceso y generó duras críticas de organismos defensores de la libertad de expresión.
Zamora argumentó que el dinero fue producto de la venta de una pintura de un reconocido artista guatemalteco, cuyo monto resultante fue donado para que solventara los problemas económicos del diario.
El tribunal también se rehusó a aceptar la pintura o testimonios como pruebas de descargo.
Zamora, de 66 años, es uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional e internacional. Su medio de comunicación, El Periódico, tuvo que cerrar sus puertas el 15 de mayo tras denuncias de hostigamientos, amenazas, presiones políticas y financieras.
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ) calificó de vergonzosa la condena contra el periodista. Es “un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei por criminalizar el periodismo”, sostuvo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ, en un comunicado.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que el pedido de una “severa condena” a Zamora demuestra “ensañamiento contra el periodismo”, e instó al Gobierno de Guatemala a que “deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo” y no siga “lesionando la democracia en su país”.
“Pedimos al Gobierno guatemalteco que, ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país”, expresó el presidente de la SIP, Michael Greenspon.
Zamora enfrenta por lo menos dos acusaciones más de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que en otrora adelantó grandes investigaciones contra la corrupción en el país centroamericano. La más reciente indica que el periodista habría falsificado su firma en boletas migratorias de entrada y salida del país entre 2016 a 2019.
El juez Jimi Bremer, que lleva la nueva acusación contra Zamora, también ha ordenado investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico, incluido el director, por el presunto delito de obstrucción de la justicia por las publicaciones que realizaron sobre faltas al debido proceso en el caso de Zamora y supuestos abusos de poder de jueces y fiscales que ejercen sus cargos en el sistema de justicia.
La fiscalía ha dicho que sus investigaciones no son contra la prensa, aunque en sus acusaciones a los periodistas ha dicho que sus publicaciones “tenían como fin descalificar el trabajo de jueces y fiscales”.
Las publicaciones incluyeron a la fiscal Cinthia Monterroso, que lleva las acusaciones contra Zamora y periodistas de El Periódico, por haber sido denunciada por abuso de autoridad.
La Constitución en Guatemala dice que “no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Sin embargo, la Fiscalía usa la Ley de Crimen Organizado, una norma de menor jerarquía, para imputar a los periodistas.
(Con información de AP)
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