(Washington, Estados Unidos) Pese a la sorpresa que generó en algunos países la decisión de Brasil de proponer una redacción que suaviza la declaración sobre la dictadura de Nicaragua que emitirá la próxima semana la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), nadie le hizo frente al gobierno de Lula Da Silva este viernes en el Consejo Permanente que analizó el tema.
El peso de Brasil y especialmente de su presidente generó un profundo silencio en la OEA y nadie fue al choque directo, por más que por lo bajo algunos países además de sorpresa muestren su molestia por la movida del gobierno de Lula.
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El canadiense Francois Jubinville fue el único representante que habló este viernes en el Consejo Permanente. El norteamericano es uno de los cinco países integrantes del grupo de seguimiento sobre la crisis en el país que promovió el texto original que hablaba de “alarma” por la represión y violaciones a los derechos humanos y al derecho de propiedad, todos elementos que Brasil quiere eliminar de la declaración.
“Invitamos a los países a presentar otras sugerencias al texto, que ya refleja las aportaciones de otras delegaciones, incluidas los miembros del grupo de trabajo. Invitamos a hacer otras sugerencias y comentarios”, dijo el representante alterno de Canadá ante la OEA, que agradeció también los “aportes” de Brasil.
El grupo que promueve una declaración más dura contra Nicaragua debe saber con qué fuerzas cuenta para ver si enfrentan a Brasil en una votación o aceptan suavizar el texto en un punto intermedio para lograr un consenso.
La delegación de Brasil dijo este viernes que su propuesta alternativa expresa la intención del país, pero que están dispuestos a “encontrar una declaración que pueda ser lo más amplia y abierta posible”.
Qué dice un texto y el otro
La OEA creó en 2018 un grupo de trabajo para darle seguimiento a la crisis de derechos humanos en Nicaragua que es liderado por Chile y Canadá e integrado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú.
Pese a los cambios políticos que se dieron durante estos años en algunos de esos países, el grupo ha mantenido una postura crítica de la dictadura de Ortega. Por ejemplo Chile, que desde 2022 pasó a ser gobernado por la izquierda, mantuvo su voz crítica contra los abusos en Nicaragua.
Por ello sorprendió que el texto de declaración original, propuesto por la mayoría de los integrantes de esa comisión, no tuviera la firma de Brasil. Cuando hace dos semanas el Consejo Permanente recibió un informe de esa comisión, la mayoría de los integrantes del grupo de seguimiento fue vocal y crítico de la dictadura de Ortega, pero Brasil mantuvo silencio.
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El proyecto de declaración presentado por Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda habla de una “profunda alarma” por la “represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, incluida la denegación de derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense, así como la violación del derecho a la propiedad y seguridad social, por medio de la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad”.
Además muestra la preocupación por “las denuncias de violación grave y sistemática del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado mediante, entre otras cosas, la detención arbitraria, el hostigamiento y la expulsión injustificada de miembros y clérigos de comunidades religiosas; el cierre forzoso de centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria creados por la Iglesia católica; el cierre de entidades dedicadas a obras de caridad y asistencia social; la denegación de acceso a lugares de culto y el impedimento de la difusión de creencias religiosas mediante la supresión de medios de comunicación católicos”.
Esta semana Brasil sorprendió con otra propuesta, que suaviza considerablemente la declaración y de esa manera protege a la dictadura de Ortega. El gobierno de Lula pretende quitar algunas críticas y le agrega condicionales a algunos de los graves hechos que ocurren en el país centroamericano.
En vez de pretender que la OEA pida el “retorno” de la democracia a Nicaragua, propone solicitar “el fortalecimiento” de la democracia en el país. Además cambia el tono. Donde dice que los países expresan “profunda alarma” por la situación en el país, propone poner que la OEA “exprese preocupación”. A la denuncia por abusos y represión comprobados que hacía el texto original, Brasil pretende poner adelante la palabra “supuestas”.
Esta declaración de Nicaragua es uno de los cuatro temas que aún no tienen acuerdo entre los países para emitir una declaración durante Asamblea General de la OEA de la próxima semana en Washington, que contará con la presencia de todos los cancilleres de las Américas.
Entre el consenso y una votación dividida
Los caminos para resolver estas diferencias sobre Nicaragua son dos: emitir una declaración liviana que no condene enérgicamente al régimen de Ortega o exponer a los países a una votación dividida donde el resultado hoy es incierto.
En estos ámbitos como la OEA los países valoran mucho emitir declaraciones de consenso. Pero para que eso sea posible muchas veces se licua el contenido y salen declaraciones más livianas.
La movida de Brasil de esta semana demuestra que si el grupo de Canadá, Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda decide ir a fondo para defender la propuesta original que condena a Nicaragua, será imposible que la resolución salga por consenso. Y tampoco está claro que tenga los votos para ser aprobada.
La correlación de fuerzas en la región se volcó mucho más hacia la izquierda en el último tiempo y si Brasil con el liderazgo de Lula juega fuerte, como parece querer hacerlo en este tema, es posible que logre alinear detrás de si a buena parte de los países, incluídos varios del Caribe. Los únicos países sudamericanos que, además de los que presentaron la propuesta, tienen un respaldo seguro a ese texto son Paraguay, Uruguay y Ecuador.
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