La Policía Federal allanó este jueves tres domicilios vinculados al senador del conservador partido Podemos Marcos do Val, que aseguró que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de Estado, aprovechando su experiencia militar.
Las órdenes -ejecutadas en su oficina de senador, en su apartamento en Brasilia y en su residencia en Espírito Santo- fueron emitidas por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que está investigando al senador por entorpecer las investigaciones sobre el asalto a las instituciones democráticas del 8 de enero.
El juez lo investiga por cinco delitos, que son divulgación de documento clasificado, asociación delictiva, atentado contra la soberanía del país, intento de declarar mediante violencia o amenaza grave el Gobierno legítimamente constituido y organización criminal, según pudo conocer la red de emisoras Jovem Pan.
El Supremo ya determinó en febrero la apertura de una investigación contra Do Val para investigar las declaraciones de que había recibido una propuesta para participar en un golpe de Estado. El hijo mayor de Bolsonaro, el también senador Flavio Bolsonaro, confirmó la existencia de aquella reunión que tuvo lugar en diciembre, pero descartó que el tema de la reunión fuera constitutivo de delito.
“En nuestra legislación, por lo menos, eso no es constituye un delito. Aún siendo verdad, porque no sé si lo es, hablar sobre eso no es un crimen. Llevarlo a cabo si lo sería. Un delito, bajo mi punto de vista, menor”, valoró, y criticó que el senador cambiara de versión “de una hora para otra”.
Evidencias en celular
El celular del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera un ayudante muy próximo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), tenía mensajes y documentos que revelan una especie de trama para dar un golpe de Estado, así lo reveló este jueves la revista Veja.
Los documentos fueron mencionados en un informe de 66 páginas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal sobre el celular del oficial del Ejército al que la revista informó haber tenido acceso.
Su divulgación se produce casi medio año después de la fallida intentona de golpe ocurrida en Brasilia el pasado 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro destrozaron las sedes de los tres poderes en un intento por derrocar del poder a Luiz Inácio Lula da Silva.
El militar fue detenido a comienzos de mayo por su presunta participación en un esquema que al parecer falsificaba certificados de vacunación contra el covid-19, momento en que le fue incautado el celular por orden judicial.
Según Veja, uno de los documentos encontrados en el celular da a entender que en el círculo cercano al exmandatario había militares y seguidores conspirando para intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, en las que Lula resultó vencedor con el 51 % de los votos, frente al 49 % obtenido por Bolsonaro.
En el presunto plan se buscaba destituir a los magistrados de la Corte Suprema y poner al país bajo régimen militar.
De acuerdo con la revista, el plan se sustenta “en una controvertida tesis” según la cual los militares podrían ser “convocados para mediar un conflicto entre los poderes”.
El argumento con el que se convocaría esa mediación, agrega la publicación, sería que la derrota de Bolsonaro habría sido ocasionada por “decisiones inconstitucionales proferidas durante la campaña electoral por los magistrados de la Corte”, que en ese entonces también integraban el Supremo Tribunal Electoral.
“Se entiende que el conjunto de hechos descritos sería capaz de demostrar no sólo una actuación abusiva del Poder Judicial sino también el abuso practicado por los mayores conglomerados mediáticos brasileños, de forma que influenciaría directamente al elector y el resultado de la elección en favor de un determinado candidato”, señala uno de los documentos encontrados en el celular del oficial.
La revista también reveló que otro de los textos citaba la hipótesis de decretar un estado de sitio, una medida que sólo está prevista en la Constitución brasileña para situaciones extremas.
Por el intento de golpe de estado del pasado 8 de enero las autoridades llegaron a detener a unas 2.000 personas, pero en la actualidad solamente permanecen en prisión menos de 300 y el resto aguarda el proceso en libertad, aunque con diversas medidas cautelares.
(Con información de EFE y Europa Press)
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